“Elección de un ex comandante en jefe del Ejército, uno de la Armada, uno de la Fach y de un ex general director de Carabineros, como integrantes del Senado”. Así dice, en una flemática y ordenada letra manuscrita, el principal punto de la tabla de la sexta sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), efectuada el 19 de diciembre de 1989, en La Moneda. Quien encabezó aquella instancia fue el entonces Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, ya fallecido.
Estos datos son parte del documento que registró aquella reunión del Cosena, en la cual se discutió y decidió quiénes serían finalmente cuatro de los senadores “institucionales”, provenientes de las cuatro ramas de las FF.AA., también llamados “senadores designados”.
En el escrito, de casi 10 páginas, finalmente se estipula que, “por voto unánime”, los elegidos fueron el teniente general Santiago Sinclair (Ejército), el vicealmirante Ronald Mc-Intyre (Armada), el general del aire César Ruiz Danyau (Fach) y el general director de Carabineros, Vicente Huerta.
Estos documentos del Cosena, a los que accedió La Tercera, pueden ser conocidos y difundidos después de que el pasado 30 de noviembre la Corte Suprema rechazara un recurso de queja del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representó al Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMCO). En esta contienda, el máximo tribunal, tras un año y nueve meses de juicios y resoluciones, falló a favor de quitarles el estatus de secreto a 13 actas del Cosena, en las cuales se daba cuenta de sesiones efectuadas entre los años 1989 y 2005, por estimar que su publicidad no afectaba la seguridad nacional.
El Cosena fue creado en 1980 bajo el gobierno de Augusto Pinochet, y su última sesión fue el 20 de enero de 2014. Está compuesto por el Presidente de la República, de la Corte Suprema, del Senado, de la Cámara de Diputados, los comandantes en jefe de las FF.AA., el contralor y el general director de Carabineros. Su rol es asesorar al Mandatario en temas de seguridad nacional y las sesiones son públicas, a menos de que la mayoría de sus miembros las declaren secretas.
El requerimiento para liberar las 13 actas lo realizó una periodista (ver nota secundaria) al EMCO, y en un primer momento se negó la solicitud, aludiendo a la “afectación de la seguridad de la nación”.
En estos documentos, entre otros temas, están las deliberaciones sobre los senadores designados y el debate en torno a las consecuencias del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig).
Respecto de la sesión relativa a los senadores institucionales, el acta da cuenta de que el entonces presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado Boggiano, fue el único de los presentes que se opuso a que el Cosena efectuara estas designaciones. “Se previene que el presidente de la Corte Suprema estuvo porque este Consejo no acordara, por ahora, estas designaciones, ya que, a su juicio, la facultad para efectuarlas se establece en incisos del artículo 45 de la Constitución de la República, que no se encuentran actualmente en vigencia”, señala el acta.
Luego, se deja constancia de que el Presidente de la República (Pinochet) dijo que para resolver la materia se enviaría el escrito al Tribunal Constitucional, a fin de que esa instancia se pronunciara. Todo esto, detalla el acta, ocurrió entre las 10 y 12 horas de aquel 19 de diciembre. Luego, la sesión se suspendió. Y se reanudó a las 13.00, o sea una hora más tarde, con la intervención del propio Pinochet, quien sostuvo, según consta en el acta, que el tema debe “ser reestudiado”, pues “el Tribunal Constitucional carece de competencia” para conocer la materia. Tras ello, dice el mismo escrito, “se analiza el tema, concordando los consejeros con lo expuesto por el Presidente de la República”. Así, se ratificó a los senadores.
Contienda
El 30 de diciembre de 1992, en la sala de audiencias de La Moneda, se llevó a cabo una reunión del Cosena solicitada por el entonces presidente (s) de la Corte Suprema, Marcos Aburto. La cita tenía como objetivo tratar un tema que era de alta preocupación de los magistrados: la acusación constitucional que había presentado un grupo de 10 diputados contra tres supremos y el entonces auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, por “notable abandono de deberes”.
La acción de los parlamentarios se basaba en que los jueces habían fallado una causa de competencia a favor de los tribunales militares y, de esta manera, la justicia civil ya no podría seguir investigando la desaparición de Alfonso Chanfreau y otras seis personas.
Si la acusación llegaba a puerto, los ministros de la Suprema podrían ser destituidos. Esto marcaba uno de los primeros enfrentamientos entre poderes del Estado en el marco de la recién recuperada democracia.
El primero en tomar la palabra en este Cosena fue Aburto, quien -de acuerdo con lo señalado en el acta- dijo que “si esto llegase a suceder (la destitución), deseo prevenir a los señores consejeros que me escuchan, que se sentaría un precedente tan grave y funesto, que en definitiva significaría la desaparición del Poder Judicial. Así como se oye, desaparece el Poder Judicial, no como tan en sí mismo, sino que con las características y prerrogativas que debe tener todo poder judicial dentro de un régimen institucional como el nuestro”.
La discusión estuvo marcada por dos bandos. El compuesto por el mundo uniformado, que estaba a favor de indicar que se debía dejar constancia de la preocupación que generaba esta situación, y el de los actores civiles, los que estaban por dejar que fueran otras instancias las que se pronunciaran sobre esta materia.
Quien lideró esta segunda postura fue el entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés: “Las argumentaciones que se han hecho en esta sala sobre el punto que ha preocupado a la Corte Suprema, no corresponden a esta sesión ni a este organismo. Están fuera de lugar aquí”.
Al final, la conclusión a la que había llegado el Cosena también generó un debate, según consta en el documento oficial. Ante ese escenario, el presidente Patricio Aylwin propuso una salida: que quedara en acta que algunos de los miembros expresaron preocupación, pero que no era un acuerdo, “sino la relación de lo ocurrido, simplemente”. Tras algunos tiras y aflojas, finalmente el mandatario tuvo que dirimir y optó por la fórmula que él había propuesto. Y se cerró el tema.
“Personal calificado y juramentado” aseguraba el secreto de cada Cosena
Todos los contenidos de cada acta a las que accedió La Tercera fueron secretos durante casi tres décadas.
Dentro de ese tema, además por exponer la discusión en torno a la elección de José Luis Cea como miembro del Tribunal Constitucional, el documento referido al Cosena número 23, celebrado el 9 de agosto de 2002, destaca por el detallado relato sobre las medidas de seguridad que rodeaban a la instancia.
Al iniciarse aquella cita, el entonces secretario, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de Aviación Osvaldo Sarabia Vilches, explicó a las autoridades los resguardos adoptados para la ocasión.
Como particularidad, en esta reunión coincidieron el entonces presidente Ricardo Lagos y la actual Presidenta Michelle Bachelet, en calidad de ministra de Defensa.
El relato especifica: “Se han tomado todas las medidas de seguridad de este recinto, por lo que se puede garantizar el secreto de las conversaciones y lo que aquí se trate será registrado en un sistema de grabación que está operado por personal calificado y juramentado”.
Para lograr el registro, especifica el acta, cada interviniente debía presionar “el botón izquierdo (de su micrófono) hasta que se encienda la luz verde”. “Lo que aquí se converse será transcrito literalmente a una acta que con posterioridad será aprobada con la firma de cada uno de los señores miembros del Consejo”.
