Un grupo de 54 convencionales expresó este lunes su apoyo al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, tras la polémica generada por sus dichos sobre el Poder Judicial ante la comisión de DD.HH. de la Convención, que causaron molestia entre sus pares, así como en la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM).
Cabe recordar que el pasado miércoles el juez expuso ante la subcomisión de Marco General, instancia en la que responsabilizó a los magistrados, y específicamente a la Corte de Apelaciones de Santiago, de las «mutilaciones oculares» ocurridas durante el estallido social.
Esto, según relató, ya que ese tribunal de alzada «ha rechazado todos y cada uno de los recursos que intentaron poner freno a la represión de Carabineros de Chile y el Gobierno. Si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó, no hubieran existido cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir, sobre todo las víctimas y sus familias».
En la ocasión Urrutia también aseguró en su intervención que «el Poder Judicial debe controlar al Ministerio Público para evitar investigaciones arbitrarias», y que «detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que por acción y omisión permitió dicha violación».
Esto, ya que planteó que «el Poder Judicial es una institución que fue construida en la colonia por una elite europea para dominar y reprimir las primeras naciones de la región».
En ese sentido, a través de una misiva, los convencionales, entre los que figura la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, manifestaron su «preocupación por las consecuencias desproporcionadas e injustas que se han generado por ciertas exposiciones en la Convención Constitucional. Defendemos el derecho de toda persona a expresarse con libertad en un marco de respeto por los derechos humanos en cualquier espacio político, especialmente en la Convención que se ha construido desde el deseo de transformación de los pueblos».
«Es por ello que expresamos nuestro rechazo ante los reproches y cualquier posible sanción administrativa al juez Daniel Urrutia Laubreaux, por su exposición del miércoles 25 de agosto ante la Subcomisión de Marco General de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza», añadieron.
Enfatizando en que en su intervención, «el Juez Urrutia se refirió a la necesidad de una judicatura defensora y promotora de los derechos humanos y de la naturaleza. Consideramos que su análisis fue certero y muy necesario para las reflexiones que se levantarán para el nuevo Chile que estamos construyendo».
Asimismo, expresaron su preocupación por la «petición realizada por dos directores gremiales miembros de la Regional Santiago de Jueces, quienes pidieron públicamente la renuncia del Juez Urrutia por criticar el rol del Poder Judicial».
Con lo anterior, señalaron que «situaciones como las relatadas en esta declaración dejan en evidencia que aún existe en nuestro país una gran deuda con los derechos humanos, y nos recuerda el desafío que abre este proceso constituyente de avanzar en un proceso abierto a la participación ciudadana y de los pueblos sin que se intervengan amenazas ni sanciones a quienes decidan hacerse parte de las audiencias públicas».
«Todos los y las aquí firmantes nos comprometemos a defender de manera irrestricta el derecho de toda persona a expresar sus posiciones libremente, en un marco de respeto a los derechos humanos, y estaremos disponibles todas las veces que sean necesarias para garantizar las condiciones democráticas de este proceso constituyente», concluyeron.
QUIÉN ES EL JUEZ URRUTIA
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que acusa a la Corte de Apelaciones de Santiago de responsabilidad en las lesiones oculares de manifestantes ocurridas durante el 18-O —al rechazar los recursos de protección presentados en contra del uso de balines por parte de Carabineros— tiene un historial de desencuentros con sus superiores, que se arrastran desde sus primeros años en el Poder Judicial. Denunció a este poder del Estado por afectar su libertad de expresión en 2004, fue sancionado por levantar por oficio la prisión preventiva a presos del 18-O para que no se contagiaran de coronavirus y recientemente causó sorpresa al escribir un fallo con el denominado lenguaje inclusivo.
En qué fijarse: En sus 21 años en el Poder Judicial, el juez Daniel Urrutia ha protagonizado distintas polémicas, que podrían derivar en una nueva sanción, tras su participación la semana pasada en la Convención Constitucional.
- Daniel David Urrutia Laubreaux, 47, nació en 1974 en Santiago, estudió derecho en la U. de Chile y, de acuerdo con los registros oficiales, ingresó al Poder Judicial el 31 de marzo de 2000.
- Fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina (durante 2001); de Ovalle (durante 2003) y de Coquimbo (durante 2004).
- En 2006 llegó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde ha protagonizado la mayoría de sus polémicas.
