El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que la responsabilidad que le cabe al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, respecto a la comisión investigadora del Caso Convenios, ha quedado «trabada bajo una disputa jurídica».
Ello luego de las declaraciones que vertió en dicha instancia legislativa el contralor Jorge Bermúdez, y la decisión de la entidad de oficiar al militante de RD para que explique las razones por las que no ha concurrido a la comisión.
«El Contralor ha anunciado que se le va a requerir informe al señor Miguel Crispi, él deberá responder, pero adicionalmente es necesario tener presente que, de lo que se dictamine en este caso, no solo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino para cualquier Presidencia que se suscite en el futuro«, partió señalando Cordero.
Y precisó que «el ejercicio intelectual que cualquiera que nos está viendo debería realizar, incluida la oposición, es que más allá de la situación de Miguel Crispi, si se fijara un estatuto equivalente en el caso de la Presidencia con el resto de las instituciones públicas, entonces todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del segundo piso de administraciones pasadas y futuras debieran comparecer en las comisiones investigadoras con los efectos que eso provoca».
En esa línea, acotó «no es que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas, es cuál es el sistema de rendición de cuentas correcto y adecuado para circunstancias como esta, y vuelvo a insistir, esto dejó de ser un asunto que comprometa al señor Crispi, esto es una asunto que compromete a la Presidencia de la República y respecto de esta Presidencia en particular, no hay nada que ocultar, porque todos los asuntos están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades respectivas».
Dicho eso, el ministro exhortó a «todos quienes han intervenido, a mirar las consecuencias que tiene para el sistema institucional lo que se está tergiversando en torno al régimen jurídico a la que está sometida la Presidencia de la República«.
Particularizando en Crispi, el secretario de Estado apuntó que «ya entregó antecedentes por oficio y respondió por oficio en relación a situaciones que él desempeñó como exsubsecretario de Desarrollo Regional».
«La intervención del Contralor hoy día -añadió- lo que ha provocado y lo que provoca la consulta de la comisión investigadora, es que si el Contralor dictamina de que las personas que prestan servicios en la Presidencia están sujetas a las mismas obligaciones de rendición que todo el resto de los funcionarios y las autoridades, significa por lo tanto que la Presidencia de la República pasa a tener el mismo estatuto, cosa que hasta ahora ha sido tratado de forma distinto».
Bajo esas consideraciones, Cordero explicó que «dada la forma en que se ha trabado esta discusión, hoy día la decisión final quedó en manos de la dictaminación de la Contraloría y creo que en dos aspectos: en la obligación o no de comparecencia y en el caso de la obligación a comparecer, a qué está obligado a declarar, fundamentalmente por las características de la información protegida que tiene aquellos asuntos que se deliberan en la Presidencia de la República».
«El Ejecutivo entiende que esto ha quedado trabado como una disputa jurídica. El hecho de haber trabado esta disputa jurídica ante el Contralor y dadas las explicaciones del Contralor, es porque yo he explicado detenidamente las razones jurídicas que explican la posición del Ejecutivo y el Ejecutivo se va a someter a lo que en definitiva defina el Contralor», aclaró.(Emol)
