El Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos ordenó hoy la demolición del tranque de relaves El Mauro, luego que se considerara insatisfactoria la solución de Minera Los Pelambres para permitir el escurrimiento de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes.
Según establece el fallo, «se declara insuficiente el plan de ejecución de obras propuesto por Minera Los Pelambres S.A. por cuanto el mismo no contempla obras idóneas para permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes (…) Que en consecuencia de lo anterior procédase por la demanda a la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del tranque de relaves El Mauro».
Ante esta situación, Minera Los Pelambres informó que adoptará todas las medidas legales disponibles para demostrar que el plan de obras propuesto por la justicia es suficiente para garantizar que el agua del estero Pupío lleguen hasta la localidad de Caimanes.
La empresa explicó que demoler la pared del tranque El Mauro, que fue autorizado de acuerdo a nuestra legislación ambiental y cumple todas las normas para su correcta operación, provocaría grandes daños a la comunidad de Caimanes y al medio ambiente.
Además, implicaría la suspensión de las operaciones de Minera Los Pelambres, la que por fuerza mayor debería interrumpir indefinidamente todos sus contratos con sus proveedores de bienes y servicios y con sus propios trabajadores. «Estamos seguros que nadie quiere esto, por eso vamos a presentar todos los recursos judiciales que sean necesarios para permitir que Los Pelambres pueda seguir aportando al desarrollo de la región y del país», explicó Diego Hernández, CEO de Antofagasta plc.
En esa línea, señaló que el fallo genera un precedente para otras operaciones mineras similares en el país, lo que pone en juego la posibilidad de que la minería pueda mantener su desarrollo en Chile y contribución al crecimiento. «Nosotros queremos seguir operando y ser un aporte al crecimiento de la provincia del Choapa. Por eso, a pesar de esta resolución judicial, vamos a mantener nuestra presencia y trabajo con las comunidades y sus autoridades», concluyó Hernández. (Emol)
