El presidente de la República ha materializado un controvertible cambio de gabinete del que se esperaban señales que dieran cuenta de un cambio en el rumbo del Gobierno, pero que, en los hechos, parece ratificar la decisión y pertinacia del ejecutivo y uno de sus colectivos de apoyo en seguir intentando un programa que ha sido sistemáticamente cuestionado por una evidente mayoría ciudadana.
En efecto, el mandatario realizó cambios en cinco secretarías de Estado, de las cuales solo la dispuesta en Cancillería tiene un efecto relevante en materias que atañen a la postura internacional del país, así como a la protección y desarrollo de políticas de Estado que Chile ha venido practicando por décadas y cuyos impactos tienen derivadas que pueden incidir en la vida diaria de las personas, en especial en lo que dice relación con la estabilidad de los múltiples tratados comerciales que se han suscrito con naciones y conjuntos de países de todo el mundo.
Y si bien se podría afirmar que el cambio en el Ministerio de Obras Públicas puede tener un resultado que atinge a la ciudadanía de a pie en la medida que una política de infraestructura racionalmente diseñada puede rendir frutos en materia de empleo, inversión, actividad económica y crecimiento impulsado desde el Estado, en momentos de debilidad de la inversión privada, lo cierto es que si el cambio ministerial tenía como objetivo “mejorar la gestión”, como señalara el presidente, poco o nada se ha filtrado a la prensa sobre una supuesta incapacidad del anterior secretario de Estado para llevar a cabo esos proyectos que recomendaran su remoción. Es de esperar, en todo caso, que el profesionalismo de la nueva ministra haga posible la materialización de los objetivos trazados por el mandatario para dicha cartera durante la ceremonia de cambio.
La asunción de un exsubsecretario de Deportes de la expresidente Bachelet en el ministerio respectivo tiene también limitados efectos respecto de las urgencias que la ciudadanía manifiesta en los diversos sondeos de opinión que no sea una más eficaz programación del complejo proceso de preparación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2023 que toca a Chile organizar y que están vinculados, más bien, a sus derivadas en creación de empleo e inversiones necesarias para esos efectos, hecho que puede tener positivos resultados para la actividad económica nacional, la que, según diversos expertos, tendrá este año un comportamiento que amenaza con el estancamiento o, en el mejor de los casos, con pobre crecimiento.
Similar reflexión produce el cambio en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que no obstante las cualidades de la nueva secretaria de Estado, se trata de una cartera sin grandes posibilidades de influir en la modificación de las perspectivas sociales, políticas o económicas de corto plazo que no sean un impulso normativo o de estímulo a las inversiones e innovación que el ministerio pudiera liderar, pero que exige de una compleja coordinación con otras secretarias de Estado para hacerlo posible.
Sobre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, parece demás señalar que su efecto sobre el actual cuadro político-social solo podría evaluarse en tanto su real posibilidad de coordinar y promover una más amplia participación ciudadana y política en torno a las actividades propias de la cartera, generando así nuevas adhesiones programáticas, las que, a su turno, movilicen a jóvenes e interesados en el ámbito cultural y artístico. Como se sabe, en esta área, el Gobierno cuenta con sectores juveniles de apoyo gracias a sus definiciones de feminista, justicialista, verde e integradora, pero que la anterior ministra parecía estar desarrollando con eficiencia, en especial hacia grupos de base y regionales. Sin embargo, siendo ella militante del partido del presidente, parece más una víctima propiciatoria de los ajustes de equilibrios de coalición, que una mejora en la gestión.
Las modificaciones en las subsecretarías si bien fueron más masivas, no alteran la estructura de poder interno de las coaliciones y más bien auguran un aumento de roces internos producto de la tradición de nominar ministros y subsecretarios de partidos distintos, hecho que pudiera suscitar colisiones si es que los programas originales del socialismo democrático y los de la izquierda frenteamplista-comunista se enfrentan en divergentes decisiones de acción y metodologías de unos y otros. En los hechos, el cambio mantuvo -con o sin nombres distintos y enroques- a 17 subsecretarios de Apruebo Dignidad (12 frenteamplistas y 5 comunistas) que ocupan las carteras claves de cualquier Gobierno y a ocho subsecretarios provenientes del socialismo democrático, aunque solo del PS y PPD; mientras que incluyó a 12 independientes, uno de los cuales corresponde a un cupo del Partido Liberal, aunque ninguno del PR, probablemente como “castigo” del mandatario a la colectividad que, junto al PPD, lideró la negativa de conformación de una sola lista para el Consejo Constituyente.
