Si hemos de tomarnos en serio el problema constitucional, ha llegado el momento de pasar de los titulares a los planes concretos.
En esta línea, quiero comentar un proyecto de reforma que podría servir como insumo valioso para volver a poner en marcha, pronto, una discusión constitucional. A principios de 2017, la Presidenta Bachelet envió a discusión legislativa un proyecto de reforma que incorpora en la Carta Fundamental un nuevo procedimiento de cambio constitucional.
Comienzo destacando que ese proyecto reconoce el papel que puede, y debe, jugar nuestro Parlamento en el debate constitucional. Más allá de la necesidad de incorporar formas más directas de participación ciudadana, creo importante reivindicar con fuerza, el rol central que tiene para la democracia el Congreso Nacional. Cualquiera nueva Constitución debe robustecer la función parlamentaria, y me parecería un contrasentido que el proceso se hiciera soslayando la contribución de los parlamentarios. No dudo, por lo demás, que la actual legislatura tiene credenciales para abordar este asunto. No debemos olvidar que todos los diputados fueron elegidos en sistema proporcional y con estrictas leyes que limitaron la influencia del dinero en la campaña.n, y para la discusión de los fundamentos de nuestro Pacto Político, el proyecto propone vías expeditas y eficaces para un involucramiento ciudadano más directo. En ese sentido, tanto la idea del plebiscito de cierre (para ratificar o rechazar la propuesta de nueva Constitución), como la idea de una Convención Constitucional, que, debiera, en mi opinión, reunir tanto a un grupo de parlamentarios como a un número relevante de ciudadanos ajenos al mundo parlamentario, apuntan en la dirección de asegurar los máximos niveles posibles de legitimidad. Sería interesante explorar fórmulas que apunten en la dirección de la paridad de género. El trabajo de la Convención debiera ser precedido y acompañado de cabildos ciudadanos bien regulados y cuyos aportes deban ser considerados en la deliberación de la Convención.
Quisiera luego resaltar que el proyecto que comento se ajusta a las reglas vigentes en materia de cambio constitucional. La alternativa propuesta avanza, entonces, en la dirección de la participación sin renunciar al acatamiento leal de la institucionalidad.
El proceso constituyente tomará un tiempo. Por lo mismo, no parece razonable dilatar mucho más su inicio. Para cualquier consulta popular debieran aprovecharse los eventos electorales que ya están programados para los próximos dos años. Mientras tanto, los distintos sujetos sociales, organizaciones y partidos debieran plantear ante el país cuáles son sus proyectos constitucionales. Ello permitirá una discusión que avance hacia los contenidos y revelará, me parece, que junto a las legítimas diferencias, existen, también, muchos elementos de convergencia.
