Fondo Solidario: uso de excedentes divide a rectores del Cruch y Mineduc

Cuando un estudiante con gratuidad excede la duración nominal de sus carreras, es decir, se atrasa por la razón que sea, los años que le falten para terminar deben autofinanciarse. Así, algunos acceden a becas, a créditos de alguna índole o, aunque son minoría, simplemente terminan abandonando por falta de recursos. Eso sí, el pago es reducido, toda vez que la ley dispone que las instituciones cobren como máximo el 50% del arancel, mientras que la otra mitad debe ser asumida por la casa de estudio. Ahí se origina el reclamo de las universidades.

En este contexto, el Mineduc emitió la semana pasada la resolución que flexibiliza el acceso de las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) a los excedentes que cada una genera en el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).

“Circunstancias extraordinarias ameritan medidas extraordinarias y esto es un ejemplo de ello”, señala Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, quien agrega que en razón de la pandemia, que se impone como una de estas circunstancias extraordinarias, “el Estado ha decidido que acceder a estos excedentes es una manera extra de ayudar a las instituciones y, sin duda, va en la línea de apoyarlas en estos tiempos complejos”.

En ese sentido, según explican desde la cartera de Educación, este año dicha flexibilidad permitirá que las instituciones pertenecientes al Cruch accedan a $ 69.134.013.339 (entre excedentes anuales y acumulados) y a modo de comparación reseñan que en 2020 se pudieron retirar casi $ 13.500 millones de los excedentes -esa vez solo anuales- del FSCU de 2019.

La diferencia entre 2020 y 2021 es que si bien en la discusión presupuestaria de ambos años el Mineduc introdujo glosas a la ley de presupuestos que permiten que las instituciones accedan a una parte los excedentes anuales para solventar estos gastos asociados a los estudiantes que pierden la gratuidad, para 2021 se otorgó el acceso a los fondos acumulados hasta 2019 considerando esta vez la pandemia del Covid-19. En simple: los excedentes de 2020 se podrán usar para suplir los costos asociados a gratuidad, mientras que los excedentes acumulados hasta 2019 se podrán usar para paliar lo asociado a la pandemia por una única vez.

“Los excedentes están definidos en la resolución exenta que ya emitimos, ahí dice el monto al cual puede acceder cada universidad y la ley dice para qué se pueden usar estos recursos”, reseña el subsecretario Vargas.

Así, por ejemplo, según cifras de la subsecretaría que comanda, la institución con más excedentes es la Universidad de Concepción, con $ 7.270.600.580, luego le sigue la Universidad de Santiago, con $ 7.155.863.380, en tercer puesto asoma la Universidad de Chile, con $ 7.089.002.844, y en cuarto lugar la Universidad Católica, con $ 6.754.960.880.

Pero ¿cómo se generan dichos excedentes? La entrada en vigor de la gratuidad originó que los montos recuperados anualmente -es decir, lo que pagan en un año los estudiantes egresados- hayan superado de manera sistemática a los montos otorgados a cada institución, por ley, cada año. Así, anualmente se han generado excedentes y se han acumulado en el tiempo.

En ese sentido, en la cartera educativa explican que a las universidades del Cruch ya se les permitió acceder al 35% de sus excedentes del fondo 2020 para suplir lo asociado a la gratuidad, sin tener que regresarlo, y que ahora adicionalmente, con la resolución emitida la semana pasada, pueden acceder al 25% de los excedentes acumulados al 2019, los que tienen que únicamente hacer frente a gastos de pandemia y son recursos que tampoco se exigen de retorno.

*Montos de las universidades que cuentan con excedentes. Fuente: Subsecretaría Educación Superior

VISIÓN DE MIEMBROS DEL CRUCH

Consultados por el tema, las voces de las casas de estudio y algunos de sus rectores es similar: aún hay disconformidad.

“Se requiere que el uso de los excedentes del Fondo Solidario sea mucho más flexible para paliar, en alguna medida, las mermas de los ingresos por aranceles, producto de la entrada en vigencia de la implementación de la gratuidad”, expone Elisa Araya, rectora de la Umce, quien añade que si existiese mayor flexibilidad, “esto podría llegar a convertirse en una medida que ayude a resarcir el mayor gasto en el que se ha incurrido para poder continuar con los procesos formativos, sobre todo en contexto de pandemia”.

Y añade: “Se requiere que el Estado entregue recursos de apoyo para solventar dichos gastos que las universidades tuvieron en, por ejemplo, computadores, tecnología o internet”.

Mientras, Marisol Durán, rectora de la Utem, dice que se debe tener presente que el FSCU fue creado con aportes del Estado para cofinanciar aranceles de pregrado a alumnos que cumplan los requisitos establecidos por el Mineduc, entre ellos, vulnerabilidad y excelencia académica y que los excedentes de este fondo de crédito se generan cuando los exalumnos pagan el crédito otorgado, es decir, el Estado termina poniendo más dinero de lo que cada universidad gastó.

Así, argumenta, la gratuidad financia los aranceles solo por el período de duración de la carrera y a los alumnos que exceden dicho período la universidad solo puede cobrarles la mitad del arancel. “Sin embargo, los parámetros definidos para flexibilizar el uso compensatorio del FSCU aún resultan escasos, por lo que se necesita mejorar la cobertura de dicha flexibilización en beneficio del financiamiento que, en nuestra opinión, no debe ser soportado por las instituciones de educación superior”, asegura.

“A la universidad se le permite recuperar solo una parte de la pérdida provocada por el cobro de solo la mitad del arancel, con cargo al FSCU, siendo que a nuestro entender debiese permitírsele recuperar desde dicho fondo el total de la pérdida señalada”, cierra la máxima autoridad de la Utem.

En tanto, desde la Universidad Católica de Valparaíso su rector, Claudio Elórtegui, asegura que esta posibilidad, aunque la ley estableció un uso limitado, “es un avance positivo en la medida en que permite a algunas instituciones contar con esos recursos para paliar los problemas asociados a la pérdida de gratuidad y también la pandemia”.

“En lo más próximo sería muy conveniente y necesario que el presupuesto 2022 contemple también la posibilidad de establecer una modalidad de uso de estos recursos durante varios años, en forma gradual y también poder acceder a una mayor cantidad que lo que estableció el presupuesto de este año”, añade.

Eso sí, el rector señala que con estos fondos ocurre “una verdadera paradoja”, por el mero hecho de que existan y que las instituciones no los pueden usar, “cuando estamos realmente con muchas necesidades asociadas a situaciones permanentes, pero además asociadas a la pandemia”.

Desde la Universidad de Chile hacen un repaso de cómo en las leyes de presupuesto de cada año se ha dado la posibilidad de hacer uso de estos excedentes hasta llegar a la venidera: “En el proyecto de Ley de Presupuestos 2022 del gobierno solo se incorpora la autorización del uso de hasta el 35% de los excedentes del Fondo Solidario generados en 2021 para el financiamiento de las obligaciones derivadas de estudiantes que, habiendo sido beneficiados con la gratuidad, hayan excedido la duración formal de sus carreras hasta en un año. No señala nada respecto de autorizar el uso para cubrir los mayores costos de pandemia y menores ingresos, en particular, por ejemplo, para apoyar el retorno a la presencialidad, como es la generación de salas híbridas y otras adecuaciones”. (La Tercera)