La nueva directiva de la Democracia Cristiana ha emplazado al Partido Socialista a manifestar una voluntad de reconstruir un “eje histórico” entre ambos partidos. Pero existen dos problemas.
Primero, nunca existió un “eje histórico” entre DC y PS, al menos entre 1988 y 2005. Al originarse la Concertación en febrero de 1988, la DC y el PS (disperso y luego unificado en diciembre de 1989) fueron efectivamente los dos partidos más importantes de la coalición que llevó a la victoria del NO hace ya cerca de 30 años. Eran además los que se habían confrontado fatalmente en 1973. Pero en el seno de la coalición común, el PS en materia municipal y parlamentaria compitió sistemáticamente con la DC en la transición, en alianzas con el PPD y en ocasiones con el PR, competencia legítima, pues su historia y su proyecto no eran los mismos. En materia presidencial buscó su propia proyección desde 1993 y la logró desde 1999. El PS tuvo precandidato/a propios sin que nadie se ofuscara, pues existía una coalición plural que competía en su interior. Los acuerdos parlamentarios y municipales entre la DC y el PS son posteriores a 2005, con la ruptura del “eje histórico” con el PPD provocado equivocadamente por las direcciones de Escalona y Andrade. La nueva combinación tuvo básicamente malos resultados para la DC, que acentuó su declinación electoral y no potenció su identidad de centro progresista. Y también para el PS, pues el giro a un pragmatismo sin otro horizonte que mantener parcelas de poder -para lo que una alianza con los conservadores de la coalición era funcional- dividió al socialismo, que tanto había costado reunificar en los años 1980. Se crearon así las condiciones para la emergencia a la izquierda del PS del PRO y luego del Frente Amplio. Y esta política fue especialmente errónea para la segunda presidencia de Michelle Bachelet, pues se tradujo en un boicot permanente del ala conservadora de la DC en los temas centrales de gobierno. El PS no quiso jugar su rol de promoción de los cambios, volcado al mero pragmatismo burocrático de corto plazo. Finalmente, en el conflicto entre transformadores y el ala pro-empresarial prevaleció ésta última. Esto fue en buena medida responsabilidad del PS, que terminó por renunciar desde 2005 a empujar con consistencia las reformas sociales estructurales por las que el progresismo concertacionista, incluyendo a muchos DC, luchó desde 1990. Fatales fueron, en especial, la política minera y pesquera privatista, las reformas que ampliaron la mercantilización de la educación y la ausencia de políticas de diversificación productiva y de reforma de las AFP e Isapres. No obstante, además de algunos avances sociales (seguro de desempleo, Auge, pensión básica, fin del reemplazo de trabajadores en huelga), en los temas de libertades y de género el ala conservadora de la coalición fue siendo derrotada sistemáticamente (pena de muerte, divorcio, unión civil, aborto), mientras en materia de derechos humanos la izquierda y el progresismo lograron sustanciales avances desde el año 2000 en adelante. Los escenarios políticos son en todo caso siempre complejos y dinámicos, y no reductibles a caricaturas simplistas, como suele hacerse con cada vez mayor frecuencia con el análisis de la transición post-dictadura.
Pero todo eso ya es historia. Lo que ahora importa para la oposición es una nueva articulación entre la izquierda y el centro progresista para llevar adelante el cambio constitucional pendiente y políticas de reforma estructural de la economía en beneficio de la mayoría social y de un bienestar compartido y sustentable. Y con todos los que estén de acuerdo con ellas, no en un acuerdo particular entre el PS y la DC que consagraría la división de la oposición.
En efecto, y este es el segundo problema del emplazamiento comentado, la DC actual, con el 10,3% de los votos, no quiere alianzas, al parecer ni siquiera electorales, con el PC y el Frente Amplio. Entonces es de suponer que es difícil para el PS sumarse a una política de división en nombre de un ficticio “eje histórico” que estaría, además, lejos de tener la entidad política y parlamentaria suficiente y todavía con pocos acuerdos programáticos. Convengamos, en este aspecto, que en la DC hay un proceso de decantación de posiciones de quienes han evolucionado a posiciones más cercanas a la derecha. ¿Se puede llamar de centro a defensores del actual statu quo constitucional, de las AFP e Isapres, de la minería y pesca privadas, y del consumidor de impuestos regresivos, de relaciones laborales proempresariales, de la ausencia de diversificación productiva y de protección del medioambiente? Parece, en cambio, sensato que las fuerzas que apoyaron a Alejandro Guillier (PR-PS-PPD-PC y la Federación Regionalista Verde Social) consoliden una suerte de núcleo básico con vocación transformadora y de articulación con el resto de las fuerzas opositoras. Estas listas obtuvieron cerca de un 26% de los votos en la elección de diputados, mientras el Frente Amplio obtuvo un 16,5% y el PRO-País un 3,9%, lo que suma una importante proporción del electorado favorable a cambios sociales.
La oposición parlamentaria a las regresiones neoliberales en materia tributaria y laboral que prepara el actual gobierno debe encontrar un frente común en las fuerzas que conformaron las mesas opositoras del Congreso, junto al mundo social. No hay ninguna razón, salvo el espíritu de capilla, para que el conjunto de las fuerzas de oposición no tenga candidatos comunes a gobernadores regionales y alcaldes, dirimidos eso si en primarias -mecanismo ahora legalmente disponible- o bien introduciendo una segunda vuelta municipal, como adecuadamente ha propuesto Fuad Chahín. Y no mediante los típicos acuerdos entre partidos que tanto han contribuido a la abstención y al descrédito de la política democrática. En otras épocas la Concertación y la Nueva Mayoría no tuvieron otra opción que practicarlos para no dar ventajas a la derecha, además de las que ya tenía con senadores designados, quorums elevados y binominal, pero al precio de su propio desgaste y declinación. La diversidad debe, además, expresarse en listas autónomas y competitivas de cada fuerza política en la elección de consejeros regionales y concejales municipales.
Esa es la verdadera cooperación que debe construirse entre el centro progresista y las izquierdas para evitar regresiones sociales y evitar que aumente la influencia de la derecha en regiones y municipios. Y para que no siga en el gobierno después de 2021, salvo que se quiera mantener su continuidad en el poder político, además del enorme poder económico y mediático que concentra, pero esas son ya definiciones de otro calibre que cada fuerza política opositora debiera partir por clarificar. Y sacar las conclusiones que se imponen en materia política y electoral. (La Tercera)
Gonzalo Martner
