El pasado 10 de agosto, cuatro ex alumnos del Colegio San Ignacio de El Bosque presentaron una demanda de indemnización en contra de la Fundación San Ignacio y la orden religiosa Compañía de Jesús en Chile. La acción -que fue acogida a tramitación por el 13º Juzgado Civil de Santiago- relata una serie de vejaciones que sufrieron los jóvenes durante su enseñanza básica entre los años 1986 y 1992 por parte del sacerdote y profesor Jaime Guzmán Astaburuaga.
Según la demanda, durante su permanencia en dicho colegio, el sacerdote solía hacerles preguntas de índole sexual en las confesiones, mantenía un lenguaje erotizado con los alumnos y fotografiaba desnudos a sus alumnos en diversas actividades extra programáticas, como talleres o retiros espirituales. Luego -consigna el escrito- era habitual que publicara algunas de esas fotografías en un diario mural ubicado frente a la oficina de la Rectoría de dicho establecimiento educacional, que en esa época encabezaba el sacerdote Fernando Montes.
Los demandantes -Sebastián Milos Montes (44), empresario; Daniel Palacios Muñoz (44), sociólogo; Allan Pineda García-Reyes (45), ingeniero comercial y Juan Pablo Barros Castelblanco (45)-, periodista exige ser indemnizados en $120 millones cada uno por concepto de daño moral, y acusan a las entidades demandadas de no solo de no tomar las medidas necesarias para evitar los abusos, sino que también de infringir el deber de cuidado al seleccionar a sus sacerdotes y docentes.
La acción -que fue acogida a tramitación el pasado 28 de agosto- es patrocinada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien también representa a víctimas del sacerdote Fernando Karadima y a la profesora de Teología Marcela Aranda, la principal denunciante del sacerdote Renato Poblete, también jesuita.
En la demanda -a la que tuvo acceso La Tercera PM y que cuenta con 28 hojas- Sebastián Milos es el único que abiertamente menciona haber sufrido “tocaciones impropias e indebidas (…) en sus genitales sobre su pantalón” por parte del sacerdote durante la confesión.
Tanto Allan Pineda como Daniel Palacios detallaron sus experiencias en un trabajo de invierno y un retiro en 1989, respectivamente, en los cuales Guzmán tomó fotografías incluso mientras los menores se encontraban en las duchas o los instó a bañarse desnudos en la piscina de la casa.
“En el año 2011, a raíz de la denuncia al sacerdote Fernando Karadima, (Daniel Palacios) recuerda que comenzó a tomar conciencia de lo vivido, el cual trajo aparejado un sentimiento de indignación. Este se acrecentó a comienzos del año 2018, cuando vio al sacerdote Fernando Montes, en el programa Estado Nacional, desmintiendo haber visto las fotografías en el pasillo del colegio San Ignacio”, consignó el escrito.
Según los cuatro demandantes, el sacerdote solía hacer preguntas de contenido erótico a los alumnos. “Jaime Guzmán incitaba a mis representados a que todo se relacionara con temas fálicos o sexualizados”, consignó el escrito.
El escrito presentado ante tribunales también desarrolla los movimientos que realizaron los denunciantes ante diversas instancias jesuitas para plantear su caso. Estos comenzaron, según se detalla ahí, entre 2009 y 2010, cuando Sebastián Milos sostuvo reuniones con exalumnos del colegio San Ignacio El Bosque, tras lo cual creó un grupo en Facebook llamado “Denunciemos al Cura Guzmán”, donde recibió relatos concordantes con su experiencia. Ahí, relatan, tomó contacto con el sacerdote jesuita Ismael Aracena, quien era el encargado del departamento de prevención de abusos del colegio.
