Conversaciones telefónicas durante el fin de semana y un encuentro telemático sostuvieron esta mañana los jefes de bancada del oficialismo con el fin de buscar una salida ante un riesgo inminente: una derrota en la votación que se realizará el próximo lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados para elegir a sus nuevas autoridades.
Según el acuerdo administrativo suscrito en marzo pasado, tras la renuncia del actual presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), correspondía elegir a la diputada comunista Karol Cariola en su reemplazo.
Sin embargo, las bancadas de las DC, el PDG y algunos independientes como Pamela Jiles, Carlos Bianchi, René Alinco y Andrés Jouannet pusieron en duda el apoyo a la legisladora comunista, quien fue rostro de la fallida campaña del Apruebo, en el plebiscito del 4 de septiembre.
El riesgo de una derrota a manos de la derecha, que ya tiene un acuerdo con varios diputados descolgados para tomar posesión de la mesa y, con ello, intentar rehacer la integración de comisiones, abrió soterradas recriminaciones respecto de la estrategia que siguieron los diputados oficialistas que confiaron en parlamentarios que tenían un historial de desmarques (como Jiles, Alinco y Bianchi) o bien con grupos nuevos, como el PDG, cuyo comportamiento era impredecible.
De hecho, algunos senadores oficialistas recuerdan que a inicios de año se les recomendó a sus diputados que negociaran directamente con los partidos mayoritarios de la derecha, como la UDI y RN, para no quedar a merced de los chantajes y vaivenes de grupos minoritarios.
La experiencia de los últimos años había llevado a las bancadas de senadores del PS, del PPD, de la UDI y de RN a buscar un acercamiento que emulara la política de acuerdos que se instauró en marzo de 1990 al término de la dictadura y que predominó en casi todos los gobiernos de la Concertación.
Ese pacto administrativo -sellado por el fallecido fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y el entonces presidente de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar– permitió que Gabriel Valdés (DC) y José Antonio Viera-Gallo (PS) se alzaran como los primeros presidentes del Senado y la Cámara Baja, respectivamente, desde el retorno de la democracia, a cambio de una distribución en las vicepresidencias y jefaturas de comisiones, instancias cruciales para definir qué leyes se discuten.
Ese entendimiento, conocido como el pacto Guzmán-Valdés, se convirtió en la piedra angular de la política de acuerdos de los primeros años de transición, una de las épocas más prolíficas en materia legislativa. Solo en el primer año del gobierno de Patricio Aylwin (marzo de 1990 a marzo de 1991) se publicaron 77 nuevas leyes, entre ellas, reformas laborales, tributarias, cambios políticos como las modificaciones a la Ley Antiterrorista. A modo de referencia, en los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric solo se han publicado 18 nuevas leyes ingresadas en este período.
Así, las principales bancadas del oficialismo y la oposición definieron en marzo de este año una repartición equitativa de años en la presidencia del Senado y una rotación en las comisiones. Ello aseguraba al gobierno al menos un par de ventanas de tiempo para poder desplegar su agenda legislativa dentro de la Cámara Alta.
El camino que siguió la Cámara de Diputados, sin embargo, fue distinto. Según un par de senadores, que piden anonimato, desde el mismo gobierno se alentó un acuerdo del oficialismo con fuerzas no alineadas con el fin de marginar a la derecha. Ello derivó en que en las bancadas opositoras iniciaran una soterrada negociación hace dos meses para tratar de devolverle la misma moneda a los grupos de izquierda y centroizquierda.
El plan de la derecha, hasta el momento, estaría rindiendo frutos, ya que Cariola no tiene los votos garantizados para ser elegida.
El primer quiebre de un acuerdo administrativo se produjo en marzo de 2008, a fines del primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando los entonces senadores Adolfo Zaldívar (ex-DC) y Fernando Flores (ex-PPD), quienes habían roto con sus antiguos partidos, acordaron una nueva composición de la mesa de la Cámara Alta con el independiente Carlos Bianchi y la derecha. Ello marcó el fin del pacto Guzmán-Valdés y truncó la llegada de Ricardo Núñez (PS) a la titularidad del Senado.
Pero, en el período siguiente, durante la primera administración de Sebastián Piñera, las fuerzas de la Concertación tomaron represalias en el Senado y, en alianza con el mismo Bianchi, marginaron a la derecha de las jefaturas de comisiones y de la testera.
La respuesta de la derecha fue pactar en marzo de 2010 con algunos diputados ex-DC, como Pedro Araya, Alejandra Sepúlveda, Pedro Velásquez y el independiente Miodrag Marinovic, para tomar el control de la Cámara.
El desquite de los sectores progresistas (ex-Concertación) se dio en 2014, ya que gracias a los votos de izquierda (el PC y el incipiente Frente Amplio) pudieron recuperar la titularidad de la corporación y posicionarse en las principales comisiones.
No obstante, esa forma de buscar mayorías con votos descolgados -el “pirquineo” en jerga política- al final terminó desgastando a los gobiernos de Bachelet y Piñera.
En privado, algunos diputados lamentan haber pactado con gente equivocada, sin embargo, no todos hacen la misma lectura.
“Mirar con el espejo retrovisor siempre es truculento, porque no se podía saber en marzo que se iba perder el plebiscito y que estos sectores iban a traicionar el acuerdo. No sabías que iban a poner un veto por parte de la DC al PC. Mirar con espejo retrovisor no sirve de nada”, cree el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), subjefe del comité PC-Frevs-AH-independientes.
Hirsch reconoce que efectivamente en marzo algunos tenían reparos en negociar con descolgados y “con partidos con los que nunca habíamos tenido acuerdos previos, como el PDG. Pero en ese momento, firmado el acuerdo, teníamos plena confianza de que se iba a cumplir y que nadie iba a romperlo a la primera oportunidad”.
“Había quienes tenían dudas, pero en ese momento lo importante era construir una mayoría y, hasta donde recuerdo, nunca se planteó la posibilidad de negociar con la derecha”, dice.
El subjefe de la bancada de diputados socialistas, Tomás de Rementería, agrega que “tal vez si hubiéramos hecho una negociación más amplia, hoy tendríamos a Karol Cariola de presidenta en este período y no con esta inestabilidad que se generó en el Congreso”.
“Uno de no debía negarse a priori a negociar con nadie un acuerdo amplio, un acuerdo que, además, significara un acuerdo político, no solo administrativo, un acuerdo para discutir ciertas reformas, generar ciertas condiciones en el Congreso para el avance de un nuevo proceso constituyente. Igual era difícil prever lo que vendría después, pero sin duda hubiera sido responsable haber hecho el acuerdo de otra forma desde un comienzo”, comenta De Rementería. (La Tercera)
