Por primera vez públicamente se manifestaron diferencias en el mundo empresarial por la propuesta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de aumentar el impuesto a las empresas, a cambio de no avanzar en la discusión del tributo a la riqueza en el marco de la reforma tributaria.
Esta mañana, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) fue el primer gremio de grandes empresas en explicitar sus críticas a la idea.
Aunque sin mencionar a la CPC ni a su presidente Ricardo Mewes, la timonel de la CCS, María Teresa Vial, argumentó que la tasa a las utilidades empresariales -hoy de 27%- ya es alta en el contexto internacional, recordando que se ha aumentado en siete puntos porcentuales en la última década.
“El impuesto a las utilidades de las empresas subió de 20% a 27% y pasamos de un sistema integrado a uno semi-integrado. Además, el actual proyecto lo desintegra totalmente y crea un impuesto especial a los accionistas, aumentando bruscamente su carga tributaria, lo que tendrá un impacto muy difícil de absorber para la inversión, el ahorro y el empleo”, señaló la dirigente gremial en un comunicado.
Así, la timonel del comercio capitalino recordó que «gran parte de los chilenos» son accionistas de las grandes empresas a través de los fondos de pensiones y la menor utilidad de éstas «impactará también su competitividad y la inversión extranjera», por lo que dicha propuesta “no parece una medida apropiada en un contexto en el que se requiere atraer inversión”, dijo.
CRÍTICAS AL IMPUESTO A LA RIQUEZA
Adicionalmente, el gremio se manifestó contrario al denominado impuesto al patrimonio incluido en la reforma, que grava con tasas de hasta 1,8% a las personas naturales con patrimonio desde las 6 mil Unidades Tributarias Anuales (cerca de US$ 5 millones).
Según un análisis del gremio, existe una serie de antecedentes «objetivos y comprobados» que concluyen que es una medida «errada, entre ellos la abundante evidencia en torno a su fracaso en obtener los efectos deseados, que ha llevado, en el caso de la OCDE, a eliminar la medida en 11 de los 14 países que alguna vez la implementaron».
«Se trata de un impuesto caro para el Fisco, de difícil implementación y administración, que genera distorsiones y aleja capitales productivos del país, que grava activos independientemente de su rendimiento, de aporte marginal a la recaudación total, y que duplica impuestos sobre ingresos ya gravados, entre otros inconvenientes. Creemos que una buena, segura y permanente forma de recaudación es formalizar a gran parte del 27% que hoy trabaja informalmente en el país. Ese es el camino”, cerró Vial. (DF)
