¿Qué tiene de raro que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, considerara una “buena decisión” que una quincena de colegios y universidades suspendieran sus clases porque el pasado martes se celebraría un funeral narco en Valparaíso?
Por qué no, si hemos normalizado que los narcos avisen que llegó droga a su población disparando fuegos artificiales y hace rato que “por protección de los ciudadanos” los carabineros “escoltan” los narco-funerales. A ellos los acongojados deudos asisten eufóricos, consumiendo drogas y disparando al aire, mientras nosotros huimos despavoridos al interior de las casas.
La ministra del Interior retrucó al encargado de la educación en Chile y aseguró: “No podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar. En Chile no vamos a aceptar que eso suceda”.
Por qué no si, de hecho, lo aceptamos, porque es exactamente lo que ocurrió. Y así también hemos normalizado los Planes Cosecha que significa que en la Macrozona Sur se extraen los cereales bajo la custodia de los carabineros y militares. Primero fue un año, luego el siguiente y este verano se repitió. ¡Si algunos lo consideran hasta un éxito! Hay que seguir repitiendo la fórmula excepcional y convertirla en norma, entonces.
Por qué no si seguramente todos los que votaron por Gabriel Boric le creyeron cuando aseguró que su Gobierno no usaría el estado de excepción en el sur para mantener el orden porque “esta no ha sido la solución y un estado de excepción no se puede ir normalizando”. ¡Vaya!, pero lo dictó dos veces por decreto y el miércoles el Congreso aprobó la vigésima prórroga. ¿No normaliza la excepción?
La ministra Carolina Tohá habló de un plan para desescalar esta medida extraordinaria, pero reconoció que no ha llegado el momento. Cómo no, si no pasa semana ni mes donde no incendien, disparen y amedrente a los chilenos que viven en nuestro sur.
Nos hemos acostumbrado a los asaltos, los portonazos, el imperio del narcotráfico en las poblaciones y ¿alguien pretende que nos sorprendamos porque se cierren los colegios por protección de los niños?
De dónde tanta sorpresa frente a la violencia si el Presidente indulta a 13 personas, 10 de las cuales Gendarmería recomienda dejar en la cárcel porque o no tienen conciencia de los delitos o exhiben altas posibilidades de reincidir. En cuanto a carabineros inculpados por cumplir con su mandato de imponer el orden público, en cambio, ninguno recibió el beneficio.
Por qué tanto estupor si en Chile las autoridades pololean con la violencia, la pastorean y la usan. El Presidente ha concedido 367 pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado durante el estallido social. Nos impide conocer los nombres y el historial de los beneficiados, a pesar de que nosotros les pagaremos hasta el resto de sus días entre 258 y 517 mil pesos mensuales.
¿Pensiones para las verdaderas víctimas de los incendios, saqueos y destrucción? Ninguna, porque solo los que desafían al Estado y usan la violencia tienen DD.HH. que el mismo Estado debe garantizarles y asegurar.
¿Qué tanto escándalo si la Corte de Apelaciones ordenó indemnizar a Héctor Llaitul por torturas en la dictadura, a pesar de que en mayo declaró la resistencia armada al Estado de Chile y se adjudicó decenas de atentados? ¿Y que el Tribunal Constitucional se consideró incompetente para declarar contrarias al ordenamiento constitucional a la CAM, la Weichan Auka Mapu (WAM), la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y la Resistencia Mapuche Lafquenche (RML), cuyos revolucionarios se pasean como bandoleros disparando a matar, traficando droga, incendiando iglesias y colegios, además de campos, casas y cosechas?
Si esas organizaciones no son contrarias al estado de Derecho, ¿para qué escandalizarse tanto? ¿Se nos olvidó acaso que desde hace años hay jóvenes que en vez de llevar herramientas para estudiar al colegio, perdón, a los otrora liceos de excelencia, portan overoles blancos, bencina y otros elementos con los que se dedican a fabricar molotovs? Luego, como en un juego, se las tiran a la policía, obligada a intervenir porque los seudo estudiantes, llenos de derechos a la impunidad, hacen barricadas y queman buses del transporte público.
Para qué hacemos aspavientos, cuando hasta la cabeza del Ministerio Público dio su primera señal pro delincuencia. El Fiscal Nacional en la mañana alabó al alcalde Carter de La Florida por estar demoliendo las ampliaciones ilegales de casas narcos y en la tarde estaba ordenando un sumario para investigar cómo la Fiscalía pasó la información que identificaba las viviendas de los criminales.
La verdad es que cuando normalizamos la violencia, el crimen y las medidas de excepción y no tenemos ni la intención de abordar los problemas de fondo, que son la causa de esta crisis de seguridad, no hagamos el show para la galería de escandalizarnos por tener que cerrar colegios para protegerlos de los funerales narco. (El Líbero)
Pilar Molina
