En los próximos días se cumplen 50 años de la creación del “Comité de cooperación para la paz en Chile”. Es preciso recordar y valorar la acción de la Iglesia Católica en la defensa de los DD.HH. de los perseguidos durante los años de la dictadura.
El decreto 158/73 del Arzobispado de Santiago, de creación de este Comité, firmado por el cardenal Raúl Silva Henríquez, refiere que se “crea una Comisión especial para atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en grave necesidad económica o personal. Dicha Comisión, procurará dar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual”. Se nombró a monseñor Fernando Ariztía como presidente y al padre Fernando Salas s.j. para dirigirla.
Se expresa en el decreto que será una acción ecuménica e interreligiosa al servicio de los damnificados. Así, llevó la firma del presidente del Consejo Mundial de Iglesias y de representantes de las iglesias ortodoxa, bautista, metodista, luterana y de la comunidad judía.
Los principales objetivos que se describen para la formación de este Comité fueron, “1. Buscar y proveer ayuda material para las personas y familias afectadas por la situación existente. 2. Proveer asistencia legal y judicial, para los derechos de las personas afectadas. 3. Recoger hechos irregulares que dañan gravemente la dignidad de las personas”. Se expresa que “estos hechos deseamos hacerlos conocer a las autoridades como una colaboración eficaz y necesaria para lograr la pacificación en nuestro país”.
El departamento jurídico, dirigido por José Zalaquett, realizó su trabajo en tres áreas: defensas ante los consejos de guerra; presentación de recursos de amparo y la presentación de solicitudes de ministro en visita.
Hay miembros de nuestra Iglesia que, en dolorosos momentos de la historia de nuestro país, fueron mensajeros de esperanza, justicia y verdad. El primero, el cardenal Silva Henríquez, impulsor del Comité hasta diciembre de 1975. Al día siguiente, inició sus labores la Vicaría de la Solidaridad, que jugó un rol destacado en la defensa judicial y en la protección de miles de perseguidos por el régimen militar. La obra de la Vicaría de la Solidaridad fue mundialmente reconocida por esta defensa, por los miles de personas que encontraron en ella amparo y consuelo.
En abril de 1974, en una homilía, el Cardenal nos decía: “Hemos dicho que la violencia no genera sino la violencia y que ese no es camino de hacer una sociedad más justa y mejor. Hemos dicho a nuestro pueblo, a nuestras autoridades, que no se puede faltar a los principios del respeto al hombre, que los derechos humanos son sagrados, que nadie puede violarlos”.
Junto a él, monseñor Sergio Valech, quien fue vicario de la Solidaridad en el período 1987-1992 y presidió la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en 2003 —conocida como Comisión Valech—, organismo que se encargó de recoger y registrar la nómina de las personas torturadas y privadas de libertad por motivos políticos, lo que ha sido clave en conocer la verdad e implementar vías de reparación.
En julio de este año la Conferencia Episcopal de Chile presentó el documento “Felices los que trabajan por la paz, a 50 años del Golpe de Estado”, en el cual se reiteran conceptos que están en el centro de la misión y mensaje de la Iglesia. Se explicita que es necesario mirar juntos el pasado para un futuro compartido; que la dignidad de la persona y el respeto a su vida es el principio de todo orden social —lo que exige el respeto irrestricto a los DD.HH.—; destaca la solidaridad con las familias de los DD.DD., haciendo un nuevo llamado a la entrega de información; resalta el cuidado de la democracia como sistema político a través del diálogo y los acuerdos para poder avanzar en vías de reconciliación; para que “por encima de todo, prevalezca el amor, que es el vínculo de la unidad” (Col 3,14).
Esta declaración es una invitación a todos los creyentes y a los hombres y mujeres de buena voluntad, a orar por nuestro país, pidiendo al Señor de la vida el don de la reconciliación, mientras asumimos con más generosidad un trabajo activo por la paz. Este llamado es coherente con la línea de tiempo que iniciaron un número muy importante de sacerdotes y religiosas, representantes de diferentes iglesias y credos, chilenos y extranjeros, que hicieron de nuestro país su misión de vida, y que estuvieron junto a los perseguidos y víctimas en el pasado. Este es un testimonio inolvidable de nuestra Iglesia que merece ser conocido y valorado por las nuevas y futuras generaciones. (La Tercera)
Ignacio Sánchez D.
Rector, Pontificia Universidad Católica de Chile
