En estos días, vamos a resolver con el Presidente de la República, cómo darle un reimpulso a la reforma que está actualmente en el Senado”. Eso fue lo que dijo el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, el pasado 5 de junio en Cooperativa respecto a la reforma previsional.
¿Qué significa eso? “Déjeme trabajarlo bien con el Ministerio de Hacienda, con el Presidente de la República. El Presidente se refirió a este tema en su mensaje a la nación el 1 de junio, nosotros no vamos a bajar los brazos en agotar todos los esfuerzos por lograr la mayoría que necesitamos, aunque sea con un sector de la oposición, no pretendo con toda”, añadió en esa oportunidad el ministro.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, también dijo la semana pasada en T13 Radio que “nos interesa mucho el tema de pensiones, nosotros tenemos que retomar ahora el tema de pensiones”.
Pese a que la reforma previsional parece haber perdido fuerza en el Congreso, pues está en pausa en el Senado hace ya algún tiempo, fuentes conocedoras señalan que para dar un reimpulso al proyecto, el gobierno estaría evaluando si introduce algunas modificaciones. Y una de las alternativas que se estaría barajando de manera preliminar es una Pensión Básica Universal (PBU). En todo caso, recalcan que no hay nada zanjado.
Esta idea no es nueva, y ha sido planteada por distintos actores entre 2019 y este año, como los partidos de oposición, que han hecho esta propuesta en distintas oportunidades; pero también los partidos de gobierno; departamentos de estudio; economistas; y las AFP; donde cada uno plantea algo distinto, aunque con un objetivo en común.
Tampoco se ha descartado la idea de que pueda existir un suplemento de cotización a todos los trabajadores activos. Cabe recordar que el gobierno ya había hecho una propuesta en ese sentido cuando ingresó su propio proyecto para un tercer retiro del 10% en AFP, donde también introdujo un mecanismo de recuperación de fondos.
Allí lo que planteaba era que por cada cotización mensual que efectúen los afiliados en su cuenta individual, el Estado otorgará a todos un 1% adicional de cotización mensual, con tope de UF0,3. En todo caso, en esa oportunidad esta idea no tuvo una buena acogida de la oposición, en parte porque estos fondos se destinarían a la cuenta individual que tiene cada persona en su AFP.
Si bien varios actores han plantado una PBU, no se había conocido, hasta ahora, que el gobierno haya evaluado algo de este tipo. Solo existía un acercamiento del gobierno con la PBU: a inicios de este año la oposición le pidió al Ejecutivo que realice modelaciones sobre lo que significaría aumentar el Pilar Solidario más allá de la propuesta del gobierno, o pasar a una PBU.
En esa ocasión, el entonces director de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Matías Acevedo, acudió a presentar a los senadores esta modelación, pero fuero claro al decir que “no significa que nosotros estamos promoviendo esto, solo estamos contestando la pregunta que nos hizo la Comisión sobre cuál es el costo de esto bajo ciertos supuestos”.
Allí planteó que el gasto incremental de subir el Pilar Solidario a un 80% sería de $870.637 millones (unos US$1.179 millones) en régimen (2032). El costo de pasar a un 90% serían de $1.237.292 millones (unos US$1.675 millones) el mismo año. Y pasar a una cobertura del 100% significarían $1.359.511 millones (cerca de US$1.841 millones).
Y sobre la PBU, los cálculos del gobierno arrojaron que el costo sería mucho mayor: US$6.295 millones en 2033. Eso sí, hay que considerar que aquí se usaron algunos supuestos determinados, por lo que el costo de una PBU varía según los supuestos utilizados.
Acevedo concluyó que “el gasto de la PBU es similar a duplicar el gasto actual del sistema de pensiones solidarias”. Lo anterior, considerando que los cálculos de la Dipres arrojaron que al 2032 el gasto del Pilar Solidario es de 1,4% del PIB, y a esto habría que sumar un 1,59% del PIB para entregar una PBU, lo que en el neto se traduce en un 2,99% de gasto total.
Y los supuestos que usaron fueron los siguientes: la PBU que se entrega es de $177 mil; y la única condición de exclusión que se usó fue el monto total de pensión, expresada como una reducción paulatina de la PBU a partir de cierto umbral para evitar discontinuidades. Esta disminución ocurre para las personas que tienen una pensión de $500 mil. Solo no reciben ningún tipo de beneficio quienes tienen una pensión mayor a $1,5 millones.
También se contempló para el cálculo una reestructuración del sistema de pensiones solidarias, y que esta PBU se entrega a todos los mayores de 65 años.
La economista y académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, también ha hecho la propuesta de una PBU, junto a Patricio Arrau. En esa línea, el costo anual lo estiman en US$7.522 millones para el primer año (2022), considerando una PBU equivalente a $177 mil al mes (UF 6 al mes), y reemplazando al actual sistema de pensiones solidarias.
Esto se compara con los US$5.014 millones que costaría en 2022 el Pilar Solidario en caso de aprobarse las indicaciones del gobierno para aumentar la cobertura a un 80% de la población, indica el documento. Eso sí, considera que se entrega esta PBU y no se sube la cotización en 6 pp, ni se crea el fondo de ahorro colectivo que propone el gobierno en la reforma. (La Tercera)