La diputada Camila Rojas (Comunes) bien sabe lo que son las movilizaciones estudiantiles. Como integrante del Centro de Alumnos del Colegio Nuestra Señora de Pompeya de San Antonio participó activamente de la Revolución Pingüina de 2006 y luego, en 2011, fue parte activa del movimiento estudiantil que vio nacer a figuras de la actual política y del gobierno, como el Presidente Gabriel Boric o los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson.
Rojas, que en 2015 resultó electa como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y se desempeñó como vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), hoy aborda desde la otra vereda, la de autoridad política afín al gobierno, las manifestaciones que actualmente están protagonizando los secundarios, pero que muchas de ellas han derivado en hechos violentos.
¿Cómo analiza las actuales movilizaciones?
Las movilizaciones en Chile son de larga data y si una mira en el tiempo, son varios años donde no se han detenido. Es bien importante distinguir entre legítimas manifestaciones y hechos delictuales. Sé que hay varias demandas legítimas, como la infraestructura, que es algo histórico, pero también hay otros temas novedosos, distintivos de esta movilización, como la salud mental o educación sexual, temas que quizás no estaban presentes antes. Ahí tenemos que ser capaces de distinguir el derecho de los estudiantes a manifestarse.
¿Cómo piensa que el gobierno debe actuar ante estas movilizaciones?
Obviamente que a quienes se manifiestan desde la violencia hay que aislarlos. Yo fui dirigente cuando era imposible dialogar con el gobierno, se nos cerró la puerta en 2011 y hoy tenemos un gobierno distinto, que está dispuesto a conversar. El gobierno lo ha hecho bien, el ministro de Educación ya se ha juntado con ellos y tiene toda la disposición para ir solucionando las cosas, pero también es importante que, ante los hechos delictuales y la violencia, hay que hacer un llamado a las autoridades pertinentes a intentar identificar estos delitos y separarlos de quienes se manifiestan.
¿Cree que esas manifestaciones son ‘desobediencia civil’ como el Frente Amplio defendió en 2019?
Es muy importante contrastar. No es comparable 2019 con lo que pasa hoy. Hemos defendido las manifestaciones sociales porque venimos de ahí y las seguiremos defendiendo porque creemos que debe haber cambios, no es un delito. Pero yo sí veo diferencias, porque hoy tenemos un Presidente disponible a conversar y en 2019 tuvimos un Presidente que le declaró la guerra al pueblo. Es importante diferenciar lo de ese momento y lo de ahora. Hay que poner énfasis en señalar que el gobierno hoy está disponible al diálogo y hay que aprovecharlo. Me gustaría que los estudiantes pudieran reconocer que somos aliados.
¿Hasta dónde llega la desobediencia civil? ¿Tomarse el Metro lo es? ¿Cortar calles lo es? ¿Quemar una micro lo es? ¿Lanzar una molotov lo es?
Una molotov o quemar el transporte público es delito y hay que distinguirlo. Yo estuve en tomas secundarias y de educación superior, es necesario analizar contextos y resolver y avanzar. Hay que ser conscientes de a quiénes impactamos cuando tomas un establecimiento y quieres presionar, pero cuando paralizar el tránsito o hay otro tipo de acciones de ese tipo, impactas en los trabajadores. Debe haber llamado a tomar conciencia, pero los delitos tienen que ser tratados como tal y las manifestaciones como tal.
¿Y si afectan al resto?
Insisto en el contexto. En la Región Metropolitana, donde paralizar el metro llama la atención y responde a necesidades, puede ser una manifestación, pero también hay que tener claro que, si esto ocurre una vez y logramos solucionar temas, muy bien, pero si es constante pierde sentido y empieza a afectar a trabajadores que se movilizan en metro, eso es un tema delicado. Para nosotros también: no debemos actuar echando a todos al mismo saco, sino que distinguir cuáles son temas que desde el gobierno y el Congreso se puede aportar.
Dado que buena parte de quienes hoy son gobierno y autoridades políticas salieron de esas movilizaciones, ¿hay que tener un trato distinto? ¿Hay que desentenderse que se proviene de ahí?
Evidentemente las experiencias de vida marcan cómo nos desempeñamos en cargos y roles en el cotidiano. Para nosotros es imposible desprenderos de nuestras experiencias de dirigentes estudiantiles; el mismo Presidente tuvo esa experiencia y no hay cómo separarnos de aquello, pero sirve mucho para enfrentar este problema de manera distinta. Con los mismos métodos no tendremos otros resultados. Ser un gobierno de puertas abiertas me parece clave y se relaciona con nuestra experiencia vital.
¿Qué tan costoso es para el Frente Amplio tener que endurecerse ante estas movilizaciones?
Si mantenemos nuestras convicciones y somos coherentes, no tenemos costos que asumir. Ante los delitos sí tenemos que tener posiciones claras y pueden ser vistas como más duras, pero no hay otra posibilidad. Soy diputada y si sé de un delito es mi deber denunciarlo. Ahora, que los juicios sean justos es harina de otro costal. Pero a mí me preocupa mucho defender el derecho a manifestarse, pero hay que saber poner la línea entre delito y ese derecho.
¿Es incómodo para el Frente Amplio o para el gobierno estar del otro lado ahora?
Hay muchas cosas incómodas en la vida y evidentemente ser parte de la institucionalidad -y no solo por ser gobierno- obviamente que hay una situación distinta al ser dirigente. Y el gobierno tiene que asumir su rol y lo tiene muy claro y por eso está dispuesto a querellarse y abrir puertas al diálogo. Ha asumido bien su rol, independiente de ciertas incomodidades que se puedan producir.
¿Cómo se asume estar en esa otra vereda?
Asumir este rol se va dando mucho en el día a día. Uno de alguna manera cae en cuenta que el rol que le compete no es el mismo, uno va adecuando sus acciones.
¿Se conversa internamente?
La conversación que hemos tenido es que en distintos momentos decidimos estar en lugares donde se toman decisiones, como dirigentes, luego como candidatos, en campañas de gobierno, por tanto, un rol diferente en cada uno. Sabemos de dónde venimos, pero también el rol que debemos asumir. Cuando uno viene de ahí tiene una empatía distinta y un sentir diferente de intentar con más fuerza y ganas que se solucionen las cosas, sobre todo en un campo educativo donde son años de lucha.
¿Qué postura debiese tener el gobierno ante estas movilizaciones? ¿Está de acuerdo con que se presenten querellas?
Ante cualquier hecho delictivo los gobiernos tienen que querellarse y de eso también hay que ser claros. Es un deber siendo gobierno y hay que hacerlo, pero es fundamental, considerando que venimos de ese mundo, que el gobierno proteja el derecho a manifestarse. (La Tercera)
