La Mesa Directiva de la Convención Constitucional confirmó que un total de 2.496 iniciativas populares de normas pasaron el filtro de admisibilidad. Hubo una en particular que llamó la atención, ya que su título era «Cárcel para Sebastián Piñera». Según explicaron desde la Comisión de Participación Popular, la norma fue admitida porque cumple con los requisitos y el artículo que propone no se refiere precisamente a encarcelar al actual jefe de Estado, sino que busca «Garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un Presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo».
La Comisión de Sistemas de Justicia comenzó la votación en general de las primeras normas referidas a principios y estructura de la Jurisdicción; Consejo de la Justicia; Jurisdicción militar; entre otros. En la sesión, se aprobaron algunas normas que apuntan a lo que se denomina «pluralismo jurídico». Esto significa que en un mismo país conviven varios sistemas de justicia.
Además, se aprobó una norma sobre justicia local que busca que el legislador cree «un sistema de administración de justicia para la resolución de conflictos de pequeñas cuantías y aquellos propios de las relaciones de vecindad». Asimismo, se aprobó un sistema de justicia feminista y la creación de un Consejo de la Magistratura, el cual busca «velar por la independencia judicial y la efectiva separación de funciones entre el ámbito jurisdiccional y la gestión administrativa».
La Comisión de Pueblos Originarios logró llegar a un acuerdo para dar inicio a la Consulta Indígena. En la sesión, se aprobó el cronograma propuesto por la Secretaría Técnica, donde se establece que la Consulta Indígena comienza el mismo 24 de enero y en una primera etapa el trabajo se centrará en la difusión y educación del proceso participativo. El 14 de febrero partirá la etapa de «Diálogo y Deliberación», día en que se inician los encuentros territoriales de la Consulta Indígena. Finalmente, habrá un período de sistematización de la información emanada de los diálogos de los pueblos originarios.
Según la propuesta de la Secretaría Técnica, el presupuesto de la Consulta Indígena alcanzaría los $1.400 millones, lo que implica gastos en remuneraciones y profesionales técnicos que ejecuten las tareas del proceso.
Principios Constitucionales y Sistemas de Conocimiento, se sumaron a las comisiones que comenzaron la votación en general de sus primeras iniciativas de norma. Particularmente, en Sistemas de Conocimiento hubo un acuerdo casi unánime para aprobar la mayoría de las propuestas. Entre ellas, generaron consensos las iniciativas que apuntaban a garantizar derechos digitales en la nueva Constitución.
Las normas aprobadas responderían a una lógica escalonada, en el sentido de que se busca garantizar el derecho al acceso y conectividad; luego a la alfabetización, y posteriormente a un tema más específico como es la violencia digital.
Mientras tanto, en la Comisión de Medio Ambiente continuaron con la votación en general de las normas. Entre ellas, se aprobó una propuesta donde se establece la «nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas«.
La iniciativa contempla que dentro de los cinco primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, «el Gobierno de Chile deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional y paritaria, encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados».
Lo anterior alertó a algunos gremios empresariales, quienes criticaron la medida. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, dijo que le parece «incorrecto, inadecuado e infundado». «Es una mala señal y la Convención no puede actuar de esta forma», añadió, aunque cree que esta norma será rechazada en el Pleno.
Mientras que para el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, «hay que esperar las decisiones que tome el Plenario de la Convención, donde esperamos que imperen mayores cuotas de sensatez».
Uno de los temas que marcó la jornada fue la declaración de la Corte Suprema a raíz de una de las propuestas aprobadas en general en la Comisión de Sistemas de Justicia, donde se fijaba un período de ocho años para los magistrados de primera instancia y de los ministros de la Corte de Apelaciones.
Según el comunicado leído por la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la propuesta «no solo contradice las recomendaciones internacionales, sino que pone en riesgo un elemento fundamental de toda sociedad democrática, como es el contar con jueces independientes, y por tanto inamovibles hasta la edad de jubilación, en tanto mantengan buen comportamiento».
Además, un grupo de constituyentes del Partido Comunista, de Movimientos Sociales, entre otros, presentó a la Convención una iniciativa de norma que busca crear un Consejo Nacional de Medios de Comunicación que vele por el funcionamiento de los medios y que entreguen información veraz.
En conversación con Pauta Final, de Radio PAUTA, la constituyente Valentina Miranda (PC), explicó que el objetivo es «promover el pluralismo y cuando hablamos de promover el pluralismo hablamos de que el Estado finalmente tiene que garantizar el acceso a la información, tiene que garantizar el derecho humano a la comunicación».
MIÉRCOLES 26 DE ENEROEn cuanto a la participación popular, una serie de nuevas iniciativas lograron las 15 mil firmas, entre ellas la «Protección de los animales»; «Salud mental gratuita como derecho»; «Derecho a la protección de la primera infancia y la maternidad»; «Una Constitución para trabajadores y trabajadoras»; entre otras.
