Fue a mediados del año pasado cuando la Fiscalía decidió abrir una nueva arista en la investigación por el fraude de $ 26.700 millones en Carabineros: la remuneración de los directores de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar), entidad liderada por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, e integrada, entre otros oficiales, por el director de la PDI, Héctor Espinosa. Para ello, el persecutor Eugenio Campos -quien pesquisa la malversación en la policía uniformada-, comenzó una serie de diligencias para revisar su rol en este organismo privado.
La Mutualidad es administrada por un consejo de nueve integrantes, de los cuales tres lo son por derecho propio, entre ellos, el general director de Carabineros, quien lo preside; el director de Bienestar de Carabineros, general Manuel Letelier, que se desempeña como vicepresidente; y el director general de la PDI.
Quien dio las primeras luces de cómo funcionaba la Mutualidad de Carabineros, institución que presta servicios de aseguradora a los funcionarios de ambas policías, fue el ex general director de Carabineros, Gustavo González Jure. En la comisión investigadora del fraude en Carabineros de la Cámara, celebrada el 5 de junio, dijo que “por estatuto, los integrantes del directorio reciben un porcentaje que corresponde al 0,0025% de los excedentes, porque tienen una responsabilidad pecuniaria respecto del manejo y la administración de la corporación”.
Sin embargo, según los antecedentes que en esa oportunidad recopiló el diputado Leonardo Soto (PS), integrante de la comisión investigadora del fraude, el estatuto de la Mutucar consigna que el 40% de los excedentes es para ayudar a los servicios de bienestar social de Carabineros, PDI y organizaciones de personal en retiro, y el 2% restante para el Departamento de Bienestar de los trabajadores de la mutualidad, y no se hace mención a que estos “excedentes” sean repartidos entre los miembros del consejo administrativo.
En ese contexto es que la Fiscalía comenzó a recopilar antecedentes, hasta que en diciembre de 2017 oficiaron a los integrantes del directorio de la Mutualidad, entre ellos el general de Carabineros, Bruno Villalobos, y el director de la PDI, Héctor Espinosa, para que les informaran sobre las remuneraciones que reciben en la Mutucar.
La respuesta llegó, pero sin lo solicitado por el fiscal Eugenio Campos. Ambos jefes policiales se negaron a entregar al persecutor la información requerida, argumentando que se trataba de antecedentes que eran de carácter privado.
Fuentes de la investigación señalaron que la Fiscalía insistirá en su solicitud por “otros canales”, dado que la intención del ente persecutor es establecer si corresponde o no que los funcionarios policiales activos reciban un “excedente” por servir en un organismo privado, siendo que son funcionarios públicos.
Consultado Carabineros sobre el porqué el general Villalobos rechazó informar sobre su remuneración en la Mutucar a la Fiscalía, señalaron que “la Mutualidad de Carabineros es una corporación de derecho privado, por lo tanto, la institución no tiene ninguna injerencia en las decisiones de su administración”.
En tanto, desde la PDI indicaron que “la información requerida es de carácter reservada y protegida por el marco legal vigente, motivo por el cual no se entregó”.
Presentación a Contraloría
El 4 de enero, la Contraloría se pronunció sobre el funcionamiento de la Mutualidad, luego de una presentación que realizó el diputado Soto. En el dictamen, el ente contralor advirtió que “no corresponde que las autoridades que conforman su consejo de administración lo integren en atención a los cargos públicos que ejercen, pues no se encuentra dentro de sus funciones el dirigir la Mutualidad aludida ni existe autorización legal que habilite a la administración a participar en esa entidad privada”.
Ante esta resolución, el miércoles 24 de enero Carabineros hizo una presentación a la Contraloría para explicar la situación general Villalobos en la Mutualidad, quien, según explicaron fuentes de la institución, actúa en representación de todos los funcionarios de Carabineros. Es por ello que la policía uniformada acordó aclarar en la norma vigente la presencia del jefe máximo en la aseguradora.
La Tercera/La Tercera
