Flanqueado por su equipo de tres fiscales y apoyado en una presentación en PowerPoint, Chahuán detalló dieciocho hechos, a juicio de la fiscalía constitutivos de delito, con ilícitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos. La petición de medidas cautelares y su fundamentación las dejó en manos de sus fiscales investigadores Carlos Gajardo, Emiliano Arias y Pablo Norambuena. Sin embargo, este último no alcanzó a intervenir y hoy deberá referirse al ex subsecretario Pablo Wagner y al ex funcionario del SII Juan Martínez.
El propio Chahuán redactó personalmente la minuta de formalización, que terminó de preparar en su casa el martes en la noche, tras una reunión con sus fiscales que se extendió hasta las 21 horas.
En principio, la imputación de cargos tendría 30 páginas, pero Chahuán agregó más antecedentes y la dejó en 56. La base fue un punteo que ya tenían preparados los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que están desde el inicio de la investigación del caso Penta.
Las seis imputaciones que enfrentan los dueños
1. Cargo contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín:Soborno y delitos tributarios, consumados y reiterados.
Hechos:
La fiscalía les imputó el haber realizado 14 pagos bimensuales, por $3 millones cada uno, al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, cuando este ejercía como funcionario público, y que eso fue a cambio de favorecer los intereses de los dueños y de empresas del holding.
En segundo lugar, les atribuyó responsabilidad en el empleo de «procedimientos dolosos (en Penta S.A.) encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad o a burlar el impuesto que, como contribuyente, esta debía pagar, al haber resuelto e instruido el registro e incorporación en la contabilidad y en las declaraciones juradas, de boletas de honorarios (34) y facturas no afectas o exentas de IVA (8) ideológicamente falsas y la presentación de declaraciones de impuesto maliciosamente falsas».
La mayoría de estos documentos pertenecían a familiares directos de los imputados y otros correspondían a financiamientos encubiertos de campañas políticas. El perjuicio fiscal por estas operaciones se calcula en $195 millones 862 mil.
Lo mismo se les imputó en relación con la empresa Penta III, donde se detectaron 86 boletas y 5 facturas por servicios no prestados, de idéntica procedencia. El perjuicio fiscal provocado, en este caso, se estima en $152 millones 345 mil.
Ambos también enfrentan por cinco contratos forwards suscritos entre empresas de Penta y VSA Limitada, que generaron pérdidas ficticias -que fueron pactadas previamente-, por cerca de $370 millones. El objetivo de estas operaciones, indicó la fiscalía, fue traspasar dineros desde las empresas del grupo VSA Ltda. mediante «la generación de pérdidas artificiales para las primeras, que permitieran presentar luego declaraciones maliciosamente falsas (…) lo que permitió rebajar artificialmente su carga impositiva y recuperar luego las supuestas pérdidas que generaron».
Por último, se les imputó haber instruido el registro como gastos en sus respectivas contabilidades de 329 boletas de honorarios de terceros y 386 facturas ideológicamente falsas pertenecientes a sociedades de altos ejecutivos del grupo de empresas Penta por servicios que nunca prestaron para «ocultar el pago de bonos o remuneraciones por servicios prestados por estos ejecutivos a las empresas señaladas», apuntó la fiscalía.
Prueba: boletas, correos, documentación contable, contratos forwards, entre otros.
Hugo Bravo: Al ex gerente se le atribuye participar en doce de los 18 hechos indagados.
2. Cargos contra Hugo Bravo:Soborno consumado y reiterado, delitos tributarios consumados (incorporación de boletas «falsas» y devoluciones indebidas) y reiterados y lavado de dinero.
Hechos:
En la formalización, la fiscalía le atribuyó pagos a Álvarez, ex funcionario del SII, para obtener beneficios impositivos indebidos en sus empresas -Challico y Santa Sarella- y en las del holding . También realizó pagos a Martínez por gestiones ante el SII cuando este era funcionario.
En materia de lavado, según la fiscalía, Bravo utilizó «dos empresas bajo su control y de su propiedad, Inversiones y Asesorías Challico Limitada, y Administración e Inversiones Santa Sarella Limitada, con la finalidad de que estas fueran las receptoras de los dineros de origen ilícito, sirviéndoles de esta manera de pantalla o fachada que permitía dar una apariencia de legalidad a fondos».
El Ministerio Público le atribuyó además responsabilidad en la incorporación de boletas y facturas por servicios no prestados en las empresas Penta S.A. y Penta III, de las que fue su gerente general hasta 2010 y representante legal, respectivamente. Con ello, se rebajaba la base imponible de ambas empresas, entre 2009 y 2014, y se paga un impuesto menor al que correspondía.
En su empresa Challico, Santa Sarella y Perkita, en tanto, también se detectaron irregularidades: una serie de boletas por servicios no prestados, por ejemplo falsas remuneraciones pagadas a su mujer. Y lo mismo en Los Estancieros, donde 140 documentos incorporados en la contabilidad de esta sociedad entre 2008 y 2013 resultaron ser ideológicamente falsas.
Tanto por el tema de los contratos forwards, como por el pago de bonos y remuneraciones irregulares, la fiscalía le imputó cargos.
El ex subsecretario de Minería que recibió los 14 depósitos de Penta
3. Cargos contra Pablo Wagner:Cohecho pasivo, consumado y reiterado, lavado de dinero y delitos tributarios (facilitación de boletas «falsas», declaración maliciosamente falsa y obtención de devolución indebida)
Hechos:
En marzo de 2010, antes de asumir como subsecretario solicitó -mediante un correo- a Carlos Eugenio Lavín, controlador de Penta, que Banmédica (empresa del holding para la que trabajó) le pagara $92 millones. Al final del e-mail se lee: «De más está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. También que pediré tu consejo a menudo (…)», advirtió la fiscalía.
