Muchos insisten en separar la delincuencia común y el crimen organizado de la violencia que suele ampararse bajo el derecho a la protesta social, pero ambas están completamente fundidas.
El Partido Comunista y el Frente Amplio votaron en contra la ley Naín-Retamal, justamente porque consideran que darle una presunción de legítima defensa a las policías para cumplir con su deber es equivalente al “gatillo fácil” o “criminal”. El diputado Diego Ibáñez, presidente del mismo partido que el Mandatario Gabriel Boric, posó en su twitter con una pancarta de protesta: “Populismo penal también es criminal”.
Pero, ¿dónde se separan las aguas en el uso legítimo e ilegítimo de la fuerza por parte de los ciudadanos? ¿Acaso el Presidente Boric no indultó a los jóvenes supuestamente idealistas de la revuelta que terminaron siendo en su gran mayoría delincuentes con extensos prontuarios? Esos muchachos “no son delincuentes”, aseveró el mandatario. Es cierto que marcharon y protestaron el 18 de octubre y los meses siguientes como él también lo hizo, pero también es cierto que aprovecharon ese derecho a la movilización para saquear, enfrentar a carabineros con molotovs, destruir infraestructura urbana y quemar todo lo posible.
De los que pidieron ser indultados en la categoría de jóvenes revolucionarios, la gran mayoría tiene prontuario. ¿O alguien piensa que no eran malhechores los que durante día tras día atacaban comisarías de carabineros en distintas poblaciones de Santiago o que no tenían nada que ver con drogas los que llegaban a las manifestaciones de Plaza Baquedano a tirar fuegos artificiales?
Si el Presidente indultó a “jóvenes octubristas” con prontuario de delincuentes comunes es porque estaba en deuda con ellos, por haber usado fuerza bruta para poner en jaque al gobierno anterior, desarmando el orden público. Y para eso, un objetivo crucial era inactivar las fuerzas a cargo de ese orden.
Como señaló Dahianna Pereira, la viuda del asesinado cabo Eugenio Naín, “al final, el estallido social fue la pelea de ellos (los octubristas) contra Carabineros”. Habría que agregar que fueron ellos los que sostuvieron la democracia.
Los efectos de la violencia son indivisibles. No olvidemos cuando nuestros próceres la agradecieron. “No estaríamos aquí sin la movilización de ustedes”, dijo desde los balcones de La Moneda Boric recién asumido. “Nos permitió llegar hasta acá”, señaló el convencional Fernando Atria, respecto al inicio del proceso constituyente. Agradecieron el resultado de esa ola de violencia y protesta social, pero ignoraron que junto con ello cortaron la contención al delito en todas sus caras y nos sumergieron en la actual crisis de seguridad.
¿No aumentaron los atentados y las tomas de predios en el sur en directa proporción a que se desplomaran las garantías legales para actuar de Carabineros? ¿No creció el desafío a la policía, con pateaduras y bombas molotovs, en la misma medida en que se imponía el discurso de una generación política y de periodistas progre de refundar o eliminar la institución que consideraron ilegítima? ¿No se expandió como metástasis cancerígena el crimen organizado y el narcotráfico de la mano de las fuerzas que convirtieron en un atentado a los DD.HH. cualquier intervención policial en materia de orden público?
A parte de la izquierda, sin embargo, sólo le preocupa fijar los límites a la acción policial en el cumplimiento de su deber. Y estamos lejos, en cambio, de llegar a un consenso sobre qué tanto es posible reprimir la migración ilegal, las tomas que sepultan el derecho de propiedad de otros o la protesta social. Incluso no hay acuerdo en calificar como delito muchas de estas acciones que son incompatibles con el estado de Derecho (¿se acuerdan de “el que baila pasa”?).
La nueva ley promulgada el jueves es más que nada un símbolo de respaldo a Carabineros y las FF.AA., porque tendrán la presunción de “legítima defensa”, pero solo cuando usen sus armas para defender su integridad física o la de terceros. Hoy también la tienen, pero los fiscales la ignoran y los obligan a demostrar su inocencia en vez de ellos probar su culpabilidad.
La pregunta es si frente al delito, los carabineros se sentirán con más garantías legales para responder a los llamados de la ciudadanía y actuar frente a asaltos, secuestros, tiroteos u homicidios, o frente a las barricadas de estudiantes o jóvenes que queman iglesias, buses y estaciones del Metro. Otra interrogante es si los fiscales y jueces ampararán esta protección o seguirán burlándola para imputarlos y acusarlos también de apremios y torturas cuando hagan uso de la fuerza en tareas de control de orden público y haya lesionados.
Mientras la izquierda y el Gobierno no dejen de distinguir entre distintos tipos de violencia y se pongan de acuerdo en hasta dónde es legítimo que los ciudadanos usen la violencia, seguiremos viendo asesinatos de carabineros y la cuenta de 3 en 23 días se hará corta. Porque la tolerancia a una violencia supuestamente con fines políticos es pasto seco para la otra violencia, la criminal, confluyendo ambas en lo mismo: terminar con la democracia. (El Líbero)
Pilar Molina
