Este martes, la oposición ingresó a la Cámara la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, imputándole faltas a la probidad y problemas con la implementación de la desmunicipalización. En la antesala, el diputado Juan Santana (PS), uno de los impulsores del libelo, dijo que con ello buscan defender las reformas de la Presidenta Michelle Bachelet y que no habría interés electoral, ya que en algunos sectores se cree que la acusación busca inhabilitar a Cubillos de una candidatura senatorial.
En respuesta, el diputado Diego Schalper (RN) afirma que los dichos de Santana dejan clara la motivación política de la oposición y que espera que los parlamentarios sean responsables y rechacen la acusación, pues a su juicio carece de méritos.
El diputado Juan Santana dice que el PS levantó la acusación por defender las reformas de Bachelet, ¿qué le parece?
La entrevista del diputado Santana deja muy claro que la motivación acá no es jurídica, sino que es una vendetta política. Uno no puede acusar a la ministra por pensar distinto y sin fundamentos, porque si eso es así, esto es una censura bastante poco democrática. Lo que trasunta la entrevista esa que acá se busca boicotear las reformas de la Presidenta Bachelet y eso no tiene sustento en la realidad, porque al Sistema de Admisión Escolar están postulando todos los apoderados, se están ejecutando los Servicios Locales de Educación, se está ejecutando el presupuesto… entonces, uno puede tener opiniones, pero los hechos dejan claro que lo único que ha hecho la ministra es velar porque los recursos se gasten bien.
¿Cree que hay motivaciones electorales?
Lo que hay detrás es un interés de algunos por tener el monopolio de la educación pública, y les molesta que haya una mujer con carácter y valentía que esté dispuesta a tomar la educación pública como una bandera propia, bien ejecutada y administrada. Veo una suerte de mesianismo, de interés electoral, de no dejar que el gobierno del Presidente Piñera avance. Acá hay una visión poco democrática.
Le pregunto lo del interés electoral porque se dice que, con la acusación constitucional, se buscaría inhabilitar a la ministra Cubillos en una eventual candidatura senatorial por Santiago
La ministra Cubillos sería una excelente candidata para cualquier cosa, porque ha defendido las platas de la educación pública y dar su opinión en cosas que todos los chilenos creen, que es reconocer el mérito. Si temen que la ministra Cubillos pueda ser candidata, lamento que usen una acusación para impedirlo. Si no son capaces de ganarle en las urnas, entonces ellos están en problemas.
Santana dice que la respuesta del Consejo para la Transparencia sobre los correos de Cubillos a los apoderados fue poco objetiva, porque es presidido por Jorge Jaraquemada (UDI)…
El Consejo está compuesto por una señora que es presidenta de Chile XXI (Gloria de la Fuente), que es una fundación de centroizquierda, y también está compuesto por un reconocido militante de la DC (Marcelo Drago). Uno no puede inhabilitar a los organismos cuando no le favorecen los resultados a los que llegan. Acá la ministra Cubillos usó los datos que tenía para darle información relevante a los apoderados. Lo que pasa es que al gobierno anterior no les importaba lo que pensaban los apoderados y les molesta que la ministra se contacte con ellos. Pero les tengo una mala noticia, lo seguiremos haciendo.
¿Cree que están los votos para rechazar la acusación?
Si ayer no había espacio para dudar de la falta de fundamentos, hoy es bastante claro que esta acusación no tiene fundamento jurídico alguno. Los parlamentarios se tendrán que preguntar si quieren pasar a la historia como quienes acusaron y vetaron a una persona por cinco años sin ejercer cargos públicos, todo por pensar distinto, o si quieren ser responsables y, en base a la falta de mérito, rechazarán la acusación.
¿Qué consecuencias cree que puede tener una eventual destitución de la ministra?
No me pongo en ese escenario, porque no puedo imaginar que con tan poco fundamento se pueda dejar a una persona fuera del servicio público, por cinco años, por el solo hecho de pensar distinto, comunicarse con los apoderados y cuidar los recursos públicos. (La Tercera)
