Chile necesita una mejor educación por al menos dos razones. La primera es “civilizatoria”: el siglo XXI se anuncia complejo y necesitamos un pueblo más educado. Lo público será cada vez más importante. Que los ciudadanos sean capaces de entender su entorno y actuar proactivamente hará una diferencia en la calidad de vida social.
La segunda es económica: un mayor nivel educacional compensará la alta dotación de recursos naturales de Chile. Estos, en particular los no renovables como el cobre, remuneran fundamentalmente a sus propietarios y su escaso personal calificado. Una mirada “estructural” de la desigualdad sugiere que se puede corregir con calidad de la educación pública.
¿Qué tiene la reforma en calidad? Los críticos dicen que poco. Sin embargo, la gratuidad genera condiciones para mejoras de calidad. Los países OCDE con gran calidad son gratuitos.
La derecha objeta la gratuidad porque los padres, al dejar de contribuir, no tendrán sentido de propiedad sobre la educación de sus hijos. Puede ser, pero el argumento es débil. Que la familia tenga “sentido de propiedad” sobre el servicio es para que actúe como consumidor y el colegio, como oferente. El derecho de los consumidores es tal que si la calidad es deficiente, el proveedor debe compensar. A muchos proveedores no les importa la opinión de los clientes sobre la calidad; simplemente cambian el producto. En servicios, se ofrece calidad percibida a los ojos de quien la juzga. En educación, al parecer las familias valoran la infraestructura, y los colegios subvencionados han mostrado avances en ello.
En calidad, la relación entre padres y profesores no es fácil de predecir. Algunos padres entienden que un buen profesor debe exigir y que las notas deben reflejar conocimiento, mientras otros piensan lo opuesto: pagan para que el niño tenga buenas notas y pase de curso. La dinámica de calidad de la educación no está garantizada en un sistema educacional “consumista”.
Con gratuidad los padres no hacen esfuerzos financieros. Quizás no sentirán “propiedad” sobre la educación, pero no es seguro: mal que mal, son sus hijos. Pero los profesores ya no tendrán “clientes” que exijan visiones contradictorias sobre calidad. Podrán así desplegar los planes educacionales con el nivel de exigencia apropiado. La calidad es posiblemente más alta en este caso.
Un régimen de gratuidad resguarda la soberanía del profesor como autoridad responsable de la calidad. Si la agenda contempla más y mejor capacitación y más horas no lectivas, logrará mejorar la educación. (La Segunda)