En 2011, el Provincial de la Compañía de Jesús, el sacerdote Eugenio Valenzuela les comunicó a Milos y Pablo Álvarez, quien también denunciaba al sacerdote Guzmán, que existía una investigación en curso, por lo que no eran los primeros denunciantes. El año 2012, Valenzuela citó a Milos y Álvarez a su oficina para informarles que la Congregación para la Doctrina de la Fe había concluido que el Sr. Guzmán era culpable de abuso sexual, siendo condenado con la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal y la prohibición de tener contacto con menores de edad, por 5 años. “En dicha reunión se les pidió reserva de la información y no se les entregó copia de la resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe ni una síntesis de las conclusiones de la investigación”, según la demanda. Posteriormente en 2017, el nuevo provincial Cristián del Campo informó a ambos denunciantes que la Congregación para la Doctrina de la Fe había decidido ampliar la condena a Guzmán por 5 años más, luego de recibir nuevos antecedentes.
En 2018, la Compañía de Jesús, por primera vez, sacó un comunicado respecto del proceso administrativo penal contra Jaime Guzmán, indicando que en agosto de 2010 y a comienzos del 2011 se habían recibido testimonios contra dicho sacerdote, siendo hallado culpable por la Congregación para la Doctrina de la Fe en junio del año 2012, cuya pena correspondía a “la prohibición del contacto con menores de edad y la restricción de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal”, la cual cumplía en la actualidad.
En junio de 2019, la Compañía de Jesús informó la expulsión del sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga. Sin embargo, este último apeló y está pendiente la ratificación de la pena por parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe. “No estamos esperando esta ratificación para actuar y avanzar en la reparación ( a las víctimas)”, respondió el Centro de Prevención y Reparación de la Compañía a La Tercera PM.
La demanda relata también que desde el año pasado a la fecha ha habido intentos de negociar una reparación económica y simbólica, pero que ésta no ha prosperado. Es así como durante 2019 los demandantes se reunieron con representantes de la Compañía de Jesús, la cual estableció -según el escrito- cuatro tramos respecto al monto económico a indemnizar según la gravedad de los hechos. El primero de ellos era sin indemnización; el segundo era de $15 millones; el tercero, de $60 millones; y el cuarto, de $120 millones.
Cada uno de los demandantes recibió una propuesta de compensación, pero no hubo acuerdo. Según el escrito, a Sebastián Milos se le ofreció el monto de $15 millones, reconociendo la existencia del daño causado, aunque la Compañía reiteró que, a su entender, los hechos no eran constitutivos de delito, por lo que lo indemnizarían por haber sido el primero en denunciar. Mientras que a Juan Pablo Barros, Allan Pineda y Daniel Palacios no se les ofreció compensación.
“A nuestro entender, la Compañía de Jesús y el Colegio San Ignacio de El Bosque no solo facilitaron la comisión del ilícito, sino que permitieron que los hechos siguieran ocurriendo, en total impunidad, hasta al menos 1994. Los hechos fueron denunciados por el padre de Sebastián Milos en 1989 ante la máxima autoridad del colegio, el rector Fernando Montes, quien no realizó ninguna gestión investigativa o sancionatoria respecto a Guzmán”, concluyó la demanda.
“Si bien hemos implementado medidas de reparación concretas, en diálogo con las víctimas, nos parece completamente legítimo que algunas opten por el camino judicial, sobre todo considerando que los tribunales son el ente estatal y objetivo dedicado a impartir justicia. Mientras, seguimos estando disponibles para seguir buscando, en conjunto con las víctimas, todo lo que pueda colaborar en la sanación de quienes han sido dañados, porque a través del trabajo del Centro de Prevención y Reparación de la Compañía, queremos ser un aporte en los procesos de reparación”, afirmaron a La Tercera PM desde el Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de Jesús.
Esta entidad comenzó a funcionar durante abril de 2019, luego de las recomendaciones del informe de la Comisión de Estudios sobre Prevención y Abusos de 2018. La oficina busca desarrollar estrategias para evitar abusos, así como recibir las denuncias por comportamientos en este ámbito en contra de jesuitas y está integrada por profesionales expertos en temas de prevención y reparación de abuso.
“De esta manera se han establecido estrictos y profesionales protocolos de prevención, que ya están actualizados y operativos en las distintas obras, instituciones y colegios de la Compañía. En ese mismo contexto, el equipo del CPR ha podido visualizar que una de las necesidades, es la implementación de más procesos formativos o de capacitación para los encargados de prevención de las distintas instituciones, tarea que se está desarrollando y se seguirá reforzando”, concluyó. (La Tercera)
