Son varios los frentes que atraviesa por estos días el Poder Judicial, a raíz de la polémica por el «caso Audio» que para muchos es considerado como la «punta del iceberg», y que ya ha dejado entrever decenas de salpicaduras al mundo político, empresarial, y de Justicia, especialmente en la Corte Suprema.
Ayer, tres ministros del alto tribunal fueron el foco de cuatro acusaciones constitucionales interpuestas, por separado, por el oficialismo y la oposición: dos contra la ministra Ángela Vivanco (una de Chile Vamos y otra del bloque de los partidos de Gobierno), otra para Jean Pierre Matus (también desde el oficialismo), y una para el ministro Sergio Muñoz (de Chile Vamos).
Pero hay otro proceso que si bien no está directamente ligado por la polémica, toca inevitablemente la crisis del Poder Judicial y del sistema de nombramientos, hoy en entredicho y con una iniciativa del Gobierno por reformarla.
Y es que el próximo 1° de octubre, el Senado debe ratificar el nombre de dos supremas -Jessica González y Mireya López- y de un fiscal judicial -Jorge Pizarro-. Esto, sumado a que el 24 de octubre también terminó su ciclo el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien cumple 75 años, la edad límite para estar en el cargo.
Las designaciones de González, López y Pizarro ya fueron votadas en la comisión de Constitución, el pasado 2 de septiembre.
Según consignó La Segunda, ese día los legisladores les consultaron sus opiniones sobre el caso Audio y la crisis en el Poder Judicial, pero nadie les preguntó a los entonces postulantes si habían tenido algún nexo con Luis Hermosilla.
Así, el proceso en medio de la crisis y las dudas por nexos que vengan a incomodar o manchar aún más estos procesos, ha dejado en entredicho la continuidad del proceso y abrió el debate entre los legisladores y otras voces del medio judicial.
De hecho, el expresidente del TC, Iván Aróstica, dijo al citado medio que si se llenan los cupos del máximo tribunal con el mismo esquema que existe hoy, se reproducirán los vicios que dejó ver el caso Audio.
«No hay solución óptima, pero este sistema no resiste más; la Suprema, con sus jueces suspendidos, puede seguir funcionando con abogados integrantes y el Ejecutivo no puede pretender realizar nombramientos, ni llenar vacantes, si se produjeran con esta lógica o se estaría reproduciendo el mismo vicio una y otra vez«, afirmó.
CONTINUAR EL PROCESO
Consultado por Emol, el senador Fidel Espinoza (PS), comentó que «por lo que tengo entendido, absolutamente ninguna de las personas propuestas para el 1 de octubre han tenido algún tipo, ni cercano siquiera, de vinculación con el famoso caso Hermosilla, por lo tanto, por los antecedentes que hay hasta la fecha, ninguna de las tres personas que van a ser propuestas al Senado el 1 de octubre tienen ese problema».
«Ahora, yo estoy de acuerdo con que se llegue a cabo el proceso como corresponde y que se realice con la máxima normalidad. Si hay que efectuar cambios en el futuro respecto al tema de los nombramientos, se harán donde y cuando corresponda, pero las personas hoy día propuestas por los antecedentes que he recogido, han sido producto de un intenso y largo debate y esperamos cumplan y ejerzan una función tremendamente positiva al servicio de la justicia chilena y a recuperar la confianza que requiere tener la Corte Suprema», afirmó.
Por su parte, el senador Jaime Quintana (PPD), opinó que «el sistema de nombramientos debe ser modificado lo más pronto que sea posible, no obstante eso, el nombramiento en curso no debe detenerse precisamente porque ante los problemas que enfrenta la Corte, la plena integración de sus salas puede ayudar de alguna manera».
El senador José Miguel Durana (UDI), coincidió en que «es importante reflexionar que este es el mecanismo institucional que hoy tiene nuestro país para este tipo de nombramientos. Mientras no exista una modificación constitucional que derive en otra forma de nombramiento, es lo que debemos respetar como parlamentarios».
Añade que «han surgido voces, a la luz de los últimos acontecimientos en curso para suspender este nombramiento y discutir previamente la forma de nombrarlos. Al respecto, es importante mantener un equilibrio entre la necesaria revisión de los mecanismos institucionales que tenemos hoy y que por ende deben ser respetados y las modificaciones que debemos hacer hacia el futuro, generando los consensos necesarios para ello».
POSTURA DEL GOBIERNO
Esta mañana, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, también abordó el tema, y se mostró partidario de que el proceso de nombramientos continúe normalmente, pese a la crisis en el Poder Judicial.
En conversación con Tele13 Radio afirmó que «nosotros esperamos que el proceso de nombramientos se siga realizando». Elizalde explicó que la reforma al sistema de nombramientos, por su naturaleza constitucional «no se va a aprobar de manera inmediata. Va a demorar un tiempo (…) la pregunta es ¿la Corte Suprema va a tener problemas para constituir las salas y el quorum? Nosotros creemos que tiene que seguir con el proceso de nombramiento».
En ese sentido enfatizó que hay otras vacantes que también hay que proveer, por lo que el Gobierno apunta a «continuar con este proceso, porque de caso contrario, generaríamos un problema para el funcionamiento de la Corte, que tendría que constituir las salas con abogados integrantes o de otra forma«. (Emol)
