¿Significa entonces que, dada la gravedad de estos hechos, debe restringirse la participación de la sociedad civil o de los municipios en los asuntos públicos? Por ningún motivo. Lo que corresponde es hacerse cargo de las debilidades regulatorias que quedaron expuestas con estos casos, de forma de asegurar el buen uso de los recursos del Estado en esas instancias. Y la oportunidad está a la mano. Desde hace ya un buen rato se encuentra en el Senado el proyecto de ley de Transparencia 2.0, el que incorpora una serie de nuevas normas para evitar o minimizar la ocurrencia de este tipo de ilícitos.
En primer lugar, se establece que las organizaciones privadas sin fines de lucro que reciben fondos del Estado, bajo ciertos supuestos, deben acogerse a obligaciones de transparencia activa. Adicionalmente, se incorpora a las asociaciones, fundaciones y corporaciones municipales dentro del catálogo de los órganos regidos por la Ley de Transparencia. Lo mismo se hace con los poderes y autonomías estatales, como el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, entre otros. Por último, se introducen una serie de mejoras respecto de la normativa vigente, elevando las exigencias de probidad, información y transparencia en la administración del Estado.
Han pasado casi cinco años desde que se inició la tramitación de esta iniciativa. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 2020 y por alguna inexplicable razón hoy duerme en el Senado. Solo queda un último empujón para que se convierta en ley, no hay excusas para seguirla dilatando. El deterioro de la confianza en las instituciones públicas es un camino riesgoso que puede volverse irreversible. El Ejecutivo y el Congreso tienen la palabra. (El Mercurio Cartas)
Gonzalo Blumel
Horizontal
Felipe Kast
Senador
