El tráfago informativo de la semana que pasó (un nuevo delito espectacular, un nuevo cambio en el gabinete, un nuevo exabrupto del Presidente, una nueva proposición de plan para el litio), provocó que un hecho político de la máxima importancia quedara relegado a las páginas financieras de los diarios y pasara por el fondo del escenario semanal casi en punta de pies. Fue el otorgamiento de la Resolución de Impacto Ambiental, por el Comité de Ministros correspondiente, para el proyecto minero “Los Bronces Integrado”.
La importancia de esta decisión sólo se termina de comprender si se recuerda el triste episodio del complot de ciertas autoridades de la Región Metropolitana por impedir la aprobación del proyecto inmobiliario “Plaza Egaña Sustentable”, en la comuna de Ñuñoa.
Aquel incidente ocurrió a lo largo del año pasado, pero terminó de desvelarse hacia el final del año. Los complotados eran integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana y, fieles a ciertos principios medio ambientalistas (al parecer los edificios proyectaban, en su juicio, demasiada sombra), hicieron lo posible por encontrar algún argumento que les permitiera oponerse al proyecto que ya contaba con el permiso municipal y con la resolución de calificación ambiental. Y cuando no encontraron ninguno, hicieron lo que cualquier fanático haría: al grito de ¡Banzai! se lanzaron en su kamikaze personal y, basados exclusivamente en su fe y convicciones y pasando por encima de instituciones y normas, rechazaron el proyecto en la reunión correspondiente de la Comisión de Evaluación Ambiental.
El rechazo fue tan irracional que el Servicio de Evaluación Ambiental lo revirtió sin problemas, aunque sus autores llevaron el caso hasta las más altas instancias de apelación. Pero no sólo el ridículo rechazo fue conocido, sino también el infantil complot. Con ello pareció quedar demostrado que, entre quienes apoyan al gobierno del Presidente Boric y a quienes él ha aupado a puestos de responsabilidad política, puede estar presente ese fanatismo ramplón dispuesto a todo por defender causas que sólo a ellos parecen importarles.
Eso es lo que comienza -no termina- a ser rebatido por la decisión del lunes pasado.
En términos generales el sistema de protección ambiental de Chile ha experimentado un constante perfeccionamiento desde su creación con el retorno de la democracia. Así suele ser reconocido por organismos internacionales, no obstante que estos nos hagan ver también los déficits que aún tenemos.
En la actualidad es un sistema robusto, suficiente para garantizar una adecuada protección al medio ambiente en nuestro país. Un buen ejemplo de ello fue el caso del proyecto “Pascua Lama”, que comprometía actividades en Chile y Argentina y que en nuestro país fue rechazado por sus efectos ambientales negativos, pero que en Argentina no conoció impedimento alguno. Los problemas más serios, como las “zonas de sacrificio”, se remontan a situaciones que existían antes del desarrollo del sistema de protección y las situaciones en torno a ciertos proyectos emblemáticos, como “Dominga”, se han debido a su vez, principalmente, a malas o deficientes decisiones políticas, no técnicas.
Anglo American, la empresa que en el proyecto “Los Bronces Integrado” está asociada con Codelco en calidad de socio menor, debió someter ese proyecto a la norma que la obligó a realizar un estudio de impacto ambiental que tardó más de seis años en elaborarse. Este incluyó estudios científicos en el territorio, análisis de experiencias internacionales y diálogos con comunidades de la zona y diversos grupos de interés.
El resultado fue sometido, en mayo del año pasado, a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la que volvió a rechazarlo señalando que la empresa no había logrado descartar la generación de un impacto “potencialmente negativo” en la calidad del aire sobre los “receptores humanos”.
La empresa demoró casi otro año más en elaborar un programa de mitigación de ese “potencial” daño, por la vía de obras que elevaron en 200 millones de dólares adicionales un proyecto que ya estaba valorado 3.300 millones. Esas obras contemplan desde la pavimentación de caminos para mitigar el levantamiento de polvo, el uso de vehículos eléctricos, un plan de alerta temprana y el monitoreo de vibraciones que puedan afectar a glaciares y un novedoso plan de recambio de calefactores a leña en toda la Región Metropolitana.
Finalmente, al Comité de Ministros le correspondió, el lunes pasado, fallar sobre las reclamaciones que comunidades y la empresa habían presentado con relación a la decisión del SEA, amparadas en las propuestas de mitigación. Al aprobar el proyecto, y en particular las medidas propuestas por la empresa, éstas se convirtieron en obligaciones que quedaron consignadas en la Resolución de Impacto Ambiental.
¿He exagerado al calificar como “hecho político de la máxima importancia” esa decisión?
Creo que no, sobre todo si se toman en consideración por lo menos tres aspectos. Primero, el sistema de evaluación chileno sí es, inobjetablemente, riguroso: la empresa demoró casi una década en lograr satisfacer, a un alto costo, todas las exigencias que éste le planteó. Segundo, el largo proceso demostró que en un ambienta despojado de prejuicios, es posible negociar hasta llegar a acuerdos que favorezcan a todos: a las comunidades que van a beneficiarse de la generación de empleos y efectos económicos colaterales; a las empresas que van a poder sacar adelante emprendimientos valiosos no sólo para ellas, sino que para el país; al medio ambiente que se ve protegido y a las autoridades que pueden sentirse satisfechas de haber cumplido a consciencia su tarea.
Y tercero, y ciertamente no lo menos importante: mientras el Comité de Ministros se reunía, en las afueras del ministerio del Medio Ambiente diversos grupos ambientalistas se congregaron para protestar. Eran grupos que, por su naturaleza, deben haber aplaudido el valor suicida de quienes intentaron rechazar a ciegas el proyecto “Plaza Egaña Sustentable” hace meses atrás. Esta vez, sin embargo, las autoridades que decidieron, los ministros de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, no se dejaron influir.
Sí, creo que puedo insistir en que se trata de un hecho político de la máxima importancia. Un hecho que habla de los esfuerzos de un Gobierno que, no obstante, sus debilidades e incongruencias, comienza a tratar de estar a la altura de sus responsabilidades. (El Líbero)
Álvaro Briones
