Fondos públicos y partidos políticos-Luis Cordero Vega

Fondos públicos y partidos políticos-Luis Cordero Vega

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Con la reciente aprobación de la reforma electoral, mediante la cual se sustituye el sistema binominal que forzosamente obligaba al empate, por uno proporcional en donde existen incentivos a la competencia, la participación y diversidad de proyectos políticos, resulta inevitable comenzar la discusión sobre la regulación a los partidos políticos y, en especial, sobre el modelo de su financiamiento estatal. Algo inevitable en las actuales condiciones de nuestro debate público.

El Estado asigna fondos públicos para dos propósitos: por un lado, porque con ello permite el adecuado funcionamiento del aparato público, y por el otro, entrega recursos a sujetos que, sin formar parte del Estado, realizan actividades de interés general, respecto de las cuales socialmente justificamos esos aportes. En ambos casos las reglas de asignación de montos, la transparencia y rendición de cuentas son esenciales para cumplir con el fin público que se persigue.

Por estos motivos, y aunque podría resultar algo obvio, quienes reciben esos fondos no los pueden destinar a cualquier objeto y, por lo mismo, no resulta admisible obtener provecho personal a partir de ellos. Eso explica que en prácticamente todos los sistemas legales la gestión de los fondos públicos esté intensamente regulada, los sujetos públicos o privados que los reciben estén sometidos a estrictos escrutinios y las infracciones, incluso formales, sean severamente castigadas. El diseño institucional en tales casos, resulta esencial para la efectividad de las medidas de control.

Aunque para muchos no sea una propuesta popular, pasar a un financiamiento estatal de partidos políticos es una decisión sensata, porque con ajustes sencillos obliga a éstos a alejarse de mecanismos de financiamiento que lesionen su independencia —una cuestión relevante en cualquier sistema de partidos en una democracia representativa—, en la medida que trata de neutralizar el poder del dinero en la gestión habitual de la política, estableciendo estándares de transparencia sustancialmente mayores a los actuales.

Pero para que un sistema así sea eficaz de cara a la calidad del sistema democrático, necesitamos que temas como el destino de los fondos, el gestor fiduciario de los mismos, la rendición de cuentas, la aprobación de la misma, la institucionalidad que realice su control —que no necesariamente debe ser el Servel dado que su expertise no es el control de fondos— y el régimen de responsabilidad personal de los que deben gestionar los recursos, sean decisiones inevitables para lograr los resultados esperados y no seguir afectando la legitimidad del sistema de partidos. (La Segunda)

 

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