Cuando el legislador incorpora la idea de objeción de conciencia –individual, institucional o ambas- dentro de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, lo que hace es reconocer un disenso moral basal e irremontable en el seno mismo de la sociedad chilena de hoy. Y es que actualmente no hay manera de zanjar el debate sobre el estatuto del no nacido, ni tampoco de pretender que sea eficaz que la mayoría intente imponer su criterio respecto de un asunto tan fundamental.
Este hecho ha sido pasado por alto por todos quienes repiten una y otra vez que el aborto es un derecho puro y simple, como si ese disenso no tuviera mayor relevancia. Sin embargo, tiene un enorme efecto: el Estado no está en condiciones de asegurar la práctica de abortos en todas sus dependencias. De hecho, en dos hospitales de la red estatal todos los médicos objetan en las tres causales, mientras que la objeción a la causal de violación alcanza casi a la mitad de los médicos disponibles en el sistema público.
El aborto, entonces, se encuentra despenalizado en tres causales, pero incorporarlo dentro del repertorio de procedimientos disponibles para ser ejecutados queda en manos de los médicos. La ley no los obliga a ofrecer el procedimiento despenalizado.
En ese sentido, no hay diferencia práctica entre un centro médico que objeta como institución y uno donde todos los médicos objetan. En ambos casos, además, las prestaciones no realizadas no son financiadas. Luego, aquello de “no con fondos públicos” muestra su falta de fundamento.
Este contexto rodea de absurdo los intentos del contralor Bermúdez por extorsionar a los centros médicos cristianos que colaboran con el Estado argumentando que deben reemplazar al Estado y, por tanto, si no ofrecen prestaciones abortivas en las tres causales, no pueden seguir siendo apoyados por él. Lo cierto es que el mismo Estado no está en condiciones de asegurar algo así en sus propios centros. Es por esto que este round tiene poco que ver con el aborto y mucho que ver, en cambio, con el principio de subsidiariedad y el rol público de las asociaciones particulares.
Lo sorprendente es la incapacidad por parte de la mayor parte de la izquierda chilena para aceptar la existencia de dicho disenso moral y lidiar con él a partir de criterios de tolerancia y pluralismo. Muchos parecen pensar que el Estado debería ser capaz de obligar a las personas y a las instituciones a actuar de cualquier manera, como si dichas personas y todas las instituciones intermedias existieran por obra y gracia de él, y en función de él.
Disimulada bajo leguleyadas administrativistas, se asoma una concepción del ser humano y de nuestra vida política que hunde sus raíces en el absolutismo. Este punto es destacado por Tocqueville en “El antiguo régimen y la revolución” y reiterado por el anarquista Rudolph Rocker en “La influencia de las ideas absolutistas en el socialismo”.
Creyéndose rebeldes por llevar el pelo largo y suelto, nuestros izquierdistas no notan que lo que llevan sobre la cabeza, en realidad, es la pesada peluca de Luis XIV. (DF)
Pablo Ortúzar
