«Se trata de una empresa que debe todo a España. No resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país».
El Ministerio de Asuntos Económicos ha mostrado este martes el rechazo frontal del Gobierno al anuncio de Ferrovial del traslado de su centro de decisión a Países Bajos después de que esta mañana a primera hora la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, haya hecho lo propio con el primer ejecutivo de la constructora, Rafael del Pino, en una charla telefónica en la que le ha trasladado el enfado del Gobierno por el anuncio.
Más allá del posicionamiento público en contra de la decisión del consejo de administración de Ferrovial de proponer el traslado de sus cuarteles centrales a los Países Bajos a la busca de un entorno de mayor estabilidad regulatoria, según se aseguraba en el comunicado remitido el pasado martes por la empresa a la CNMV, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han asegurado este miércoles que «estamos pendientes de conocer los detalles para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión«.
La decisión aún deberá ser ratificada por la Junta de Accionistas de la compañía. La propuesta formulada ayer por el consejo de administración justificaba la decisión de trasladar la sede de la compañía, la decimosegunda empresa española por capitalización bursátil, a Países Bajos desde el hecho de que la mayor parte de su negocio está ya en el extranjero, que la sociedad holding neerlandesa ya canaliza al 80% de los ingresos y el 90% de las participaciones globales de la compañía y en un contexto que ofrece mayor seguridad a los inversores y un marco jurídico estable en un momento en que la compañía pretende dar el salto a cotizar en Wall Street.
Para el Gobierno, sin embargo, la decisión de Ferrovial va a contracorriente, en un momento en que, subraya el Ministerio de Asuntos Económicos, grandes compañías multinacionales «han anunciado proyectos de inversión por más de 30.000 millones de euros en España» y en el que el país anda embarcado en un «proceso de inversión pública y modernización sin precedentes en marcha en el sectores en que está presente el grupo Ferrovial».
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado esta mañana que la decisión de la compañía no tendrá un impacto fiscal relevante en las arcas públicas, ya que Ferrovial «ya ha anunciado que mantendrá su negocio en España» y que por tanto continuará pagando impuestos en el país. Esto admite ciertos matices, ya que el canal de financiación de los dividendos de filiales extranjeras desemboca a día de hoy en la matriz española dejando un impuesto del 5% en las arcas del Estado y de confirmarse el trasladado desembocaría en la matriz de Países Bajos sin dejar un solo euro en las arcas de Hacienda.
Ferrovial aclaró el martes, además, que parte de su estructura directiva se trasladará a Países Bajos, lo que provocará la deslocalización de un puñado de grandes rentas que hasta ahora tributaban en España.
YOLANDA DIAZ (PC) EXIGE «RETENER» A FERROVIAL EN ESPAÑA
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (PC), ha entrado también en el debate para cuestionar el patriotismo de la familia propietaria de Ferrovial e instar al Ministerio de Asuntos Económicos a «adoptar las medidas que sean menester» para impedir que la constructora traslade su sede a Países Bajos.
«Ser español, ser española, es defender la permanencia en tu país. Esto no es compromiso con tu país. En los momentos de compromiso y necesidad de tu país las empresas han de ser ejemplares», ha asegurado Díaz a los medios en declaraciones recogidas por Europa Press. Díaz ha instado, además, a Ferrovial a aceptar «sin rubor» que cambia su sede a los Países Bajos por motivos fiscales y ha llamado a acabar con la competencia fiscal desleal en Europa. (ABC.es)
