El flagelo del narcotráfico se enquista también en los puertos, en particular en el Puerto de San Antonio, señalado como una de las vías más importantes para la exportación de cocaína desde Chile al resto del mundo. Así lo destaca el Reporte Global sobre Cocaína 2023, de Naciones Unidas. Una vergüenza, un peligro para la sociedad y la economía, de lo que parecería no hay la debida conciencia.
La asociación con el narcotráfico de los puertos nacionales afecta al prestigio de Chile, pone en riesgo la integridad de su comercio exterior y, algo más concreto, nuestras exportaciones quedan expuestas a controles adicionales en el extranjero, con demoras y encarecimientos especialmente perjudiciales para productos frescos de la agricultura y del mar. El 91% de las exportaciones se despacha por vía marítima y nuestra economía depende en gran parte del comercio exterior.
El mal uso de los puertos es otra evidencia del incremento de la instalación de bandas criminales internacionales, del crimen organizado en el territorio chileno, y del descontrol fronterizo que facilita el ingreso de la droga y pone en peligro la seguridad de la población.
Esta nueva dimensión del narcotráfico permite instalar la corrupción en los servicios e infraestructura portuarios, por la necesaria participación del personal de las empresas operadoras y funcionarios públicos en estos delitos. Para ocultar drogas en cargas de exportación se requiere contar con información reservada de empresas, transportistas, administración de los puertos y complicidad de encargados del control y operación de los embarques.
La persistente alerta del organismo especializado de Naciones Unidas, que desde hace un tiempo había anticipado esta situación, nos indica que los peligros que se están consolidando aumentan, sin que se conozca la adopción de medidas suficientes para erradicar a los narcotraficantes. Se sabe del buen trabajo de los fiscales, pero eso no basta.
Con prontitud se necesita formación de nuevos equipos para labores de inteligencia, investigación y control de los embarques; se requiere de inversiones adicionales en tecnología, y de una organización eficaz que coordine la acción de distintas reparticiones públicas y del sector privado. Sin perjuicio de las medidas preventivas, cabe la publicidad de los logros y sanciones para disuadir a los delincuentes. Poco se conoce al respecto.
La demora en enfrentar estas realidades solo beneficia a los narcotraficantes y parecería que no se presta la debida importancia a los riesgos y daños que se están produciendo. (El Mercurio)
Hernán Felipe Errázuriz
