Todas las fuerzas políticas inician la preparación para el próximo evento electoral que ocurrirá el último domingo de octubre del próximo año. Caminos propios, pactos, subpactos repletan las páginas políticas de los medios de comunicación.
A esta altura ya sabemos que la derecha agrupada en Chile Vamos llevará cuatro listas de concejales representando a cada partido de la coalición. La gran duda en la derecha oficialista es la conducta que desarrollará el nuevo Partido Republicano. En la oposición ya sabemos que el Partido Radical llevará su lista propia de concejales, lo mismo el Partido Comunista, el PRO y la Fuerza Regionalista, y de acuerdo con lo sostenido por sus dirigentes, es probable que lo mismo ocurra con el Frente Amplio. Solo la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD no han manifestado su decisión sobre cómo concurrir a la elección municipal, no obstante que es altamente probable, y deseable en mi opinión, que el PS y el PPD concurran unidos a la elección de concejales. Tanto en la derecha como en las oposiciones existe conciencia de que, con la correlación de fuerzas actual, en materia de alcaldes y alcaldesas debieran concurrir con un solo candidato.
Sin embargo, quiero manifestar en esta columna no la dimensión electoral de la próxima elección, sino el problema estructural que vive la mayor parte de los 345 municipios que conforman el mapa comunal del país. Los municipios son fundamentales en la relación con la ciudadanía, para millones de chilenos y chilenas, sobre todo los municipios más pobres que con alta o baja población constituyen su referencia principal para sus condiciones cotidianas de vida. Incluso se podría agregar que para muchos chilenos es más importante el municipio que La Moneda. En este cuadro, el problema principal de los municipios es su carencia de recursos para desarrollar su tarea. Los ingresos municipales provienen a lo menos de seis fuentes: 1) del impuesto territorial, 21) Permiso de Circulación, 3) patentes comerciales, 4) transferencias de vehículos, 5) multas de fotorradares y 6) de bienes fiscales. La desigualdad indecente de Chile también llega a la distribución territorial y es por eso que a partir de 1981 y dadas entonces las nuevas responsabilidades comunales en salud y educación, se formó el Fondo Común Municipal. La desigualdad de recursos es de tal magnitud que para más de 251 municipios el año pasado, es decir, más de dos tercios de esas entidades, el Fondo Común Municipal representó más del 50% de su presupuesto. Es decir, sin este fondo habría que “apagar la luz” en más de dos tercios de los municipios de Chile. A manera de ejemplo: en la populosa comuna de Puente Alto, el Fondo Común representa el 76% de sus ingresos. Lo mismo ocurre con Maipú, con el 62% de sus ingresos provenientes del fondo. Incluso, en 26 municipios el fondo constituye más del 90% de su presupuesto.
Por otra parte, el fondo se ha ido incrementando, y el año pasado alcanzó $1.378.000.000.000. En dólares se alzó en más de US$ 2.000 millones. La composición de dicho fondo está integrada por los aportes municipales de la siguiente manera: el impuesto territorial (contribuciones) aporta el 60% del fondo; los permisos de Circulación, el 24%; las patentes comerciales, el 12%; la transferencia de vehículos, el 3%; las multas de fotorradares, el 2%, y los bienes fiscales, el 0,1%. Para atenuar la desigualdad territorial, las diferentes leyes de rentas municipales han logrado en parte cerrar la brecha entre municipios ricos y pobres. Es así como en materia de impuesto territorial, todas las comunas aportan el 60% al fondo, salvo Vitacura, Las Condes, Providencia y Santiago, que aportan el 65%. En materia de Permiso de Circulación, todos los municipios aportan el 62,5% al Fondo Común, y en materia de patentes comerciales, todos los municipios recaudan para ellos la totalidad de esos ingresos, con la excepción de Vitacura, Las Condes , Providencia y Santiago, que aportan el 65% de sus ingresos por este concepto al Fondo Común. Es tal el grado de concentración de estos ingresos que el principal de ellos, que es el impuesto territorial, está constituido casi en un 60% por la recaudación de este impuesto en solo tres comunas de Santiago, Las Condes, Vitacura y Providencia, que aportan dos tercios de los ingresos que obtienen por este concepto. Lo anterior ocurre porque las viviendas cuya tasación fiscal es inferior a 30 millones actuales, están exentas de este pago, lo que implica que las viviendas de mayor tasación fiscal sí pagan contribuciones y están radicadas en las comunas de altos ingresos. A manera de ejemplo comparativo, en Cerro Navia, todas las viviendas están exentas y en Vitacura, todas las viviendas pagan contribuciones.
Pensando en los contenidos programáticos de la próxima elección municipal, las oposiciones en sus listas de concejales y de alcaldes debieran plantear, en mi opinión, que lo más importante para los municipios, dado lo explicado más arriba, es aumentar el Fondo Común Municipal. Los caminos son dos, entre otros, el primero es que el Estado en la Ley de Presupuesto aporte a dicho fondo en forma permanente entre el 5% y el 10% del volumen que ha alcanzado dicho fondo. Y el segundo camino es un nuevo aporte de los municipios de mayores ingresos, es decir, Vitacura, Las Condes, Providencia y ahora incluyendo a Lo Barnechea, por la vía de incrementar sus aportes en materia de impuesto territorial y permisos de Circulación a un 70% de la recaudación obtenida por estos conceptos. A manera de ejemplo: Las Condes tiene un ingreso municipal de $350.000 millones anuales y le aporta al fondo, con la actual legislación, $212.000 millones. Es posible, en consecuencia, hacer un nuevo aporte solidario a sus pares.
Dándole sentido y contenido al próximo evento electoral, el tema del Fondo Común Municipal debiera constituirse en la principal plataforma programática de las izquierdas en el próximo evento democrático.
Francisco Vidal/El Mercurio
