En su columna del miércoles, Andrea Encalada y Fernando Carvallo, encargados de educación superior del programa de Gabriel Boric, abordan parte de su propuesta de condonación del CAE. Al respecto vale la pena aclarar ciertos elementos.
Los encargados detallan que la medida tendría un costo aproximado de US$ 4.700 millones, cifra muy inferior a los cerca de US$ 10.000 millones que han sido calculados por diversos centros de estudios y expertos en el área. ¿Cómo obtienen esta cifra? Según los autores, basta con que el Estado, que como aval ya es acreedor del 56% de la totalidad de la cartera valorada en unos US$ 5.700 millones, haga “ajustes contables” graduales en el tiempo y convierta sus activos financieros en humo.
Esto es un error básico de contabilidad fiscal que denota voluntarismo. Independientemente de que el dinero ya haya sido desembolsado, este no es gasto, sino inversión: el fisco pretende recuperar parte de esa deuda en el tiempo, justamente para financiar a más estudiantes. En otras palabras, la propuesta implica que el Estado deje de recibir US$ 5.700 millones; luego, el costo de condonar el CAE es de algo más de US$ 10.000 millones: el doble.
Sin perjuicio de lo anterior, llama la atención que luego de criticar el CAE, los representantes del comando de Boric propongan un nuevo crédito estudiantil. Sorprende, primero porque es improbable que alguien pague la deuda a un acreedor que, bajo presión y en medio de vientos populistas, esté dispuesto a condonar. Pero también sorprende porque las características del crédito propuesto por Boric —público, sin bancos, solidario— son muy similares a un proyecto de ley (el SIFS), presentado en 2018, que ha sufrido un bloqueo legislativo total por los mismos parlamentarios que apoyan la candidatura del representante de Apruebo Dignidad. A menos que provean más detalles, los autores harían bien transparentando a sus lectores que su solución para condonar no solo es fiscalmente inviable, sino que implica el diseño de otro crédito, algo que podría haberse hecho hace dos años para alivio de los estudiantes si no fuera por la conducta obtusa del sector que representan.
Ojalá nuestras diferencias con la propuesta terminaran aquí, pues no estamos hablando más que de finanzas públicas y estrategias políticas, que son parte de un debate saludable. Pero trasunta, de forma cada vez más explícita, del discurso del candidato Boric y de sus encargados, un rechazo atávico a lo que llaman “un sistema hegemónicamente privado”. Pareciera que la voluntad no declarada de sus impulsores no es evitar el endeudamiento (pues ellos proponen lo mismo), sino buscar las herramientas que sean necesarias y pagar el precio que sea para detener el progreso del sistema de educación superior privado, que no cuenta ni con generosos aportes fiscales basales ni con el discriminatorio trato preferente que tiene el CRUCh. Aunque esto equivalga a dejar de ayudar a los miles de estudiantes que, año a año, eligen libremente estudiar en la educación superior privada.
Daniel Rodríguez
Director ejecutivo de Acción Educar
Ana María Peñafiel
Investigadora senior de Acción Educar
Francisco Alessandri
Investigador de Acción Educar
