Quién iba a decir que la historia iba a poner a los dirigentes estudiantiles que reclamaban por la educación a gobernar el país y que no se iban a hacer cargo de la brecha que originó la pandemia que ha sido calificada de tragedia, catástrofe, terremoto y calamidad. Y que además ellos, como oposición, contribuyeron a agrandar la crisis porque como Frente Amplio y PC presentaron proyectos para frenar la vuelta a clases y votaron como diputados (el Presidente y sus ministros Jackson y Vallejo) por destituir al ministro Raúl Figueroa que buscaba devolver los alumnos a las aulas.
En definitiva, lograron que las escuelas chilenas fueran las primeras en cerrar y las últimas en abrir: 80 semanas, una de las cifras más altas del mundo. En EEUU solo estuvieron clausuradas unos pocos meses en 2020 y en 2021 se volvió a la modalidad de clases presenciales. A pesar de lo cual, en la reciente evaluación nacional, los niveles de educación retrocedieron 3 décadas, informaron las autoridades, con la mayor caída jamás registrada en matemáticas y un retroceso en agilidad lectora a 1992.
¿Qué nos espera a nosotros? Sólo en días recientes se aplicó el Simce, que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, intentó vanamente suspender. Lo probable es que los resultados revelen que las brechas de desigualdad educativa crecieron porque los estudiantes más perjudicados por la cuarentena fueron los más vulnerables, los del sector municipal, donde perdieron 1,3 años de aprendizajes, según un estudio de Horizontal. Eso le permitirá al ministro Ávila, de RD, insistir en la inutilidad de medir, en vez de valorar los indicadores para hacer planes de trabajo acorde a los diagnósticos.
El Presidente Boric y su secretario de Estado han reconocido la gravedad del problema. ¡Era que no! Antes de la pandemia teníamos 227 mil jóvenes fuera del sistema escolar, pero este año no volvieron otros 50.529 a las aulas, especialmente los más pequeños, y casi se dobló la “inasistencia grave” respecto a 2019. Que 4 de cada 10 menores no esté yendo al colegio solo agrava los problemas derivados, con mayor aparición de niños en delitos violentos, el trabajo infantil o la drogadicción. Si hasta la desnutrición infantil subió como consecuencia de no recibir las raciones escolares.
Pero a pesar de los dichos, para el ministro no son prioridad los aprendizajes, el desarrollo cognitivo y las destrezas emocionales lesionadas con el insensible cierre de colegios. EEUU inyectó 130 mil millones de dólares para compensar el tiempo perdido por la pandemia. En Chile la aproximación es otra. De partida, en la Hoja de Ruta para el Sistema Educativo 2022-2026 este tema no es central. Parece que no cayó dentro de los “nuevos sentidos comunes” que aspira a crear el “cambio de paradigma educativo”, donde parececiera importar mucho más la agenda LGTB (él se declara homosexual). De hecho, lo criticaron porque en las orientaciones para el calendario escolar del próximo año, el Mineduc no incluyó el Día del Carabinero o de las Glorias del Ejército, pero sí un día para conmemorar “la visibilidad transgénero”; otro día “contra la homofobia, la transfobia y la bifobia” y otro día lectivo más “de la salud sexual”.
No es tampoco que el secretario de Educación haya estado abocado a terminar con la inusitada violencia y delitos en los ex liceos emblemáticos. Eso no parece ser tampoco su afán, como sí lo es terminar con los Liceos Bicentenarios, aunque este año tuvo que echar pie atrás. También lo motiva condonar el CAE como “reparación”, pero el ministro Marcel ha tenido que recordarle que debe ser gradual por su costo de 8 mil millones de dólares; o el pago de la deuda histórica de los profesores, que tampoco avanza por las cifras siderales que involucra.
El titular de Educación se defendió el jueves en el Congreso, señalando que ha hecho reasignaciones presupuestarias para recuperar los aprendizajes. El punto es que las catástrofes se enfrentan disponiendo del 2% constitucional, que resulta mucho más gravitante para enfrentar el futuro de millones de niños que para mitigar los efectos de un terremoto, como el de 2010. No hay visos de que Ávila llame a un gran acuerdo nacional tampoco, como le pidió el ex inistro Ignacio Briones, quien no ve un plan que grafique que el tema es prioridad nacional, lo cual supone los recursos y los instrumentos adecuados.
Ávila se refugia en el plan Seamos Comunidad que consulta unos 25 o 30 millones de dólares, que resultan una migaja cuando se trata de devolver los estudiantes a las aulas y nivelar los aprendizajes perdidos. Pero la situación es más grave, porque si no emprende lo que debiera, sí hace lo que no ayuda. No ha corregido el modo de pago de la subvención escolar que se estableció durante la pandemia y que perjudica a los establecimientos que han recuperado más asistencia. También empuja una ley para impedir a los establecimientos disponer de las horas de libre disposición (el 30% del total) para reforzar lenguaje, por ejemplo, o las asignaturas obligatorias que los educadores consideren urgente nivelar.
El año escolar esta prácticamente cerrado sin que el Mineduc demostrara ninguna capacidad para enfrentar la urgencia. El ministro Ávila tampoco tiene las habilidades para ello. Pero es responsabilidad del Presidente Boric hacerse cargo de la realidad y no elevar aún más los costos que fruto de la pandemia y la prolongación del cierre de los colegios será ineludible que nuestros hijos y nietos paguen. Y los más perjudicados, como siempre, son los más vulnerables. (El Líbero)
Pilar Molina
