De manera reservada, la Fiscalía Oriente y el OS-9 de Carabineros están realizando una investigación que tiene relación con el uso de armas de fuego por parte de civiles. En concreto, se trata de una indagatoria por la venta, presuntamente errónea, que realizó Famae de 30 fusiles de francotiradores a diversos ciudadanos, armamento de uso prohibido ya que es semiautomático y usa proyectiles con calibre de guerra.
Estos antecedentes se encuentran el informe 186 del Departamento OS-9 y que el 10 de enero pasado fue remitido al persecutor Miguel Angel Orellana. En el apartado “antecedentes del hecho”, se indica que esta indagatoria nació a raíz de la investigación que desarrolló la Fiscalía Sur junto a la PDI, “que vincula ciertos sujetos con el delito de tenencia ilegal de armas prohibidas”.
Luego, agrega que “ahondando en lo anterior, se indica en los antecedentes que durante los años 1999 hasta 2014, se vendieron por parte de la Fábrica y Maestranza del Ejército de Chile (Famae), un total de 30 fusiles de francotirador semiautomáticos, modelo FD2000, calibre 7.62 mm, a civiles. Es dable indicar que conforme a la resolución 9000/18, de fecha 22.01.2004, de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), se canceló la inscripción de este tipo de armas, debido a que fueron vendidas por error”.
Con estos antecedentes en mano, Carabineros realizó un catastro de las personas que tendrían estas armas en su poder. Ahí, se determinó que 15 tienen el fusil inscrito en la Región Metropolitana, 13 en otras regiones y uno se encuentra fallecido. Además, se estableció que cinco no tienen vigente su permiso de coleccionista y respecto al individuo que pereció, el arma no ha sido transferida a ningún heredero, por lo que debería estar en custodia de algún familiar.
El documento de Carabineros agrega que “dándole continuidad al presente informe policial, se puede indicar que conformes a los reportes históricos de cada uno de los fusiles de francotirador de marca Famae, que se encuentran vinculados a la presente investigación, figura inscrito en la modalidad de repetición, y con un calibre .308 mm, lo cual no es conteste con la ficha técnica entregada por parte de Famae, en la cual al ser consultados manifestaron que esta arma fue fabricada en modalidad semiautomático y calibre 7.62 mm.”.
Para los carabineros, estas versiones encontradas resultan claves en su investigación. ¿Por qué motivo los registros de la autoridad fiscalizadora sobre estos fusiles no corresponden a los reales? Así, esto es uno de los elementos centrales de esta indagatoria.
Perfiles
Otra sorpresa del informe de Carabineros se encuentra en el perfil de los 30 dueños de estos armamentos. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Isidoro Trespalacios y tiene 403 armas inscritas a su nombre, “de las cuales 355 figuran inscritas como colección, y su permiso de coleccionista figura No Vigente, desde el día 26.11.2018, por ende todas estas armas las mantiene ilegalmente almacenadas en su domicilio. Por otra parte, mantiene otras 30 armas inscritas como deportista, siendo que la normativa legal vigente tan solo autoriza mantener inscritas un máximo de 08 armas en esa modalidad”.
Esta última tendencia se repite a los largo del informe. Juan Pablo Vergara tiene 19 armas inscritas a su nombre, de las cuales 17 aparecen como de uso deportivo. Esto, pese a que el máximo es ocho.
El mismo caso ocurre con Iván de la Fuente, quien de las 13 armas inscritas a su nombre, 11 serían de uso deportivo.
Nelson Campos, por su lado, tiene 51 armas inscritas a su nombre. Respecto al fusil Famae, este fue entregado en 2014 a la autoridad fiscalizadora para que fuera destruido. “No obstante lo anterior, mantiene su permiso de coleccionista No Vigente desde el día 07.11.1999, por ende todas las armas que mantenga en esa modalidad se encuentran ilegalmente bajo su custodia”, señala el reporte policial.
Corte de Apelaciones
Este caso incluso llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que uno de los propietarios del fusil presentó un recurso de amparo contra Carabineros y el Ministerio Público. Se trata de Isidoro Trespalacios, quien relató al tribunal de alzada que el 30 de mayo personal de Carabineros ingresó a su domicilio para llevarse el fusil para realizar pruebas balísticas. Luego, según el recurso, habrían realizado diversas diligencias en su domicilio. “Por lo señalado precedentemente, no puede sino temerse estar ante un evidente riesgo, ya que se encuentra amenazada la libertad individual y la seguridad personal de don Isidoro Trespalacios, o que este ha sido víctima de un robo de armamento altamente sofisticado”, señala el recurso.
El persecutor Fernando Zeballos respondió a la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando que “el fiscal que suscribe despachó instrucción particular mediante oficio 46/ PGM, a funcionarios del Departamento OS 9 de Carabineros de Chile, en coordinación con el Departamento OS 11, a fin de realizar un control en relación a la Posesión efectiva de armas, mantención de autorizaciones vigentes para dicha posesión e Identificación de fusiles de guerra FAMAE, descritos en el mencionado informe 186, cuya posesión actualmente se encuentra prohibida, la que fue diligenciada con fecha 30 de Mayo del presente año en diferentes domicilios de la zona oriente, respecto de aquellas personas que figuraban en el referido listado, concurriendo los funcionarios policiales al domicilio indicado, entrevistando a ISIDORO TRESPALACIOS CUETO, quien autorizó voluntariamente el ingreso de los funcionarios policiales a fin de llevar a cabo la fiscalización de sus armas”.
El fiscal añadió en su informe que “en este orden de ideas, al revisar la documentación respectiva según lo informado por Carabineros, este mantenía permiso de coleccionista vencido, no obstante, mantenía resolución vigente que lo autorizaba a la tenencia de armas de fuego en su domicilio, efectuando a su vez una revisión de sus armas de fuego donde se constató que mantenía 05 fusiles, entre los cuales se encontraba el fusil marca Famae que dio origen a la presente investigación, los que serán periciados a fin de determinar si son armas prohibidas o autorizadas al amparo de la ley 17.798”.
Zeballos finalizó indicando que “así las cosas, conforme a los antecedentes expuestos, no se ha incoado ningún procedimiento en contra del recurrente, tampoco se ha solicitado orden de detención a su
respecto o audiencia de formalización por los hechos que motivan la presente investigación”.
Finalmente, el tribunal de alzada descartó el recurso y la Fiscalía Oriente continúa con las pesquisas.
La Tercera/Agencias