Así las cosas, el cambio de gabinete se puede caracterizar más bien como uno de corte “comunicacional” en el que el mandatario ha mantenido sin grandes modificaciones las estructuras de poder interno de las coaliciones que lo apoyan -de no ser por Cancillería- y, por consiguiente, más allá de los nombres, es un anuncio de la mantención del rumbo adoptado tras el cambio de gabinete del 6 de septiembre.
La decisión presidencial no es una buena noticia para un 2023 que se augura complejo y en el que se deberían consensuar políticas públicas de la máxima relevancia para conseguir paz social como son las reformas previsional, de salud y tributaria, esta última de enorme importancia para el Gobierno considerando que aquel han insistido en la necesidad de allegar más recursos al Estado para avanzar en las dos primeras. De allí la peyorativa reacción que la administración tuvo tras el rechazo a la idea de legislar ocurrida en la Cámara de Diputados y la que, infaustamente, se le atribuyó al poder e influencia del ex presidente Piñera, sin percatarse del daño político que tal afirmación le hace al propio mandatario actual, en la medida que lo hacer aparecer con una capacidad y poder inferior al de su antecesor.
La débil integración de nuevos cuadros experimentados de la exConcertación e independientes de corte técnico en subsecretarias y/o ministerios no parece, pues, consistente con el discurso de una “mejor gestión”, al tiempo que confirma la determinación presidencial de insistir en un camino que tiene bajo nivel de aprobación y que ha afectado su propia popularidad, una que solo ha mejorado en las últimas semanas como consecuencia del trabajo de convergencia, diálogo y negociación impulsado, precisamente, por los sectores socialistas democráticos que el presidente y ciertos sectores del Gobierno parecen no querer empoderar más allá de lo que estiman “justo y necesario”.
Hacer depender un Gobierno de la capacidad que aquel pudiera tener para convencer a millones de chilenos que una nueva constitución que apunte a la transformación de Chile en un Estado de Bienestar mejorará las condiciones que una amplia mayoría experimenta como producto de una inflación alta, bajos niveles de seguridad ciudadana, problemas en las fronteras y un movimiento terrorista identitario avalado por parte de los propios actuales gobernantes, hace recordar al tipo de gerentes generales que, una vez asumidos, para hacer funcionar la empresa, piden a sus accionistas mayores aportes de capital y cambios en los estatutos de la firma. Por cierto, en esas condiciones cualquier administrador podría mostrar capacidad y calidad gracias al aumento de los gastos.
Pero en un país que ya muestra niveles peligrosos de endeudamiento, altas tasas de interés que paralizan decisiones de consumo e inversión, una baja confianza en las perspectivas de su economía que lleva meses en la incertidumbre respecto de las reglas del juego por las que se regirá, se desearía a un gobernante capaz de operar eficazmente sus objetivos y proyectos con los recursos con que cuenta. Pero para aquello se requiere de una valiente reingeniería del Estado para reducir su peso sobre la espalda de la ciudadanía trabajadora y emprendedora; evitar, mediante eliminación o fusión, gastos inútiles en cerca de 700 programas sociales de los cuales más del 40% no muestra resultados; elevar la recaudación tributaria potencial actual, cuyo nivel de evasión se estima en casi un 20%; mejorar el rendimiento de la inversión y las compras públicas y acelerar, sin más mohines ideológicos, las gestiones para poner al litio a rendir mayores ingresos fiscales.
Desgraciadamente, no parece ser el camino elegido por el Gobierno. El cambio de gabinete “comunicacional” solo parece mostrar esa pertinaz insistencia en seguir avanzando en una dirección que el pueblo chileno ya rechazó mayoritariamente en septiembre pasado y que seguirá haciéndolo mientras aquel no entienda o acepte que su proyecto y programa cuenta con apenas 25% de apoyo incondicional, mientras que el resto solo sigue esperando soluciones urgentes a sus demandas por jubilaciones dignas, seguridad personal, más empleo, mejores salarios, más libertades para crear y desarrollar los propios proyectos de vida que se ven maniatados, mediante más de 21 mil leyes y sobre 300 mil normas que no solo impiden una más fluida participación en el progreso del país, sino que trasladan aun mayor poder al Estado y a ciertos funcionarios de turno, varios de los cuales, eso así, apoyan al evasor que los corrompe y colaboran con los abusos de poderosos privados y estatales. (NP)
