La tasa de crecimiento que finalmente alcanzará el país durante el presente año sigue en discusión, aunque los economistas parecen coincidir en que se acercará más a un 3% que al 4% que el gobierno se había trazado como meta originalmente.
Son variados los argumentos que intentan explicar esta cifra, desde los cambios que ha enfrentado la economía mundial como consecuencia de las disputas comerciales entre EE.UU. y China, a la demora para aprobar reformas en el Parlamento. Ambos argumentos explican en parte lo que está pasando. Sin embargo, a nuestro juicio, hay otros aspectos que es necesario agregar a la discusión, incluyendo la tasa de inversión actual del país y, en particular, la evolución que ha tenido la inversión en infraestructura.
Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) acabamos de publicar una investigación llevada a cabo en conjunto con la CChC (Chile: Inversión en Infraestructura de Uso Público 2005-2018), en la que entregamos una serie de antecedentes que creemos pueden contribuir a ilustrar de mejor manera un aspecto esencial en nuestra debilidad estructural para enfrentar con mayor fortaleza el desafío del crecimiento y el desarrollo que el país demanda.
En este documento se puede apreciar que la inversión en infraestructura pública con recursos provenientes del Presupuesto de la Nación, solo ha superado, en contadas ocasiones, el 2,5% de PIB en los últimos 10 años.
Si a esto le sumamos la inversión llevada a cabo a través del sistema de concesiones, la inversión pública durante este período nunca ha superado el 2,8% del PIB, cifra al menos un punto porcentual por debajo de lo que un país que enfrenta el proceso de desarrollo en que se encuentra Chile, requiere.
Dicho de otra manera, si el PIB de Chile es del orden de los US$ 270 mil millones anuales, la inversión pública necesaria para dar cuenta de las demandas que su propio crecimiento genera —de acuerdo a estándares internacionales— debiera superar los US$ 9,5 MM anuales. Sin embargo, en el mejor de los casos, solo ha llegado a US$ 7,5 MM anuales. Eso ha significado un déficit acumulado de infraestructura que limita nuestras capacidades de crecimiento.
Una segunda constatación de este trabajo es el limitado aporte de las concesiones durante este período. En efecto, luego de la virtual paralización de la inversión a través de esta modalidad entre 2006 y 2007, ha costado mucho volver a poner a esta industria en movimiento, a pesar de los esfuerzos que han hecho los ministros de OO.PP. De hecho, recién el año 2017 se alcanzó un nivel de inversión de US$ 800 millones, casi un 20% menos de lo que ya se había logrado 13 años antes.
Cuando mayor fue la inversión a través de las concesiones, los montos representaban del orden de 1,2% del PIB, en tanto que en los últimos 10 años esta no ha superado el 0,2% promedio. Recuperar los niveles de inversión a través de esta forma de financiamiento representa un enorme desafío. Si hoy invirtiéramos como país lo mismo que se invirtió en el año 2004 como expresión del PIB, el monto alcanzaría del orden de US$ 3.300 millones anuales, cifra muy superior a los US$ 800 millones alcanzados en 2017.
Ante este panorama, creemos que impulsar la buena inversión en infraestructura, en las circunstancias por las que atraviesa la economía nacional, es un requisito para enfrentar el futuro. Entendemos que esto difícilmente podrá hacerse recurriendo al presupuesto público. Una reforma tributaria “pro inversión” en ciernes, la que necesariamente significará una menor recaudación, y las fuertes presiones sociales que se han dejado caer sobre el Estado, no permitirán holguras para incrementar los recursos públicos destinados a este propósito.
Sin embargo, vemos que hay un techo relativamente alto para aumentar la inversión privada en infraestructura pública. En efecto, el sector privado cuenta con recursos suficientes para este propósito, como ha quedado de manifiesto en las numerosas declaraciones hechas en relación con las disponibilidades de las AFP y de las compañías de seguros.
Por su parte, el déficit acumulado de inversión debiera dar origen a proyectos atractivos que habrá que formular de tal manera, que convoquen efectivamente al sector privado a invertir. En esa línea, entendemos la cartera de proyectos de US$14 mil millones en concesiones que ha anunciado el MOP para los próximos cuatro años. Para ese efecto, las entidades recientemente estrenadas, como la Dirección General de Concesiones y el Fondo de Infraestructura, debieran apoyarse mutuamente para llevar adelante este desafío.
El país requiere de más y mejor infraestructura, no solo por los efectos inmediatos que la inversión provoca en el crecimiento y el empleo, sino porque una buena infraestructura expande la capacidad productiva e incentiva a otras disciplinas de la economía a través de las mejoras en productividad que permite.
El Mercurio
