A las 11 horas de este miércoles, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, llegará hasta la Contraloría General de la República para ingresar un requerimiento que apunta a eventuales irregularidades en la utilización de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en la Municipalidad de Recoleta, que lidera el alcalde Daniel Jadue (PC).
Acompañada por el concejal UDI por esa comuna Mauricio Smok, el exalcalde Gonzalo Cornejo, el abogado Cristián Espejo y el secretario general de la colectividad, Jorge Fuentes, la senadora presentará un escrito -al que tuvo acceso La Tercera- en que se cuestiona la utilización y rendición de fondos que debían ser destinados a los alumnos vulnerables, pero que, en virtud de un informe de la Superintendencia de Educación, no han sido rendidos correctamente.
Así lo detalla un documento de fecha 2 de mayo del presente año, donde el superintendente Sebastián Izquierdo responde a un oficio del concejal Smok. “La Ilustre Municipalidad de Recoleta pidió a este servicio rectificar una suma total de $ 3.168.314.650, habiendo rectificado efectivamente $ 146.332.756”, señala el informe, que entre otras fuentes alude a una auditoría que la propia Contraloría realizó en 2018 respecto de los recursos de la SEP y el Programa de Integración Escolar (PIE) en Recoleta.
Según detalla la presentación de la UDI, el municipio pidió reconsiderar observaciones contenidas en dicha auditoría, obteniendo respuesta de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago el 17 de abril pasado. Allí, no obstante, se consigna que existen dineros no acreditados por una suma de $ 178.755.200, cifra muy disímil a la que informa pocos días después la superintendencia.
Por tanto, la senadora Van Rysselberghe no solo cuestiona la correcta utilización de los recursos en Recoleta, sino también la forma de actuar de la Contraloría, de manera que, con el escrito que este miércoles ingresará, solicita a Jorge Bermúdez que realice una nueva auditoría en la comuna y que ordene un sumario administrativo “que permita esclarecer las responsabilidades administrativas y eventualmente penales de los funcionarios de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago que participaron de la auditoría del Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta, y que arrojaron abismantes diferencias en los saldos de las cuentas explicitadas”.
Junto con cuestionar la “evidente disparidad” entre ambos informes, Van Rysselberghe apuntó: “¿Dónde está esa plata? ¿En qué se gastó? Eso es un delito, es malversación de fondos públicos cuando los recursos públicos no se usan para los fines que están establecidos por ley”.
La senadora también dirigió sus críticas hacia el organismo fiscalizador, diciendo que “la Contraloría, a nuestro juicio, no ha tenido el rigor suficiente para investigar a una municipalidad comunista, sin embargo, tiene un rigor increíble para fiscalizar a otros municipios. ¿Por qué no usa la misma vara con todos los municipios de Chile?”.
“La misma Contraloría, si es que determina que existe un eventual ilícito, debe hacer la presentación al Consejo de Defensa del Estado, porque es la institución llamada a resguardar el buen uso de los fondos públicos y, por lo tanto, acá habría un notable abandono de deberes por parte del contralor si es que, habiéndose percatado de que no hay un buen uso de los recursos, guarda silencio y mira al techo”, concluyó. (La Tercera)
