Pese a que la apuesta de Presidencia fue comunicar sobre los indultos el 30 de diciembre, en una estrategia ingenua que apostaba a que el asunto se desactivaría entre los festejos de Año Nuevo, la polémica por las 13 liberaciones continúa luego de dos semanas y no promete apagarse en el corto plazo.
Esta semana el Congreso despachó el acuerdo constitucional, lo que para La Moneda representa una especie de respiro en medio de una crisis que ha sido catalogada como la de mayor gravedad en estos 10 meses de gobierno. El Parlamento ha mostrado su mejor cara –la de llegar a prontos acuerdos, la de la institucionalidad–, pero en el Ejecutivo se piensa con razón que la oposición no soltará fácilmente el hueso.
Es un momento especialmente complejo para el gobierno, de debilidad. Si luego de la derrota del plebiscito del 4 de septiembre la actual administración intentaba reconfigurarse con la instalación de un nuevo diseño político liderado por Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte –un cambio de conducción política que, ciertamente, ha funcionado– la decisión presidencial de perdonar a 13 condenados en medio de una aguda crisis de la seguridad, nuevamente ha dejado al gobierno y al Presidente contra las cuerdas. La desaprobación de un 70% se resiente en el oficialismo, aunque la situación puede revertirse, como ha sucedido en gobiernos anteriores, sobre todo considerando los tres años y dos meses que quedan por delante.
Pero el cuadro hoy está negro. Luego de los indultos, el gobierno enfrenta dos acusaciones constitucionales -contra la ex ministra Marcela Ríos y el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson-, una comisión investigadora que será impulsada por diputados de oposición y el requerimiento de la Contraloría al Ministerio de Justicia por los beneficios.
En La Moneda se ha dejado en manos del nuevo ministro, Luis Cordero, el diseño de una estrategia jurídica que apunte a desechar la ilegalidad en los indultos –al margen de la opinión que se tenga en relación a los beneficios–, que ayude, de paso, a desactivar la crisis política. En el palacio de gobierno parece un hecho descartado invalidar o anular algunos de los indultos y se leen con particular atención opiniones como la de Pedro Pierry, profesor de derecho administrativo, que en una carta de El Mercurio de ayer hablaba de los largos tiempos que requieren este tipo de procedimientos. “La revocación de los actos administrativos, por expresa disposición de la ley, no procede tratándose de actos que confieren derechos, como es el caso”, aseguraba Pierry.
Sobrevuela, adicionalmente, el fantasma de la acusación constitucional contra el propio Presidente, que no se descarta que se llegue a presentar, pese a que existe el convencimiento de la falta de fundamentos. Pero solo el hecho político que se presente sería un golpe fuerte hacia La Moneda.
En el oficialismo, sobre todo en el Socialismo Democrático, todavía se recuerda lo que impactó en 2008, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, la aprobación de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, la actual senadora Yasna Provoste. Lo que implica para un gobierno. La preocupación fundamental, por lo tanto, está en la acusación contra el ministro Jackson, que presentó el Partido Republicano por, principalmente, tres asuntos: la baja ejecución presupuestaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi); las acusaciones de la exseremi de Desarrollo Social de la RM, Patricia Hidalgo, de vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); por no implementar oportunamente la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos a través del servicio Mejor Niñez, y por dejar sin ejecución la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
La acusación contra la exministra Ríos preocupa, pero políticamente el gobierno ha pagado el costo de esa salida, junto a la del exjefe de gabinete del Presidente Boric, Matías Meza-Lopehandía, cercanísimo histórico del mandatario.
Pero lo de Jackson mantiene todas las luces de alerta en La Moneda, por encontrarse en el gabinete y por sus lazos con el Presidente. Aunque su caso no tenga relación con los indultos, complica el cuadro político general, en un año difícil en lo económico donde el gobierno apuesta a sacar adelante las reformas tributarias y de pensiones con un Congreso que le ha sido esquivo en momentos como la elección del fiscal nacional.
Los indultos del Presidente fueron un error político del que el gobierno está plenamente consciente y en estos días solo se trata de ganar tiempo para dejar jugar a Cordero, en el que se tiene plena confianza por sus conocimientos jurídicos y, específicamente, en derecho administrativo. Pero junto al nuevo ministro será el comité político el que, a cuatro meses de haber asumido, nuevamente estará a prueba. Esta vez, sin embargo, para salvar directamente al Presidente por una mala decisión, que le habría sido advertida. (Por Rocío Montes, DF)
