El Octavo Juzgado de Garantía, donde se tramita el caso SQM, fijó para el próximo 22 de marzo a las 10:00 horas, la audiencia solicitada por el fiscal Pablo Gómez, que investiga la causa. Gómez pedirá al tribunal que 58 personas investigadas por la emisión de boletas falsas, sean sobreseídas.
Según informa La Tercera, la decisión de Gómez, expresada en una solicitud que llegó al tribunal el viernes, se basa en la prescripción de los hechos al cabo de cinco años, como exige la ley. El escrito en el que se pide la audiencia consigna que la investigación confirmó que este grupo de personas entregó boletas por servicios que nunca se realizaron, a las empresas «SQM S.A., SQM Salar S.A. y SQM Industrial S.A, incurriendo con esta acción en el ilícito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso final del Código Tributario”, dice el escrito de la fiscalía.
La solicitud además consigna que la pena para este delito no es superior a los cinco años de presidio menor en su grado máximo. La investigación se inició el 2015 a partir de una serie de querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos y se determinó que este mecanismo de entregar boletas a la minera, sirvió para recibir financiamiento de campañas políticas.
De esta manera, en el grupo de beneficiados por la eventual prescripción de los delitos, como pide la fiscalía, hay personas vinculadas al ex Presidente Frei, como su hermano Francisco Frei y el empresario Pedro Yaconi. Asi como también a la contadora Clara Bensan, que trabajó en la campaña de 2009.
La fiscalía pide sobreseer también a Diego Pierry Aldana, representante de la empresa de publicidad La Clínica, proveedora de servicios durante las campañas de Bachelet. En este caso se trata de una boleta por $58 millones emitida en diciembre de 2009 a SQM.
Gómez pide el mismo procedimiento a favor de José Tomás Longueira Brinkmann, hijo del ex senador y ministro Pablo Longueira. La situación del dirigente UDI, que a través de gente en su entorno recibió cerca de $700 millones mientras era senador, motivó a que el fiscal pidiera en enero la suspensión del procedimiento contra dos filiales de SQM. A cambio la empresa se comprometió a pagar $2550 millones.
Por último, se incluye en el grupo de imputados a Marco Antonio Quintanilla, dueño de imprenta Imaginarium y María Valentina Martínez. Ambos ligados al senador Fulvio Rossi durante su campaña de 2009.
El Mostrador/La Tercera