Convencionales del Partido Comunista ingresaron una norma que establece una Comisión Evaluadora que revisará el desempeño de los ministros de cortes de Apelaciones y la Suprema de acuerdo a méritos, probidad en el cargo, defensa de los Derechos Humanos, entre otros. En caso de no superar la prueba, los ministros cesarán en el cargo.
Al respecto, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en conversación con Primera Pauta, de Radio PAUTA, dijo que la iniciativa, a título personal, no la comparte. «Pretender crear una comisión que haga evaluación de los jueces […] en el fondo lo que se quiere es hacer cesar a los jueces y reemplazarlos […] Es una situación muy compleja […] esto ya no es poner en riesgo [la independencia], es afectarla», aseguró.
En tanto, en el cerro Santa Lucía, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (MSC), junto a las coordinadoras de la Comisión de Pueblos Originarios, Margarita Vargas (Kawéscar) e Isabella Mamani (Mapuche) y los convencionales de escaños reservados, dieron la partida formal a la Consulta Indígena.
La presidenta de la Convención afirmó que el presupuesto estimado por la Secretaría de Participación y Consulta Indígena aumentó de $1.400 millones a $2.400 millones. Sus dineros, aseveró, todavía no están en ejecución. Al ser consultada por el financiamiento de esta -y, en concreto, si los recursos están disponibles-, Quinteros dijo que esto está en evaluación. «Recordar que tenemos muchos convenios, tenemos que ver colaboraciones, este monto es la valorización total. Hay cosas en que afortunadamente muchas organizaciones de la sociedad civil del país nos van a apoyar», señaló.
En ese contexto, la Segpres envió un oficio a la Mesa Directiva de la Convención donde señalan: «Nos preocupa el que pocos días atrás se haya señalado que se requería un presupuesto de más de 1.410 millones de pesos para la realización de la consulta […] dicho monto excede con creces la disponibilidad presupuestaria«.
Además, se vivió un día clave en la Comisión de Sistema Político, donde se comenzó a votar en general las primeras normas sobre Estado Plurinacional, Régimen Político, integración del Congreso, sistema electoral y generación de la ley.
De las seis normas ingresadas sobre Plurinacionalidad solo dos fueron aprobadas. Justamente, las que habían sido elaboradas por los pueblos originarios y que, en general, establece que los pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado de Chile.
En cuanto al régimen de Gobierno, de las siete normas que se votaron en general solo una prosperó: la que establecía un presidencialismo atenuado, aunque para concretarse hubo que resolver una pequeña ecuación. Los votos estaban prácticamente empatados entre ambos sistemas. De hecho, algunas propuestas que establecían el presidencialismo atenuado, como la del Colectivo Socialista y la de la derecha, fueron rechazadas por la Comisión.
En concreto, la propuesta del Partido Comunista establece una dupla paritaria en La Moneda, encabezada por una presidencia y una vicepresidencia. Según explicó el convencional Marcos Barraza (PC), la Jefatura de Estado y de Gobierno recaen en el Presidente -es decir, conserva el régimen político presidencialista-, quien tendrá atribuciones como dirigir la administración del Estado, nombrar y remover ministros, conducir las relaciones exteriores y otorgar indultos particulares, entre otros. Mientras tanto, la Vicepresidencia tendrá tareas administrativas, coordinará el gabinete y será la encargada de representar al Presidente en el Congreso. Un esquema parecido ocurre en Estados Unidos y Argentina.
En cuanto a la composición del Congreso, los integrantes de la comisión optaron por inclinarse hacia el unicameralismo. Específicamente, la norma establece un «Congreso Plurinacional Unicameral», compuesto por un número «no inferior» a 205 integrantes que deberán cumplir con el criterio de paridad, donde al menos el 50% de su composición sean mujeres y que exista una representación efectiva de identidades trans y no binarias.
Una nueva visita hicieron los gremios empresariales a la Convención, donde se reunieron con la presidenta Quinteros. Según explicó el presidente de la CPC, Juan Sutil, el motivo del encuentro era manifestar el interés y preocupación por participar del proceso constituyente.
«Lo que está pasando en la Convención es que precisamente lo que tiene que hacer es generar estabilidad, representar a todos los chilenos», dijo Sutil, y agregó que las normas que buscan terminar las concesiones en territorios indígenas «ponen inestabilidad y no permite una mirada de largo plazo».
La presidenta, en tanto, hizo un llamado a no ser alarmistas, ya que se trata de definiciones preliminares. Al respecto, Quinteros sostuvo que «todo lo que modifique el status quo genera incertidumbre, genera temores, pero las votaciones de esta semana no son las definitivas […] escuchemos, dialoguemos y vamos viendo el flujo de norma». (Pauta)
