Ya sea por los anhelos de cierta izquierda o el temor de cierta derecha, una de las ideas más reiteradas luego del acuerdo transversal firmado el pasado viernes es que el cambio a la Constitución se desarrollará a partir de una “hoja en blanco”. En algún sentido esto es así, pues el acuerdo no fija ninguna regla por defecto —la deliberación no estará formalmente condicionada—; pero la expresión se presta para equívocos y expectativas que no siempre se condicen con las dinámicas propias de la democracia contemporánea.
Ante todo, conviene recordar que las cartas constitucionales no tienen la posibilidad de rehacer los países. Ni siquiera los procesos revolucionarios o contrarrevolucionarios logran crear ex nihilo las instituciones; menos aún podría hacerlo un proceso constituyente en el contexto democrático de hoy. Después de todo, nuestro país cuenta con una evolución de tres décadas de vida democrática reflejada en la Constitución actual, así como también con múltiples tratados sobre derechos humanos ratificados y vigentes. En los hechos, nada de esto podrá ser simplemente desestimado.
Además, en Chile existe una larga tradición constitucional previa a la Carta Fundamental vigente, que en parte ella misma recoge (no por azar hay quienes han sugerido retomar el texto de la Constitución de 1925). Guste o no, esta experiencia también influirá en el proceso actual. Quizá el mejor ejemplo sea el proyecto constitucional que dejó presentado Michelle Bachelet antes de abandonar La Moneda, un insumo relevante para la actual coyuntura. Quien quiera que lo revise notará que, más allá de las preferencias de cada cual, aquel proyecto no surge ni remotamente de la nada.
El proceso constituyente en curso tampoco emerge desde cero, sino que es fruto de un acuerdo político que fija preliminarmente sus reglas, y será el mismo tipo de acuerdos el que deberá ir despejando las dudas en el camino. Así, llegado el momento, y siempre que la ciudadanía ratifique el cambio a la Constitución en el plebiscito de salida, deberán establecerse las disposiciones transitorias que permitan garantizar la continuidad institucional de la república. Se trata de un desafío significativo, pero inherente al proceso que hemos iniciado. Tal vez este puede ser leído como una hoja en blanco, pero a fin de cuentas se trata de una hoja más en una larga historia que no comienza ni termina con nosotros. (El Mercurio Cartas)
Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES
