Las 11 acusaciones constitucionales que Boric aprobó siendo diputado

“Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha (…). Lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo. Acá las acusaciones que se hacen se tienen que hacer de manera seria y en particular (…)”.

De esa forma, ayer el Presidente Gabriel Boric hizo frente a la acusación constitucional que el Partido Republicano anunció en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La quinta durante lo que va de su administración.

En línea con el discurso del Mandatario, desde el Frente Amplio y otros partidos de gobierno se ha argumentado que no hay fundamentos jurídicos para presentar el libelo y que se está abusando de las acusaciones constitucionales como herramienta de fiscalización.

Sin embargo, el propio Mandatario acarrea un historial de acusaciones que, en sus tiempos de diputado, respaldó.

Durante su primer período como parlamentario le tocó votar tres acusaciones constitucionales. La primera de ellas fue en 2014, contra el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, el que fue acusado por diputados de la ex Concertación. Dicho libelo se justificaba por presuntamente haber ocultado un informe sobre violación de derechos de niños del antiguo Sename.

En ese caso, Boric estuvo en contra de la cuestión previa -el primer paso de una acusación, que define si se votará o no- y a favor de la acusación como tal, aunque finalmente fue desestimada en la Cámara.

Luego, en 2015, la derecha presentó una nueva acusación en contra de quien en ese entonces era ministra de Salud de Michelle Bachelet, Carmen Castillo. La cuestión previa del libelo fue aprobada con el voto favorable de Boric, por lo que finalmente se dio por rechazado.

En 2016, también durante el segundo gobierno de Bachelet, la derecha (Chile Vamos e independientes) presentó un libelo en contra de la ministra de Justicia Javiera Blanco. El 6 de septiembre de 2016, cuando se votó respecto a “los hechos ocurridos en el Sename”, Boric votó en sintonía con la derecha y se manifestó en contra de la cuestión previa de la acusación.

Al día siguiente, cuando se votó respecto a “los hechos ocurridos en Gendarmería” el entonces diputado se alineó con la Nueva Mayoría y votó a favor de la cuestión previa.

Finalmente, en ambas ocasiones se aprobó la cuestión previa, por lo que ambos libelos se entendieron por rechazados.

Una vez concluido el gobierno de Bachelet, y bajo el mandato de Sebastián Piñera, las acusaciones constitucionales se hicieron más frecuentes. Varias de ellas, de hecho, fueron impulsadas por el Frente Amplio.

En 2018, se acusó al entonces ministro de Salud Emilio Santelices por la aplicación de la ley del aborto en tres causales. Ese mismo año, además, se acusó a los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmstech, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama por dejar en libertad a presos de Punta Peuco. Un año después, se presentó una en contra de Marcela Cubillos, quien en ese entonces se desempeñaba como ministra de Educación.

Todos estos libelos fueron presentados por el Frente Amplio, coalición de Boric. En todos estos casos, el entonces diputado votó a favor, aunque ninguna de ellas prosperó.

En el caso de los ministros de la Corte, si bien se rechazó la cuestión previa, también fue rechazada su admisibilidad. Lo mismo ocurrió con Cubillos.

En el caso de Santelices, se aprobó la cuestión previa -con el voto en contra de Boric-.

En relación a esa acusación, en conversación con CNN, el entonces diputado argumentó que “soy de quienes creen que hoy día se justifica una acusación constitucional, principalmente porque hay un problema de fondo: en salud se necesitan reformas muy grandes que van a requerir de un gran liderazgo para poder enfrentarlas. No podemos participar de una mesa de esas características con un ministro que está cuestionado como lo está el ministro Santelices hoy día”.

Tras octubre de 2019, en el marco del estallido social, las acusaciones se hicieron aún más frecuentes.

El primer acusado en ese contexto fue el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI), en noviembre de ese año. Su libelo, impulsado por el Frente Amplio, llegó al Senado, donde se selló su salida del Ejecutivo, además de la prohibición de optar a cargos públicos por cinco años. Boric estuvo a favor de la acusación en la Cámara.

Durante su intervención previa a la votación, el actual Mandatario enfatizó que Chadwick es era el responsable político e indicó que “el pueblo de Chile no aceptará una respuesta que equivalga en la práctica a impunidad”.

Solo una semana después, en diciembre de 2019, se votó una acusación -también empujada por el Frente Amplio- en contra de Piñera. En esa ocasión, Boric votó en contra de la cuestión previa. Sin embargo, esta terminó por aprobarse y la acusación se dio por rechazada.

A Piñera le seguiría el intendente de la Región Metropolitana durante los meses del estallido, Felipe Guevara (2020), también acusado por el Frente Amplio por las medidas de contención y copamiento de Carabineros en la región en ese período. El actual Presidente votó a favor del libelo y logró aprobarse en la Cámara, pero finalmente se rechazó en el Senado.

En septiembre de 2020, el Congreso debió pronunciarse ante la acusación que presentaron diputados de derecha y centroizquierda en contra de la jueza Silvana Donoso, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de estallar el caso de Ámbar Cornejo. A ella se le asignó responsabilidad por otorgarle la libertad condicional a Hugo Bustamante, quien asesinó a la adolescente.

En esa ocasión, Boric votó en contra del libelo. La acusación avanzó hacia el Senado, pero fue desestimada.

Ya hacia el final del gobierno de Piñera, se sumaron cuatro acusaciones a la lista: tres hacia ministros, y una más hacia el propio Presidente.

En 2020, diputados de oposición llevaron a la Cámara libelos en contra de Jaime Mañalich (Salud) y Víctor Pérez (Interior). El primero, por su gestión durante los primeros meses de la pandemia. En el caso de Pérez fue por la acción de Carabineros y el resguardo de derechos humanos de la institución en el contexto del estallido social.

Boric votó a favor en ambos casos. Sin embargo, la admisibilidad de la de Mañalich fue rechazada en la Cámara, mientras que la de Pérez, aunque avanzó a la Cámara Alta, fue desestimada luego de que el exministro renunciara a su cargo antes de que se votara en el Senado.

Raúl Figueroa (Educación) también fue acusado, en 2021. El juicio político, según justificaron quienes presentaron el libelo, trató sobre la apertura de colegios cuando el control de la pandemia no era garante de la seguridad de los estudiantes. Boric también votó a favor en esa oportunidad. La acusación no superó la valla de la Cámara de Diputados.

El último libelo se votó en noviembre 2021, y también tuvo como objetivo sancionar a Piñera. Este ocurrió luego de la difusión de los Pandora Papers, lo que comprometió al exmandatario con los proyectos de Minera Dominga. En esta ocasión, Boric no pudo votar debido a que estaba en cuarentena en el contexto de la pandemia. Sin embargo, antes de contagiarse, en conversación con Mega, planteó que “la acusación constitucional va. No tendría problemas en votar a favor de una acusación constitucional en contra del presidente de la República, porque creo que ha hecho cosas muy graves”.

Finalmente, la acusación fue rechazada en el Senado.