Jorge Burgos, exministro de Defensa y del Interior en el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet -cargo al que renunciaría a poco más de un año de su nombramiento-, asegura en esta entrevista por escrito con La Tercera no ser partidario de llevar adelante una acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick. O al menos, no en este momento. Además, la histórica figura de la Democracia Cristiana analiza el actuar del gobierno, evalúa el desempeño de los organismos de orden y seguridad y apoya el rol que ha jugado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). “ Tengo confianza en su actuar, en especial de su conductor”, indica.
Desde el 18 de octubre se han visto hechos de violencia en el país. Considerando que usted fue ministro del Interior y de Defensa, ¿cree que fue una buena decisión declarar el estado de emergencia?
Me parece, honestamente, que el gobierno no tenía otra alternativa. Las fuerzas destinadas a dar eficacia al derecho y cautelar la seguridad pública (Carabineros y la PDI) se vieron superadas por la magnitud y simultaneidad de los delitos e incivilidades.la decisión de haber declarado toque de queda y el período en que se usó esa atribución?
Presumo que la evaluación que hizo la autoridad de Defensa, en uso de la facultad delegada por el Presidente, se basó en consideraciones de seguridad que la hacían aconsejable. La noche suele ser como pasto seco para delinquir con impunidad.
¿Cree que fue adecuado que el gobierno sacara a las calles a las Fuerzas Armadas?
Me parece que fue una decisión ineludible. Dónde debieron estar es un tema técnico que me parece opinable.
¿Cómo califica el manejo de la seguridad pública por parte del gobierno durante esta crisis?
Modesta no más. En los días previos al estallido (tanto de la legítima protesta pacífica como de los hechos delictivos) hubo declaraciones de autoridades, que -voy a usar un término de moda- actuaron como acelerantes. Sé que desde fuera es fácil criticar, pero aun con esa prevención, mantengo la calificación. Ha ido mejorando con el curso de los días. La nueva vocera ha sido un factor en ello.
¿Considera que se han cometido abusos de las policías y militares?
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha hecho denuncias públicas e interpuesto querellas por hechos graves. Tengo confianza en su actuar, en especial de su conductor. Lo importante es que el instituto ha hecho su trabajo con autonomía, y los órganos persecutores y los tribunales están ejerciendo sus competencias. En este aspecto el estado de derecho está funcionando. El estado de excepción no puede significar impunidad. Es oportuno también destacar la actitud que han tenido las autoridades del Ejecutivo a la hora de respetar la función del organismo de derechos humanos.
¿Cree que hubo dificultades para gobernar por algunos días?
Digamos, en el ánimo de cuidar las palabras en momentos de grave tensión, que la gobernabilidad se ha visto en momentos severamente afectada. El orden público, elemental para la convivencia, ha estado ausente en momentos. Es indispensable reponerlo en su integridad o, si quiere, en su normalidad.
¿Cómo evalúa el rol de Carabineros? Hay críticas respecto de que se habría visto sobrepasado y que no controló los desmanes después de las marchas pacíficas.
Qué duda cabe. Hemos visto escenas en que las fuerzas policiales se han visto superadas, pero hay que ser muy cuidadosos con destrozar el actuar de Carabineros. Errores ha habido, abusos también, y están siendo denunciados e investigados, pero digamos que sin su trabajo abnegado, lleno de riesgos, los hechos habrían sido mucho peores en sus consecuencias.
¿Está de acuerdo con una acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick? ¿Cómo fue su manejo de la crisis?
Mire, no es fácil que un ministro del Interior sea durante la ocurrencia de hechos generalizados -los pacíficos y, por ende, legítimos y los violentos, por ende, ilegítimos- bien evaluado. Chadwick no escapa a ese juicio de reproche, se lo digo yo que estuve al otro lado del mostrador. Ahora que la crítica, incluso la dura, no habilita para crear forzadamente una acusación constitucional, por lo que he leído de ella eminentemente política y escasa en consideraciones jurídicas lógicas. Comparto, además, lo dicho por el jefe de bancada DC, diputado (Gabriel) Ascencio, ‘no están los tiempos para acusaciones constitucionales’.
¿Le sorprendieron las escenas registradas en videos y fotos de ciudadanos gritándoles y desafiando a efectivos de las Fuerzas Armadas?
Vi de las escenas que usted describe y también de las otras, donde la población se sentía protegida por su presencia. Es difícil para todos ver militares patrullando la ciudad. Para muchos chilenos es un recuerdo que acongoja, que aprieta el estómago, me encuentro entre ellos. Es también difícil para los militares. El Ejército de hoy también quiere superar una página negra de nuestra historia (…) y salieron a proteger una base esencial de la República. Creo que actuaron con mucha dignidad. No comparto para nada la crítica de violación sistemática de derechos. Las denuncias específicas de acción delictiva deben ser investigadas con rigor, como está ocurriendo.
¿Cree que ellos, policías y militares, también fueron víctimas de agresiones?
También lo fueron y merecen el mismo tratamiento jurisdiccional.
Considerando los diversos reclamos sobre los procedimientos adoptados por las policías durante las manifestaciones, ¿considera que se deben revaluar los protocolos de acción?
Probablemente haya más de algún tema que mejorar, no sé cuán escritas hayan estado para la magnitud de lo ocurrido. Los informes del INDH, lo que digan los comisionados de la ONU, la propia evaluación de las autoridades, debieran ser base para ello.
La Tercera
