Cuando usted lea esta columna, Carlos Puigdemont, Presidente de la Generalitat, debiera haber respondido la segunda pregunta que le formuló el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Recordemos que, en la novela por entregas en que se ha ido convirtiendo la más reciente etapa del secesionismo catalán, no respondió directamente si declaró o no la independencia a la primera consulta. Por el contrario, optó por irse por la tangente, demandando un diálogo sin condiciones sobre sus aspiraciones de desconexión. Rajoy le respondió que todo lo que tienen que hablar será dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que diga, de una buena vez, si declaró la independencia la semana pasada. Sin señales de rectificación de su parte, todo apunta a que el gobierno intervendrá Cataluña recurriendo al artículo 155 de la Constitución. Dado que el separatismo se ha echado a la calle, decretando el estado de “movilización permanente”, su aplicación está lejos de ser un mero procedimiento administrativo.
El intercambio epistolar, en apariencia curioso, no debiera hacer perder de vista que la situación, calificada como la más grave desde que España recuperara su democracia, salpica también a Europa. El continente, primero con distancia, luego con espanto, ve que el precedente podría servir de contagio por lo que muchos se apresuran a sacar las lecciones del caso.
Un ingenioso tuit de Ignasi Guardans entrega algunas pistas: “España se comunica con el mundo vía embajadas con tradición del siglo XVII. Cataluña usa redes sociales y buenos agitadores locales en todo Occidente”. Efectivamente, el bloque separatista, desde el poder autonómico, ha logrado dominar la cobertura en los principales medios. El actuar de la policía durante el referéndum ilegal del 1-O permitió pasar, de una cobertura centrada en el aspecto territorial a otra, relativa al respeto a los derechos humanos. La rigidez discursiva del gobierno y lo paquidérmico de su aparato se estrelló con una comunicación diferente, mostrando un choque entre paradigmas y donde el relato es tan solo un aspecto. En el caso de la Generalitat, se trata de una utilización eficaz de la tecnología, con Estonia como referente, país modélico en gobernanza digital. Los únicos trámites que requieren presencia física son casarse y divorciarse.
Bernardo Larraín, líder de la Sofofa, ha señalado que le sorprende que la modernización del Estado no sea el tema principal de la campaña presidencial. Las retóricas en referencia, centradas en términos de su mayor o menor tamaño en relación al PIB o a una estructura capturada por los partidos políticos, poco ayudan a ganar votos pero, además, escamotean aspiraciones de fondo como la posibilidad de que Chile se proponga -¿por qué no?- llegar a tener una estructura estatal etérea.
María de Los Ángeles Fernández
