A solo cuatro días de haber asumido, el ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo en su primera entrevista dominical que una de las principales labores de su agenda sería la desnotarización. Si bien pocos se dieron cuenta de sus declaraciones, pues en ese entonces todo era opacado por los polémicos indultos presidenciales, la industria de la “fe pública” sí lo hizo y retomó su trabajo de lobby y captura regulatoria. Esto dejó en claro una preocupante desconexión con la ciudadanía, reflejada en la insólita respuesta de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile al Gobierno tras la presión para acelerar la reforma: “A la gente le gusta ir a la notaría”. ¡Seguro! No hay nada como perder una mañana en un sinfín de trámites de mesón sencillos, que fácilmente podrían automatizarse desde la comodidad del celular sin requerir ningún tipo de asesoría jurídica.
A propósito de este último punto, llama profundamente la atención que en pleno siglo XXI los notarios sigan trabajando bajo reglas similares a las que utilizaban los antiguos escribanos. ¿Cómo es posible que la regulación no sea actualizada? La ley aún pondera el papel, lápiz y la vista del notario por sobre las facilidades que entrega la tecnología. Existen muchas labores que podrían ser automatizadas, tales como la verificación de identidades con el registro civil o la aplicación de sistemas biométricos que tienen tasas de éxito del 99%. ¿Por qué no querrán actualizarse? ¿No fue lo suficientemente lapidario el informe de la Fiscalía Nacional Económica que sostiene que estamos frente a un sistema “poco eficiente, de alto costo y poco innovador”? Quizás la respuesta está en el ahorro del 96% de los costos, por lo que a las personas los trámites notariales podrían llegar a costarles tan solo un 5% del precio que actualmente pagan.
Desde mediados de la década de 1990 se ha intentado reformar el sistema. De entre ellas, destaca la iniciativa presentada por la anterior administración en 2018 y que actualmente duerme en el Congreso. Es una gran oportunidad que el ministro de Justicia quiera impulsar el cambio en esta materia. Ella estará marcada por una compleja lucha de intereses establecidos hace largo tiempo, por lo que debe ser apoyado en esta difícil cruzada. Partamos con inyectar meritocracia a los nombramientos con parámetros objetivos y transparentes de selección, exámenes de admisión estrictos y requerimientos de experiencia relevantes, para que cualquier persona que cumpla los requisitos pueda ejercer el cargo. O podríamos también pasar de un número fijo de notarios a una regla que permita la libre entrada de competencia al mercado y eleve los estándares de servicio (en precio y forma). Alternativas hay varias, más la cuestión está en que el mercado de los notarios necesita una reforma estructural y profunda. Ya veremos qué sucederá con los millonarios ingresos mensuales de los notarios ($14 millones) y con el nepotismo de cuatro de cada diez notarios que tienen o tuvieron algún pariente parlamentario, juez u otros miembros del Poder Judicial (América Transparente 2020). (La Tercera)
Sebastián Izquierdo
