Cerca de 240.000 niños se matriculan cada año en cada nivel de las escuelas de Chile. De ellos, alrededor del 36% se matricula en una escuela pública. Antes de la municipalización, en dictadura, la educación pública constituía cerca del 80% del total. La caída es inquietante, porque en la educación pública actual aún se forma la gran mayoría de los hijos de la mitad de las familias de Chile, las de menores ingresos.
Es esencial revertir esta tendencia. La educación pública asegura acceso, inclusión, desarrolla talentos que podrían perderse. Además, entrega una formación republicana, promueve mayor interacción social entre jóvenes de distintos orígenes, abre a la diversidad y reduce la desigualdad. En todos los países desarrollados la educación pública es mayoritaria.
El Estado debe conferirle prioridad, destinar recursos para elevar la calidad, de modo de hacerla atractiva a un número creciente de padres, por su rigor, valores, seguridad, y también por cercanía al hogar. La ley que creó en 2017 los Servicios Locales de Educación Pública y la Dirección de Educación Pública ha sido un paso muy importante para colocar a las escuelas y liceos en manos de instituciones públicas mejor preparadas y de objetivo único. Esta es una herramienta esencial.
No obstante, la educación pública no parece tener prioridad para el actual gobierno. Una de las manifestaciones es que ninguna de las personas que ocupan los más altos cargos del Ministerio de Educación se haya especializado, trabajado o formado en el ámbito público. Ministra, subsecretario, director general de Educación, subsecretaria de Educación Parvularia, director de Educación Superior y directora del nuevo Servicio Nacional de Educación Pública estudiaron en colegios particulares pagados y en una misma universidad privada. Sin desconocer la buena formación y compromiso que puedan tener personas educadas en esos establecimientos, ello parece desproporcionado y limita la variedad de los equipos y la eficacia de la acción pública.
Además de actuar con mayor diligencia y disponer de los recursos, el actual gobierno debe ampliar el campo donde recluta a sus altos funcionarios. Hay mucha gente capaz más allá de ese núcleo. Los resultados de este gobierno denotan este sesgo. Ha disminuido la construcción de jardines infantiles y salas cunas públicas destinadas a los hijos de familias de menores ingresos. Se ha retrasado la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública. El conflicto prolongado con el Colegio de Profesores y las amenazas de cierre al Instituto Nacional dañan a la educación pública.
La democracia requiere constituir equipos que representen la diversidad, con personas que tengan mayor conocimiento y sensibilidad para resolver los problemas de las familias que necesitan apoyo. El éxito del gobierno deberá medirse por la calidad y la matrícula de la educación pública, para servir a los niños de menores ingresos, y construir un país con mayor capacidad e igualdad. (La Tercera)
Sergio Bitar
