El gobierno del Presidente Boric inicia su último año legislativo con varios proyectos de ley en trámite y otros tantos comprometidos. Con algunas excepciones, el trámite legislativo ha sido más lento de lo que se esperaba. A veces la administración argumenta que esto se debe a que no tiene las mayorías (sí las tiene en la Cámara, y en el Senado está empatado), pero también debe tomarse en consideración que la mayoría de los proyectos han traído muy pocos recursos asociados y su foco ha sido demasiado acotado como para generar entusiasmo en los parlamentarios. Desde un punto de vista político, se puede formular con responsabilidad la crítica de que la agenda legislativa del gobierno no ha estado alineada en lo absoluto con las necesidades urgentes del sistema educativo, si no con las expectativas de sus grupos de presión (Colegio de Profesores, Deudores CAE). Ha sido una agenda política más que educacional.
No es tarde para reordenar las prioridades. En lo sustancial, hay dos problemas que debieran afrontarse desde la legislación con seriedad y consistencia. El primero es de calidad. Las pruebas internacionales en las que Chile participa muestran una y otra vez la incapacidad del sistema educativo de generar aprendizajes, y a pesar de que la pesada agenda de reformas bacheletistas ya lleva años de aplicación, la baja calidad de los aprendizajes del sistema no ha cambiado (como era evidente y se dijo oportunamente, reformas administrativas difícilmente impactarían positivamente el aula).
El segundo punto es lo que se ha llamado reactivación educativa. La idea de que los efectos de la pandemia quedaron atrás es falsa. Varios rectores de instituciones de educación superior han señalado que las deficiencias en aprendizajes y los problemas socioemocionales de las cohortes de estudiantes de la pandemia son sustanciales. Pero los alumnos que estaban en 1ero básico en los años de cuarentena, y vieron obviamente afectado su aprendizaje en lectoescritura, están en sexto básico. ¿Cómo los apoyaremos los seis años que les quedan en su trayectoria escolar?
¿Se soluciona esto con leyes? No, pero pueden ayudar. Al menos más que la deuda histórica y la condonación del CAE.
En el caso del problema de la calidad, hay varias líneas de trabajo posibles. Los directivos escolares necesitan atribuciones, recursos y respaldo para ser líderes educativos, y se requiere liberarlos de la burocracia absurda que es hoy sinónimo de la Superintendencia de Educación. Deben ser mejor remunerados y entregar funciones claras que les permitan liderar (como elegir a su equipo, administrar presupuesto con autonomía, premiar a los buenos docentes, desvincular a los malos, aplicar medidas disciplinarias obvias sin ser objeto de amenazas).
Otra, igual o más importante, es financiar la inclusión. Hoy las necesidades educativas especiales son un desafío enorme para todas las aulas de Chile. Necesitamos que todos los niños aprendan, pero hay que financiarlo. Las reformas bacheletistas se conformaron con usar un algoritmo para forzar a los colegios a recibirlos, lo que no es inclusión. El resultado es que el peso de la inclusión recae en los profesores, que no tienen la posibilidad de abordar solos la enorme complejidad que implica. Se requieren más profesionales y más recursos de apoyo en el aula. El Programa de Integración Escolar (PIE) tiene cosas buenas y otras no tanto, pero urge que sea refinanciado y reformado para ser útil a un sistema escolar que no alcanzará calidad si no le da a cada estudiante lo que necesita.
Respecto de la reactivación, la legislación podría enfocarse en herencias de la pandemia. Por espacio daré solo un ejemplo, reingreso escolar: estudiantes que dejaron la escuela en la pandemia hoy son adultos y requieren reingresar al sistema educativo, no solo para obtener la licencia de enseñanza media, sino para obtener competencias que no se les entregaron. Obviamente, el lugar para estos estudiantes no es una escuela regular, sino un espacio que cuente con docentes y un currículum especialmente adaptado para ellos. Hay en trámite un proyecto de ley para financiar este tipo de escuelas, cuyo único “pecado” es haber sido presentado por el gobierno anterior.
Este 2025 puede ser un año legislativo interesante para el gobierno, si se concentra en lo que el país, y no sus grupos de presión, necesita. (La Tercera)
Daniel Rodríguez M.
