Ha trascendido por estos días que la coalición oficialista pidió al Ejecutivo postergar el debate en materia de reformas institucionales a la espera de poder despejar en los próximos meses la agenda legislativa en materia tributaria y de pensiones. Si bien los argumentos pueden ser atendibles, producto de la relevancia que tienen las materias planteadas y las dificultades que está teniendo el ejecutivo para obtener mayorías, es preciso considerar que en un mundo cada vez más exigente con sus autoridades y donde la confianza pende permanentemente de un hilo, no se puede borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano.
La agenda en materia de reformas institucionales fue un capítulo relevante de los anuncios realizados por el Presidente de la República el pasado 1 de junio frente al Congreso Pleno, que incorporó asuntos vinculados a la Calidad de la Democracia y la Reforma del Estado. Recordado es el episodio -que muchos miramos con curiosidad a través de las pantallas de televisión- de la ovación cerrada que recibió del oficialismo el anuncio respecto a la rebaja del número de parlamentarios. Pues bien, como era de suponer, al volver sobre la idea y plantearse la incertidumbre respecto a quienes serían los grandes perjudicados en la materia, la iniciativa desencantó rápidamente y hoy por hoy, quienes aplaudían con fervor, parecen ya no estar tan seguros de su posición. No obstante, también se han planteado dudas sobre otras materias como la reforma a la Contraloría o al Tribunal Constitucional, todas cuestiones ampliamente discutidas y que tienen propuestas elaboradas desde distintos sectores.
Las reformas institucionales son parte de las agendas de los gobiernos. Desde la recuperación de la democracia en Chile todos los mandatarios las han empujado porque son clave para el funcionamiento del sistema político y la salud del sistema democrático. Evidentemente hay periodos donde avanzar en estas materias ha sido más difícil, especialmente cuando se trata de cuestiones que afectan a los incumbentes que se verán tarde o temprano afectados por las decisiones que tomen. No obstante, es un deber político de la mayor relevancia empujar cambios que se hagan cargo de los vacíos institucionales que deterioran la democracia. De ahí que, siendo discutibles varias de las iniciativas propuestas, es preciso debatirlas de modo amplio y no sacarlas de la agenda.
Cuesta entender que frente a una ciudadanía cada vez más exigente y desconfiada de sus autoridades, corramos el riesgo de hacer anuncios que luego deberán desestimarse por falta de piso político no en la oposición, sino en el propio oficialismo. No se ha calculado el costo de borrar con el codo aquello que se escribió con la mano hace apenas dos meses.
Mención aparte es la incómoda situación en la que queda el Ministro del Interior que está encargado de llevar adelante las conversaciones para viabilizar la agenda. En un escenario donde no están los apoyos ni del propio sector, esto que fue visto como un gesto y un reconocimiento relevante para un momento político difícil del jefe de gabinete, puede terminar transformándose en un salvavidas de plomo.
Es de esperar que aún cuando estos temas salgan de la agenda legislativa, al menos se considere que su debate prelegislativo sigue siendo prioritario para avanzar de manera importante hacia la mejora de nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia.
Gloria de la Fuente/La Tercera
