Deberá pagar $2,5 millones y firmar de manera bimensual durante un año, período en el que además tendrá que informar si cambia de domicilio.
Ese era el acuerdo entre el Ministerio Público y el ex diputado Cristián Leay -aprobado ayer por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago- para poner término al proceso penal en su contra mediante una suspensión condicional del procedimiento en el caso SQM.
Leay había sido formalizado en la arista «Royalty» de la investigación por la facilitación de nueve boletas ideológicamente falsas emitidas por su pareja, María Alejandra Bórquez, y su nuera, Trinidad Subercaseaux, a la minera entre 2011 y 2013. En total, los documentos tributarios fraudulentos sumaban $49 millones.
Su defensor, Sergio Rodríguez, valoró -tras sellarse la salida para su representado- que el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, «cumpliera con el acuerdo». Recordó además que su cliente no estaba querellado por Impuestos Internos y que parecía «lógico» y «razonable» optar por esta salida. «No intervino el SII y, desde luego, financiar actividades políticas de este modo no constituye delito alguno», puntualizó el abogado.
Un mes antes el ex congresista había reconocido a la fiscalía que recibió aportes de la minera y la existencia de una antigua amistad con el ex gerente general de la misma, Patricio Contesse, también imputado en la indagatoria.
Leay detalló, en esa misma oportunidad a los investigadores, que «le solicité ayuda económica para concretar este proyecto, y Patricio accedió a esta ayuda, y me dijo que le hiciera llegar unas boletas de honorarios para concretar el aporte».
Sobre su amistad con Contesse, afirmó que «lo conozco desde el 2000 aproximadamente y somos amigos cercanos. Nos conocimos por la actividad minera (…) En el año 2010 participamos en un grupo de oficiales de reserva de instrucción militar del Ejército y desde entonces hemos sido amigos». (El Mercurio)
