Bermúdez pide proteger autonomía de Contraloría en especial del Ejecutivo

Cerca de las 15.40 de este lunes, se celebró la segunda sesión plenaria de la Comisión Experta desde que empezó su funcionamiento el pasado lunes 6 de marzo. En la instancia de hoy, el órgano recibió la visita del contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto, quien expuso sobre los principios que -a su juicio- se deberían considerar en la propuesta de nueva Constitución respecto al ente fiscalizador.

En ese sentido, Bermúdez -quien cumple su mandato en la Contraloría en diciembre de este año- le solicitó a la Comisión Experta que el anteproyecto de Constitución que elaborarán pueda preservar los que -según él- son pilares centrales de la institución que encabeza. En ese sentido, la autoridad pidió que los comisionados protejan “la autonomía” del ente “especialmente respecto del Poder Ejecutivo”.

“Sin ánimo de invadir las competencias propias de esta Comisión Experta, de manera respetuosa y siempre con la intención de colaborar, consideramos que es necesario que la nueva Constitución contenga y refuerce los pilares centrales de la Contraloría, estos son: mantener su carácter unipersonal, robustecer su misión institucional, reconociendo las funciones que efectivamente desempeña; preservar su capacidad técnica y proteger su autonomía especialmente respecto del Poder Ejecutivo, reafirmando su responsabilidad constitucional frente al Congreso nacional y su sometimiento a la tutela judicial”, dijo Bermúdez casi al finalizar su exposición en la sede del Congreso nacional en Santiago.

En la misma línea, en su exposición Bermúdez apuntó que resultaría contraproducente que el nuevo texto constitucional regule de forma muy detallada el funcionamiento de la institución que dirige:

“No podemos esperar que la Constitución regule los detalles del funcionamiento de la Contraloría General, por el contrario, una regulación constitucional demasiado detallada nos haría correr el riesgo de rigidizar excesivamente un ámbito crucial para la actuación eficaz para la administración del Estado, como lo es el del control externo”, aseguró el especialista en derecho administrativo.

Acto seguido, el contralor general entregó algunas luces de qué regulación -consideran desde la institución- podría mejorar y modernizar el funcionamiento del organismo.

“Nos atrevemos a proponer humildemente que la regulación constitucional en esta materia respecto de la Contraloría deba ser precisa y sin ambigüedades que pudieren propiciar posteriores cuestionamientos a este órgano autónomo de fiscalización. Por eso, parece desaconsejable establecer a nivel constitucional términos poco precisos como el de “evaluación de mérito o de conveniencia”, el que no ha podido ser clarificado por la doctrina ni por la jurisprudencia”, especificó.

Sumado a ello, Bermúdez sugirió también -en línea con lo propuesto también a la extinta Convención Constitucional- la creación de un consejo técnico superior para la institución. “Proponemos considerar la idea de crear una suerte de consejo técnico de la Contraloría General de la República, este sería un órgano que colabore en las funciones esenciales de la institución a modo de incluir un elemento de deliberación en aquellas decisiones que así lo requieran, este nuevo órgano puede contribuir en los grandes lineamientos para la acción estratégica de la Contraloría”, apuntó la autoridad.

Entre los mecanismos para proteger la autonomía del ente fiscalizador, el abogado apuntó que la herramienta de acusación constitucional en contra del quien esté al mando de Contraloría es un precepto que debería mantenerse en el nuevo texto constitucional. “Las instituciones de control deben estar blindadas de sesgo político, pues deben ofrecer información de manera imparcial sobre el funcionamiento del gobierno y la administración”, remarcó.

Por último, abordó la posibilidad de separar las actuales funciones de la entidad. “La Constitución actual le entrega a la Contraloría la función de examinar las cuentas y luego también de juzgarlas. Como se ha señalado por destacados académicos, es conveniente separar tales tareas, concentrando a la Contraloría en las funciones propiamente administrativas. (…) La regulación constitucional de la Contraloría debe permitir una permanente revisión y adaptación a las circunstancias en un contexto cambiante”, finalizó su ponencia. (La Tercera)