Así, entre junio de 2010 y septiembre de 2012, Wagner recibió 14 depósitos en su cuenta corriente del Banco de Chile de parte de Penta, encargados por Lavín y Délano, de $3 millones cada dos meses, sumando un total de $42 millones, agregó el Ministerio Público.
A cambio desarrolló -dijo la fiscalía- acciones como subsecretario para favorecer los intereses de los dueños de Penta y sus empresas, como facilitar el avance del proyecto minero Dominga, en el que tenía intereses la familia Délano. Otro ejemplo es que en abril de 2010, a pocos meses de haber asumido el cargo, solicitó al ministro de Minería Laurence Golborne, que considerara para el cargo de director de Codelco a su amigo Carlos Eugenio Lavín. Esta designación finalmente no se produjo, pero Wagner le asegura a Lavín por correo que hizo todo lo que pudo.
En cuanto al delito de lavado, se le imputa a Wagner que a sabiendas del origen ilícito de tales dineros (el cohecho), realizó diversas acciones para ocultar o disimular su origen o los bienes adquiridos con él. En concreto, haber usado a su cuñada María Carolina de la Cerda, como «fachada» para justificar el desembolso de dineros por parte de empresas del holding .
Por último, en materia tributaria, entre 2009 y 2014, el imputado concertado con la mujer facilitó a Soquimich (hoy SQM) y a empresas de Penta, además de sociedades en la que tenía participación -Génesis Capital S.A., Génesis Consulting & Capital S.A. y Díaz Moulian Silva y Wagner Gestores LTDA.- un total de 59 boletas de honorarios «falsas», apuntó el Ministerio Público. Con ello, las empresas disminuyeron su base imponible y pagaron menos impuestos que los que les correspondía.
Además, entre los años tributarios 2010 a 2013, efectuó declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas y falsas al no haber incluido en ellas los ingresos que, durante ese período, recibió de estas sociedades.
Pruebas: correos y boletas, movimiento de cuenta corriente de Banco Chile, entre otras.
Los funcionarios del SII que, desde sus cargos, diseñaron un sistema para defraudar al fisco
4. Cargos:
Cohecho pasivo, consumado y reiterado, lavado de dinero y delitos tributarios (devoluciones de impuestos indebidas) contra Iván Álvarez, ahora ex fiscalizador del Servicio de Impuesto Internos; y cohecho pasivo, consumado y reiterado contra el fiscalizador del SII, Juan Martínez.
Hechos Álvarez:
La Fiscalía le imputó el diseño del sistema para defraudar al fisco mediante rectificaciones de declaraciones, lo que permitió que empresas de Hugo Bravo -Santa Sarella y Challico- obtuvieran devoluciones de impuestos indebidas, en los años tributarios 2007, 2009 y 2010. El perjuicio fiscal causado por estas maniobras asciende a $267 millones 847 mil.
También que aceptó recibir de parte de Bravo y del ex gerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro, directamente o a través del fallecido martillero Jorge Valdivia, distintas cantidades de dinero a cambio de realizar actos con infracción a los deberes propio de su cargo.
Respecto de Penta, realizó contra estos pagos la revisión periódica de la situación tributaria de algunas de sus empresas y de sociedades pertenecientes a sus controladores, entre 2009 y 2012; hizo una rectificación de declaraciones de Penta Inf, en 2009, lo que generó una devolución indebida; y desbloqueó además las observaciones a declaraciones de familiares de los dueños del holding , como el hijo de Lavín.
En cuanto al lavado, agregó la fiscalía, a sabiendas del origen ilícito de estos dineros, intentó ocultarlo o disimularlo para otorgarle una apariencia de legalidad, mediante terceros, que actuaban como «verdaderos testaferros», y de actividades comerciales «de fachada».
Hechos Martínez:
Desde al menos 2010, como empleado del SII, prestó diversos servicios a Bravo, con infracción a los deberes de su cargo, a cambio del pago de beneficios económicos.
Por ejemplo, aceptó efectuar la declaración de impuestos de Bravo del año tributario 2012 por $2 millones. También consultar indebidamente en el sistema informático del servicio a contribuyentes -personas o sociedades relacionadas con el holding – y entregarle al ex gerente de Penta información de ellos.
Prueba: documentación tributaria, correos, declaraciones de imputados, entre otros.
El ex gerente de contabilidad y los otros ejecutivos formalizados
5. Por lavado de dinero, cohecho a un funcionario del SII, la incorporación de boletas y facturas «falsas» a la contabilidad de empresas del grupo, contratos de futuros y el pago de bonos y remuneraciones irregulares son los cargos que se le formularon a Marcos Castro, ex gerente de contabilidad de Penta.
A Manuel Tocornal, ex gerente general de Penta S.A., en tanto, por la incorporación de boletas y facturas por servicios no prestados en esta empresa. Carlos Bombal, asesor de Penta, por facilitación de boletas por servicios no prestados. Se trata de un documento -incorporado a la contabilidad de Penta S.A.- extendido por Manuel Pau Villarino, cuyos fondos iban a una campaña política, explicó la fiscalía.
La misma imputación recayó sobre Samuel Irarrázaval L., representante legal de Los Estancieros y cuñado de Délano, quien facilitó 72 boletas «falsas» a Inversiones Penta III sin haber realizado ningún trabajo para esa sociedad, apuntó el Ministerio Público.(El Mercurio)