- Es un activo usuario de Twitter, donde tiene 11 mil seguidores. Allí comenta y replica temas vinculados al 18-O y algunas materias internacionales. En las últimas horas ha retuiteado mensajes de apoyo de la convencional Manuela Royo ante una eventual sanción por sus dichos en la Convención Constitucional. También retuiteó un mensaje del expresidente boliviano Evo Morales en contra de Mauricio Macri.
La causa ante la Corte Interamericana: La causa que terminó con el Estado chileno denunciado internacionalmente se remonta a 2004, cuando la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Garantía de Coquimbo, a asistir a un diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización.
- Urrutia aprobó el diplomado y el 30 de noviembre de ese año envió a la Corte Suprema su trabajo final, donde proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La Corte de Apelaciones de La Serena aplicó en marzo de 2015 una “censura por escrito” en su contra, que luego la Corte Suprema bajó a una “amonestación privada”.
- La respuesta de Urrutia fue acusar una persecución en su contra y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2020 el tribunal internacional emitió una resolución en que consideró “responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales, y al principio de legalidad”.
- Más tarde comenzaría a acuñar una idea que repetiría este mes en la Convención: la necesidad de refundar el Poder Judicial.
La liberación de la “primera línea”: El 25 de marzo de 2020, el juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O, por la de arresto domiciliario total. El motivo que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles del país. Se trató de una medida inédita, que argumentó se basó en un acuerdo entre los jueces de su juzgado, pero que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.
- Urrutia fue apartado por varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se abrió un sumario en su contra. Sólo el 23 de junio de este año el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado y le permitió volver al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
- El abogado Fernando Leal presentó por el caso una querella por prevaricación judicial en su contra, por aplicación incorrecta de las normas de Derecho.
El amparo en favor de “lxs constituyentes mencionadxs”: El 15 de julio de este año, el juez Urrutia acogió un recurso de amparo presentado por la entonces convencional de la Lista del Pueblo, María Rivera, y la constituyente de Apruebo Dignidad, Manuela Royo, en favor de 11 personas detenidas esa tarde durante una manifestación cerca de la Catedral de Santiago en favor de los presos del 18-O. Acusaron que la detención fue ilegal, lo que fue acogido.
- La resolución, sin embargo, no llamó la atención por su fondo sino por el uso del denominado lenguaje inclusivo por parte del juez. “Lxs constituyentes mencionadxs fueron detenidxs por funcionarios de Carabineros y llevados a la Tercera Comisaría”, dice el texto, lo que abrió un debate sobre la materia.
La polémica presentación ante la convención: El miércoles 25 de agosto, el juez Urrutia expuso ante la subcomisión de marco general de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza de la Convención Constitucional los motivos por los cuales estima que este poder del Estado debe ser refundado en una nueva Constitución, dichos que luego fueron criticados por la Asociación de Magistrados.
- “Muchas gracias a todas, todos y todes”, dijo al partir su exposición, que realizó con una mascarilla azul con la estrella mapuche de 8 puntas. “Agradezco mucho la invitación para exponer la necesidad de refundar el Poder Judicial en Chile y crear una nueva judicatura, defensora y promotora de Derechos Humanos y de la Naturaleza”.
- “Si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó (tras el 18-O), no hubiesen existido las cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir, sobre todo las víctimas y sus familias. Gustavo Gatica no hubiera perdido su visión”, dijo durante los 10 minutos de presentación, que fue seguida por preguntas de los convencionales. “Un ejemplo incontestable es que la Corte de Apelaciones de Santiago ha rechazado todos y cada uno de los recursos que intentaron poner el freno a la represión”.
- “Detrás de cada violación a los Derechos Humanos, un juez convalidó o se hizo cómplice o encubridora de aquello”, recalcó.
- Su gremio, que en ocasiones anteriores lo había defendido, en esta oportunidad marcó distancia. “Sus dichos no representan la opinión mayoritaria del gremio”, dijo la Asociación de Magistrados por redes sociales, el jueves 26. “Tampoco compartimos el tenor de sus apreciaciones, que aluden, desde la generalidad, a quienes integran el actual escalafón primario del Poder Judicial”.
- Urrutia es dirigente de la Asociación de Magistrados y su intervención derivó en que la presidenta metropolitana pidiera que dejara el cargo, lo que éste habría rechazado.
- Este lunes 30, la convencional Manuela Royo y el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, apoyaron a Urrutia ante una eventual nueva sanción de sus superiores. (Emol-Ex Ante)
