Los hechos de violencia en los liceos y en las marchas protagonizadas por los estudiantes continúan siendo una preocupación para las autoridades. El viernes, una movilización convocada por estudiantes secundarios terminó con enfrentamientos en barrio Meiggs, mientras en paralelo se registraban incidentes aislados afuera de la Universidad de Santiago (Usach).
El lunes, los desórdenes estuvieron concentrados en las cercanías del Liceo Manuel Barros Borgoño y el Internado Nacional Barros Arana (INBA); hechos que ya se han repetido en varias oportunidades, incluyendo escenas como el amago de incendio que la semana pasada afectó al Instituto Nacional y la ya habitual presencia de «overoles blancos» en medio de estos actos.
En ese contexto, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila ha insistido en que se han realizado múltiples acercamientos con los estudiantes de los liceos emblemáticos para atender sus demandas en materia de infraestructura y alimentos, sin embargo los distinguió de aquellos que salen a la calle con overoles blancos a protagonizar desórdenes.
«Ellos no son parte de la organización estudiantil, y las escuelas tienen que ser capaces de aislar, identificar y aplicar el manual de convivencia en estos estudiantes que están en una franca actividad violenta que no puede ser permitida», recalcó en conversación con Radio Universo.
Es, precisamente, el manual de convivencia el que el ministro considera que es la herramienta adecuada para manejar este tipo de situaciones, en desmedro de la ley de Aula Segura que surgió en el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera en 2018, y que incluso la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ha sindicado como la responsable de la «fractura» que se provocó en la relación con el mundo estudiantil.
A juicio de Ávila, efectivamente esa normativa «tensionó» y «no había que hacer eso», de hecho, descartó que exista un real impacto de Aula Segura ante el problema. «Así como existe el populismo penal en la justicia, esto fue un populismo escolar. Uno puede hacer lo mismo, expulsar estudiantes y aplicar sanciones severas con el manual de la convivencia».
Por eso, recalcó que hoy no se está aplicando la ley y es el manual de convivencia el que implementa cada establecimiento. Al debate entró también la oposición, quienes ya anunciaron que intentarán impulsar el proyecto de ley de «Aula Segura 2.0», que busca reponer la obligación de los establecimientos de expulsar a estudiantes que cometan faltas graves, incluyendo ataque a infraestructura, personas y compañeros de la comunidad escolar.
Así las cosas, el debate sobre las herramientas para frenar el problema, se vuelve a instalar con fuerza.
AULA SEGURA Y MANUAL DE CONVIVENCIA
La Ley Aula Segura, aprobada en 2018, tuvo controversias desde que se propuso y tuvo que sortear varios obstáculos antes de convertirse en normativa. De hecho, tras su aprobación en el Parlamento, el Frente Amplio criticó la normativa afirmando que ésta no tendría real efecto en la convivencia escolar.
Dicha ley vigente establece, entre otras cosas, el deber de los directores de «iniciar un proceso sancionatorio» en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar por conductas «graves o gravísimas» según sus reglamentos y respectiva acreditación de los hechos, lo que en algunos casos podría derivar en la expulsión y cancelación de la matrícula.
En tanto, el manual de convivencia escolar -que cada establecimiento fija bajo criterios generales aportados por el Mineduc- insta a los colegios en materia de violencia a «establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo».
Macarena Estrada, académica de la Facultad de Educación, U. San Sebastián, recalca que los manuales de convivencia escolar efectivamente tipifican en su contenido las faltas leves, graves y gravísimas, y buscan «asegurar la convivencia escolar tanto dentro como fuera del establecimiento educativo y en un radio cercano».
Sin embargo, varios de los hechos de violencia asociados a liceos escapan de un radio cercano al establecimiento, donde surge la primera duda, pues «esto dificulta que se establezca una sanción interna, y ahí es donde opera el tema penal para jóvenes mayores de 14 años».
En definitiva, a juicio de la académica, «es ahí donde el manual de convivencia se queda corto».
En la misma línea, Juan Retamal, doctor en Educación y académico de la Usach afirma que «el manual escolar, tal como está normado, está muy al debe». Esto, porque «hoy estamos viviendo una violencia al interior del sistema educativo única, de alta agresividad, y que necesita una mirada más estratégica de las comunidades escolares«.
Sin embargo, también recalca que la ley de Aula Segura era «imposible de aplicar», puesto que «desnaturaliza la función educativa y pedagógica de todos los actores educativos, es decir, padres, estudiantes, profesores y equipo directivo».
No obstante, «la ley existe y todas las comunidades la pueden usar, sobre todo si los hechos escapan a los tradicionales episodios de violencia escolar». Por eso, cree que la ley de Aula Segura «podría dialogar perfectamente con los manuales de convivencia» que, precisamente, permiten expulsar a estudiantes que están fuera de la visión, misión y sello de cada una de las comunidades escolares.
«UNA MALA SEÑAL»
Los académicos concuerdan en que el ministro de Educación no puede prescindir de una herramienta que ya forma parte de la normativa legal. De hecho, Retamal recalca que «ningún ministro puede llamar a evadir el estado de derecho que el Estado tiene para resguardarse de las amenazas de la violencia radical, las que incluso pueden llegar a destruir su propia infraestructura, como ocurre en el Instituto Nacional».
Por su parte, María Teresa Romero, vocera de Escuelas Abiertas, cree que «no invocar el Aula Segura es una mala señal, puesto que debilita la posición de las autoridades de los Colegios y liceos. Es una manera de validar la violencia por parte de las autoridades. Debe existir cero tolerancia frente a estos gravísimos hechos que cada vez se agravan más».
Con todo, también hay consenso de que aún falta abordar con mayor profundidad el problema y las consecuencias de la violencia, y aún falta avanzar en medidas efectivas que incluso incorporen más recursos para cada comunidad y los territorios.
En esa línea, Retamal cree que «que el ministro se equivoca al pensar que un comité de expertos en violencia escolar va a terminar con los hechos de violencia; pues la tecnocracia no cambiara las causas ni los efectos de la violencia escolar, mucha de ella, a nivel delincuencial».
A juicio de Estrada «se esta viendo solo la punta de iceberg, sin poder visualizar lo que está ocurriendo detrás de cada acto de violencia. Por un lado, tenemos la ley que otorga una sanción, pero no podemos olvidar que estamos hablando de estudiantes; puedo sancionar, pero por otro lado abro un agujero que puede ser tan profundo como el acto violento en si mismo; tenemos que pensar en el futuro de esas personas«.
Romero, por su parte, sentencia que «la violencia en los colegios y sus alrededores finalmente termina vulnerando el derecho a la educación de la gran mayoría de los estudiantes que quieren y necesitan tener clases presenciales, además de debilitar el rol social de la educación pública. El estado debe garantizar este derecho, y utilizar todas sus herramientas para proteger a los estudiantes y docentes, sobre todo de los sectores más vulnerables, donde la educación y la escuela cumplen un rol protector». (Emol)
