Pasada las 00.00 horas la Cámara de Diputados votó la partida del Ministerio de Medio Ambiente de la Ley de Presupuesto 2024. Con 55 inasistencias en el hemiciclo, la Corporación rechazó los gastos variables de la partida.
Ahora el Ejecutivo deberá jugar sus cartas en el Senado para poder reponer los recursos a la cartera. La partida fue rechazada con la negativa de la oposición y también de los diputados Jaime Araya (IND-PPD), Héctor Ulloa (IND-PPD) y Cristián Tapia (IND-PPD); y la abstención de la jefa de la bancada del PPD, Marta González y la legisladora Consuelo Veloso (IND-FA). Asimismo, se sumaron diputados de la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente y Demócratas.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente no esperaban este resultado, dado cómo se había desarrollado el trámite en la Comisión Mixta de Presupuesto, «sin embargo, estamos haciendo las gestiones para que esto se revierta en el Senado», aseguraron desde la cartera.
Lo anterior ocurre en medio del debate abierto este año respecto a las complejidades para iniciar proyectos en Chile, lo que se bautizado como «permisología» lo que ha sido incluso criticado por el ministro Mario Marcel.
Tras la votación, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), dijo que «nuestro país no está creciendo hace muchos años, y para volver a crecer, muchas empresas y grandes proyectos necesitan certezas. Y aquí lo que no puede haber es que producto de esta falta de inversión, se quiera extender un cheque en blanco en la evaluación ambiental y no haya un adecuado equilibrio entre lo que es el desarrollo, el crecimiento, el progreso, con el respeto al medio ambiente».
«Es indispensable que seamos capaces de fortalecer el Ministerio para tener gente con mucho mayor nivel de compromiso, pero además más recursos para cumplir en tiempo y forma lo que son obligaciones mínimas del Estado de Chile con los habitantes de nuestro país», agregó el legislador.
En esa línea, el diputado Eric Aedo (DC) señaló que «la Cámara de Diputados dio una señal muy clara al Gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente que no estamos contentos con lo que sucede con el Ministerio en la inversión nacional y su expresión también en cada una de las regiones. Me parece que uno no puede anteponer su propia ideología medioambiental por sobre el bien común del país. Ninguno de nosotros está diciendo que no se cumpla con la ley medioambiental, queremos que se cumpla con la ley, pero que no se vaya más allá de la ley y que seas capaz también de ponderar las cosas».
«Hoy día tienes una economía que está estancada, que no crece, con cesantías subiendo, y por tanto tienes que ayudar a que la economía se mueva, no generarle más trabas como sucede hoy», agregó.
Asimismo, preguntó «¿Dónde están las prioridades del Gobierno?», «respetemos la ley medioambiental, hagan los estudios que requieren el propio Ministerio de Obras Públicas, pero no te demores tres o cinco años para resolver un problema de vida que es urgente (…) me parece que ese nivel de desconexión con la realidad y con lo que son las prioridades de las personas es lo que hoy día impera en el Ministerio de Medio Ambiente», añadió.
Por su parte, el diputado Francisco Pulgar (IND) argumentó su voto en contra por «la falta de institucionalidad para la evaluación ambiental de los distintos proyectos«. A su juicio, «la consulta ciudadana es de cartón» y «no tenemos institucionalidad en este país para que se fiscalice«.
REACCIÓN DEL MINISTERIO
Luego del traspié en la Cámara Baja, durante la mañana de este viernes, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que próximamente ingresarán al Congreso Nacional la reforma a la ley 19.300, con el objetivo de hacer más eficiente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En particular proponen la disminución del componente político en la tramitación de proyectos de inversión al eliminar el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental.
Asimismo, amplían la participación ciudadana y suma un procedimiento voluntario de diálogo temprano de titulares con comunidades.
Sin embargo, parlamentarios acusan que estas modificaciones no habrían sido sociabilizadas antes con el Poder Legislativo, reforzando las críticas a que la cartera no tendría un diálogo fluido con la Cámara de Diputados.
¿QUÉ DICE LA REFORMA?
El proyecto dice que se fortalecerá el carácter técnico en la calificación de proyectos, para lo que se eliminará el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA).
Serán reemplazadas por el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Dirección Regional del organismo, respectivamente.
Con esto, las decisiones se basarán en antecedentes técnicos y evidencia científica.
También las modificaciones al SEIA apuntan a avanzar en mayor acceso a la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que representa el 95% de los proyectos evaluados en el Sistema.
Por ello, se eliminan los conceptos de “cargas ambientales” y de “comunidades próximas”, que han sido fuente de importante incertidumbre para los titulares y de exigencia excesiva para la ciudadanía, provocando la intervención de tribunales en reiteradas ocasiones.
Además, se creará un procedimiento voluntario de participación temprana. Así, los inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo a ingreso al sistema.
Existirán reglas claras para la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario y, cuando se judicializan, retrasan la tramitación de los proyectos. (Emol)
