El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó la solicitud de desafuero para el senador Manuel José Ossandón, en el marco de la investigación contra el legislador por presuntos delitos de tráfico de influencias.
La intención de la acción judicial es que el Pleno de la Corte Suprema, “conociendo de la apelación interpuesta, revoque dicho fallo, y acoja la solicitud de desafuero”, dice el escrito elaborado por el abogado Marcelo Chandía.
Entre otros puntos, en el texto el abogado del CDE argumenta que “el levantamiento del fuero parlamentario no debe entenderse equiparable a una decisión sobre el fondo del asunto, vale decir concerniente a la comprobación acabada del delito en toda su estructura y de la atribución de responsabilidad al imputado, sino la declaración de existir antecedentes suficientes para dar lugar a la formación de causa en contra del aforado. Cabe, por lo tanto, descartar en esta sede el análisis que conduzca a determinaciones que pudieren importar un prejuzgamiento de aquello que tendrá que ventilarse en el juicio correspondiente”.
Este miércoles la Fiscalía Metropolitana Oriente ingresó a la Corte Suprema el texto para intentar revertir el rechazo -por nueve votos contra cinco- de la Corte de Apelaciones de San Miguel a la solicitud de desafuero de Manuel José Ossandón.
En agosto de 2020 el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Puente Alto audiencia para formalizar al senador. Tras esto, Ossandón solicitó suspender su militancia en Renovación Nacional hasta que concluyera el proceso judicial en su contra. El día 11 de ese mes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el parlamentario.
La indagatoria surgió a raíz de una denuncia del alcalde de Pirque y primo del senador, Cristián Balmaceda, quien lo acusó de intervenir en el concejo municipal y ante su persona en favor de la empresa Cavilú, de la que su hijo Nicolás Ossandón era administrador, con la finalidad de asegurar concesiones de explotación de áridos en el sector del Río Maipo.
En el marco de esa investigación, por esos días el Juzgado de Garantía de Pirque alzaba el secreto bancario de las cuentas del congresista durante los años 2017 y 2019.
Así, el 26 de agosto de 2020 el legislador fue formalizado por delitos reiterados de tráfico de influencias.
Para continuar con el proceso, el 12 de enero de este año el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, solicitó a la Corte de Apelaciones de San Miguel el desafuero del senador.
El 29 de marzo pasado los 14 ministros que escucharon los alegatos de Guerra, del Consejo de Defensa del Estado y del defensor Samuel Donoso decidieron rechazar la solicitud de desafuero. (La Tercera)
