“Dicen que la política es la segunda profesión más antigua. Me estoy dando cuenta de que cada vez se parece más a la primera”. Ronald Reagan
La corrupción política alcanza ribetes de alarma. Nos creímos un país libre de este flagelo durante décadas, pero en el último tiempo, la cantidad y variedad de casos que han salpicado a la política nacional, nos revela que se trata de un problema ético mucho más generalizado y profundo de lo que quisiéramos. Nos jactábamos en poner el caso argentino como un ejemplo de lo que no queríamos replicar en Chile, pero ya estamos cada día más cerca de emularlos. Un fenómeno que corre desde la cota cero hasta la mil; que cruza desde izquierdas a derechas; que permea los distintos poderes del Estado, alcanzado los gobiernos locales; y que no está dando tregua.
La confianza ciudadana en las principales instituciones políticas del país está en el suelo. Los políticos hablan de limpiar la política, pero despliegan escaso esfuerzo en ello. Más bien diría lo contrario. Sólo les interesa seguir ampliando el tamaño del Estado, a través de la creación de más ministerios, servicios o empresas públicas, para ampliar sus espacios de poder, privilegios y prebendas. Es más fácil hacer crecer la grasa corporal del Estado, que su musculatura. Los organismos encargados de su supervisión, control y fiscalización no dan abasto ante la reiteración de los casos de falta de probidad y transparencia en el aparato estatal. La Contraloría General y el Consejo para la Transparencia demandan permanente más recursos y atribuciones para cubrir la amplitud de áreas o conductas excluidas de sus competencias.
Cuesta reconocerlo, pero en nuestro país se está desarrollando e instalando una fuerte y acentuada cultura de la corrupción. A nivel de la cota cero, ya no sólo tenemos los casos de corrupción que han afectado al Congreso Nacional, sino que también aquellas situaciones ilegales que han surgido en los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, vinculadas al Frente Amplio y a la UDI, respectivamente. Al caso de las contrataciones de familiares, amigos u operadores políticos, se suma el asunto de las luminarias LED, que alcanzó a muchos municipios, incluyendo Recoleta del PC, orquestado desde el Ministerio de Energía. A nivel de una cota intermedia, tenemos el caso de la Municipalidad de San Ramón, cuyo alcalde -militante del PS hasta el 2017- se encuentra formalizado y privado de libertad por delitos de corrupción.
Los municipios de la cota mil tampoco están exentos de esta corruptela. El caso denunciado en la Municipalidad de Vitacura, históricamente un bastión de RN, amenaza con destapar un conjunto de malas prácticas que rodean la gestión de las corporaciones municipales, las mismas que fueron replicadas más tarde en Lo Barnechea, otro feudo RN. Estas entidades son verdaderas “cajas negras”, totalmente al margen de la fiscalización de la Contraloría, lo que ha dado pie para todo tipo de sospechas durante años. No sería de extrañar que esta modalidad de “contabilidades paralelas” se haya extendido a muchos otros municipios a lo largo del país.
Atrás quedó esa época en los chilenos decían “no, aquí en Chile eso no pasa”, en respuesta a los casos de corrupción que surgían en países vecinos. Las históricas comparaciones con Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, entre otros países, ya no tienen razón de ser. Ya estamos contagiados. Una crisis ética de proporciones. El actual nivel de descomposición moral de la clase política debería ser motivo de preocupación y vergüenza entre los chilenos. Pero para bailar un pie de cueca, se necesitan dos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias? Temo que no. (El Líbero)
Francisco Orrego
